Néstor Francia: 5 y 5; Representatividad

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Continúo la relación de los cinco desequilibrios que caracterizan a la civilización fracasada que marcha hacia el colapso del hábitat humano. Dediqué el artículo anterior, cuando introduje los conceptos de los cinco desequilibrios y las cinco preponderancias, a la apropiación, primera idea que asomé, sin ningún orden jerárquico, en la lista de los desequilibrios. Me extendí entonces un tanto porque abordé asuntos que atañen a cada uno de los cinco desequilibrios, así que espero no tener que volver necesariamente sobre todos ellos en el tratamiento de los cuatro desequilibrios restantes.

En cuanto la representatividad, el segundo de los cinco desequilibrios que comento, lo consideraré fundamentalmente como categoría política. La representatividad ha existido siempre en la historia humana y forma parte del funcionamiento organizacional natural de la especie, un ejemplo de ello son figuras como el cacique o el jefe de clan.

En sociedades complejas como las actuales la representación política ha devenido en una de las formas más generalizadas de opresión. El poder político delegado deriva en la conformación de cúpulas y élites que conculcan todas las decisiones que afectan a grandes comunidades y a todos los individuos. Esto ocurre, en diferentes grados, sin importar el sistema socioeconómico ni la constitución cultural de la sociedad. Por supuesto, los vicios de la representatividad se vinculan a lo que he dicho sobre la apropiación y la búsqueda de placer, ya que el poder conlleva privilegios que permiten el acceso desproporcionado a la propiedad y al goce. De manera que todo lo que dije sobre la apropiación, influye decisivamente en la degeneración de la representatividad en enajenación de las facultades colectivas.

Recordemos que la representación política es el acto mediante el cual una colectividad delega su poder de decisión, sobre diversos asuntos, en un mandatario, es decir un funcionario que recibe de tal colectividad un mandato. Mandatario, si nos atenemos al concepto jurídico, no debería ser, pues, quien manda, sino quien es mandado. Ese mandatario ejercería el mandato de personificar, actuar en lugar de, en nombre de, o cuidar y exponer intereses, necesidades y quejas de sus mandantes representados, lo cual incluiría el cumplimiento de las promesas de su programa sociopolítico y económico. En la llamada democracia representativa ese poder es concedido a un individuo o un grupo por un tiempo determinado.

En la medida en que se trata de un mandato, debería estar definido y establecido un sistema de control permanente de la gestión por parte del colectivo mandante. Esto no existe ni ha existido en ningún país del mundo, cuando mucho el mandante puede revocar el mandato al mandatario después de pasado algún tiempo del ejercicio. Pero eso no elimina el hecho de que el colectivo enajena sus decisiones a un individuo o un grupo que supuestamente lo representa; lo máximo que puede hacer es despedirlo después de una gestión que lo ha excluido del poder de decisión y de control. Esto ocurre en todos los países, regiones, poblaciones, sin importar la ideología u orientación política que domine. El ejercicio del poder se convierte así en una de las peores lacras de la civilización fracasada, en la que todos los factores políticos hablan de democracia, pero en realidad ninguno la practica a plenitud. No es nada nuevo, en las monarquías medievales el Rey ejercía el poder rodeado de su corte, sus prevalidos, sus allegados. Hoy por hoy, ese ejercicio funciona más o menos igual, acaso con cambios no esenciales: en las repúblicas modernas ya no hay cortesanos, sino compañeros de partido, familiares o allegados económicos y políticos.

En el caso de Venezuela, se ha pregonado la democracia participativa y protagónica. Sin embargo, son muy pocos los cambios reales de cara a las decisiones políticas más importantes. Fórmulas como los consejos comunales o las comunas sirven a los ciudadanos para tomar decisiones puntuales o focalizadas, pero con poca o ninguna incidencia en las decisiones más trascendentales que afectan al colectivo nacional. En la base de esta intención frustrada se halla la incidencia permanente de la figura de la representatividad, que es defendida tácitamente por factores que sacan provecho, de diversas maneras, de su ubicación en el aparato burocrático del Estado en los distintos niveles y estructuras nacionales, estadales o municipales. Desde el momento mismo de selección de los candidatos a los cargos ya funcionan las maquinarias políticas excluyentes, con tráfico de influencias, presiones, imposiciones diversas, lo que hace que a final de cuentas los ciudadanos voten pero no elijan, los reales electores son los partidos políticos y otras maquinarias electorales. Por supuesto, los cargos elegidos terminan representando a tales organizaciones y no a los ciudadanos.

