Fredy Contreras Rodríguez: Por la vida II

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Desarrollar la Política “Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”, siguiendo un Plan Nacional contra el desastre climático, exige integralidad; reclama abarcar, en lo científico, todas las variables posibles y en lo espacial, la totalidad del ámbito geográfico, económico, social y político territorial. Por su carácter definitorio del futuro nuestro como especie -en el territorio que nos cobija-, no puede ser un plan más. Será un plan histórico, de todos y para todos, multifactorial, complejo, flexible, dinámico y de amplia participación ciudadana.

El Plan Nacional en referencia debe contener, entre muchas otras directrices, vectores, variables y criterios, los siguientes: 1) Una agenda legislativa ambiental; 2) un proyecto de revisión exhaustiva de los programas educativos oficiales -inicial, primaria, secundaria y profesional- para educar en el respeto a la madre tierra; 3) una campaña permanente de difusión en medios y RRSS; 4) Un programa progresivo de desarrollo de nuevos métodos de producción agroalimentaria; 5) Un programa de fiscalización y supervisión constante, de todos los sectores -primario, secundario y terciario- y subsectores de la economía; 6) una activa participación ciudadana  y -como éstas directrices, variables y criterios- todos aquellos que derivan de la Política Pública que lo orienta, dándole forma definitiva al -permanentemente revisable- Plan Nacional contra el Desastre Climático.

Apegado al mandato constitucional y al Estado de Derecho, el plan exige una agenda legislativa rigurosa, científica, precisa y útil; que atienda las recomendaciones de los expertos en políticas ambientales; que distribuya competencias y deberes a todas las instituciones del Poder Público territorial; que aplique el Principio de Corresponsabilidad y la creación de un modelo socioeconómico -condicionado por el clima- fundado en la “… protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad….” (art,2 99 CRBV); que establezca las bases legales del antes referido modelo económico, fundado en los Principios de la Sustentabilidad como directrices maestras, del cual debe surgir progresivamente una nueva forma de producción respetuosa de la tierra, basada en la agricultura orgánica  urbana y rural, la permacultura, la agroecología, la recuperación de métodos ancestrales de producción agropecuaria sin agroquímicos tóxicos; que imponga -sin atenuantes- la protección de las semillas naturales, autóctonas, ancestrales y negando  la importación y uso  de engendros genéticamente modificados; que elimine los impúdicos estudios de impacto ambiental con los que se amparan ecocidios y daños ambientales irreparables y se sustituyan por un nuevo baremo científico, riguroso, de control constante a todo tipo de intervención -agrícola, minera, industrial, agropecuaria, urbana-  de los espacios ambientales; que fomente la economía circular; en fin una agenda legislativa ambiental que atienda con rigor científico y responsabilidad social rigurosa,  la amenaza del desastre climático.

Nuevos paradigmas deben transversalizar los programas de educación del Estado en el propósito de educar para la vida en el respeto a la madre tierra, las campañas de difusión permanente en medios y RRSS, la fiscalización y supervisión constante de los sectores y subsectores de la actividad económica y la participación popular.  La creación de cultura y conciencia ambiental, una rigurosa presencia del Estado en el control de la polución generada por el aparato productivo y una participación organizada y constante de los ciudadanos, son determinantes para el éxito de lo que nos corresponde hacer como  Estado-Nación, teniendo como sujeto central a la célula básica de la sociedad: La familia.

Abogado. Agricultor urbano

 

Traducción »

Sobre María Corina Machado