El control político de sectores excluyentes genera control en todos los demás ámbitos de la sociedad: en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo comunicacional. Y al verse favorecido el concepto burocrático del Estado, se hace imposible cualquier cambio civilizatorio de fondo, por lo cual las sociedades acaban volviendo una y otra vez a los valores de la civilización fracasada que tiene como su máximo “logro” la destrucción del hábitat humano y la puesta en peligro de la supervivencia de la especie.

Por supuesto, los factores políticos dirigentes suelen promover formas participativas puntuales, pero estas son también controladas por partidos y maquinarias, por medio de sus cuadros “infiltrados” en los grupos organizados, Aquí debo referirme a un caso emblemático de cómo los aparatos burocráticos canibalizan y finalmente engullen las figuras de supuesta participación y protagonismo ciudadano: los soviets que se formaron durante la Revolución Bolchevique y la fundación de la Unión Soviética.

La palabra “sóviet” proviene del idioma ruso y significa consejo o comité. En efecto, un sóviet era supuestamente un consejo de obreros, campesinos y soldados para la práctica de la democracia directa o participativa, de allí la denominación de Unión Soviética, es decir el país que, según la utopía bolchevique encabezada por Lenin, sería gobernado por el conjunto de consejos populares o soviets.

La Constitución Soviética de 1918 estableció la organización de la administración pública del Estado como un sistema jerárquico que funcionaría de abajo hacia arriba, a través de los soviets. La estructura del Estado estaría conformada por sucesivos consejos, hasta llegar a la máxima autoridad, el Soviet Supremo.  Pero con la institucionalización de la URSS en 1922 y la paulatina burocratización del supuesto “Estado obrero”, los soviets comenzaron a perder una gran parte de su poder real y capacidad de decisión, y terminaron convirtiéndose en apéndices del partido, que además era el partido único.

Esta degeneración de la idea utópica de un Estado popular, condujo a la entronización en el poder de una burocracia autoritaria y corrupta que llevó al colapso de la Unión Soviética siete décadas después de su fundación y al restablecimiento pleno del capitalismo en Rusia (restablecimiento es un término excesivo, en realidad lo que hubo a partir de la Revolución de Octubre fue el paulatino desarrollo del capitalismo de Estado, que generó nuevos privilegios y desigualdades).

 

Ahora voy referirme a mi experiencia como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. En la campaña electoral mi oferta principal a los electores fue la reforma de la estructura ejecutiva de los municipios, en un sentido parecido al de la Constitución Soviética de 1918 (de esto me enteré después).

Argumenté entonces que la figura del alcalde proviene de la época del Antiguo Régimen de España, en el siglo XVI. En las principales ciudades españolas el alcalde era designado por el rey. Los poblados que ostentaban ese privilegio tenían título de villa, es decir de ciudad. Afirmé que ahora al alcalde no lo designa un rey, sino un partido político. Agregaba que los cabildos eran corporaciones municipales creadas por el Imperio español en la América colonizada y en las Filipinas, para la administración de las ciudades. Eran una adaptación a un nuevo medio de los ayuntamientos medievales de España. Apuntaba igualmente que las gestiones municipales dependen a menudo de que el alcalde sea bueno o malo, eficiente o ineficiente, honesto o corrupto, para que sean exitosas o fallidas. Es decir, cuando votamos por el alcalde lo hacemos como quien se juega un billete de lotería, ya que la gestión será ajena a los ciudadanos, quienes no pueden ejercer ningún control y mucho menos alguna función ejecutiva. Propuse que la Asamblea Nacional Constituyente transformara el Estado, aunque fuese solo al nivel local, dándole el poder municipal real a las comunidades.

Mi propuesta principal la denominé “Administración popular piramidal de los municipios”. En la base de la pirámide estarían todos los ciudadanos comunes en el nivel demográfico sectorial. Los sectores serían zonas delimitadas de las parroquias que garanticen la posibilidad de una elección uninominal de personas propuestas directamente por los ciudadanos, preferiblemente en asambleas abiertas, y no por los partidos políticos, y que compitieran con base no en campañas glamorosas y manipuladoras, sino en exposición de méritos comunitarios y conocimiento de virtudes de los candidatos por parte de la comunidad. Sobre esa base, la pirámide del Poder Popular municipal se construiría de la siguiente manera:

1. Eliminación de la figura de los alcaldes y de los Consejos Municipales, y su sustitución por Consejos Populares Municipales de elección por la base y por delegación

2. Los CPM se elegirían con base en la división de cada parroquia en sectores. Se votaría en cada sector por un número determinado de delegados sectoriales, después de la postulación razonada de personas que se hayan destacado por su labor comunitaria o por sus reconocidas virtudes ciudadanas

3. En esas elecciones no postularían los partidos políticos, sino directamente los ciudadanos, aunque los elegidos pudieran militar o no en un partido

4. Esos delegados sectoriales elegirían de su seno delegados a los Consejos Populares Parroquiales. Estos elegirían a su vez a los miembros del Consejo Popular Municipal, que sustituirá a la Alcaldía y al Consejo Municipal

5. Estas distintas delegaciones no cesarían sus funciones al hacerse la elección, sino que se mantendrían activas para servir de correaje entre las bases y los organismos superiores y para ejercer control social de la gestión en cada nivel. Las delegaciones, hasta los Consejos Populares Municipales, durarían tres años en sus funciones y cada año se ejercería una presidencia rotativa o pro tempore elegida por sus miembros

6. Se mantendría como hasta ahora la figura de las gobernaciones de estado, pero la coalición organizada de los Consejos Populares Municipales ejercería estricta supervisión y activo control social de todas sus ejecutorias

En las asambleas de base que convoqué durante la campaña esta propuesta recibió apoyo entusiasta. Al ser electo constituyente, la presenté de manera directa a los constituyentes por medio de redes digitales ad hoc, además de manera pública en portales como Aporrea.org y Emisora Costa del Sol, y también la difundí ampliamente por redes independientes. En la ANC, controlada ampliamente por sectores burocráticos del PSUV, ni las autoridades ni los constituyentes en general se dieron por enterados. Yo no digo que la propuesta debió ser aprobada, sino que al menos tenía mérito suficiente para ser al menos discutida. Pero eso no es lo peor, al fin y al cabo la ANC era de manera evidente un instrumento del partido de gobierno. Pasa que ni en el mundo de la izquierda, tan dada a hablar de democracia participativa y protagónica, ni en los sectores intelectuales marxistas e izquierdistas, que viven dictando cátedra sobre el socialismo y la Revolución, hubo ni una sola voz que al menos se dignara a mencionar mis ideas. Es muy cómodo criticar al Gobierno por todo lo malo que sigue ocurriendo. Por supuesto, el Gobierno tiene siempre la principal responsabilidad, mas eso no significa que el resto de los mortales no seamos también responsables por lo malo que nos pueda pasar. Por eso insisto que la destrucción del hábitat humano no se va a resolver solo con cambios socioeconómicos, sino sobre todo con un cambio radical de la civilización fracasada cuyos valores nefastos viven dentro de todos y cada uno de nosotros. Somos todos los hijos de Adán y Eva, los expulsados del Paraíso por el pecado original: el desconocimiento del poder de la naturaleza (de la que Dios es metáfora), y a la cual debemos sumisión, todo como consecuencia de la soberbia y la estulticia consustancial a los humanos.

El tema no es que mi intento fracasara, porque eso me pasaba a menudo cuando actuaba movido por distintas utopías, sino el hecho de que aquellos supuestamente llamados a cambiar el mundo se interesaran tan poco por una idea que era relativamente fiel al discurso primario de Hugo Chávez, al que habían apoyado en su momento. Los Consejos Populares Municipales no estuvieron ni remotamente cerca de nacer, siendo su fracaso aún más rotundo que el de los soviets de los bolcheviques. Por supuesto, volveré sobre el tema de la representatividad cuando me aproxime a la idea de las cinco preponderancias. Todavía falta por presentar tres desequilibrios de la civilización fracasada: desintegración, ensimismamiento y desconexión.

 

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