Marta de la Vega: Perspectivas políticas en Colombia. Elecciones legislativas

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El 13 de marzo de 2022 hubo elecciones en Colombia para elegir a los integrantes del nuevo Congreso bicameral, de 2022 a 2026. Fueron electos 108 senadores y 188 representantes de la Cámara. Cien de los senadores son de circunscripción nacional; dos, de circunscripción especial indígena; cinco, del partido Comunes, antiguos guerrilleros de las FARC. Según el Acuerdo final para la Paz firmado en La Habana en 2016, estos tienen aseguradas diez curules, cinco para el Senado y cinco para la Cámara de Representantes, durante el lapso que corresponde a dos ejercicios legislativos, pues se acogieron a la ruta pacífica, abandonaron la subversión armada y fundaron esa organización política para integrarse a la civilidad y a la lucha democrática. A partir de 2026 deberán conseguir su propio respaldo popular. El senador restante será el candidato a la Presidencia de la República que resulte electo en segundo lugar en los próximos comicios presidenciales, cuya primera vuelta será el 29 de mayo.

En cuanto a los integrantes de la Cámara de Representantes, que son de circunscripciones territoriales departamentales y representan la voluntad popular de los ciudadanos de las distintas regiones, estos quedan distribuidos así: una mayoría del Partido Liberal, con 32 escaños. Coalición Pacto Histórico y Partido Conservador, 25 cada uno. Centro Democrático y Cambio Radical, 16. Partido de la U, 15. Alianza Verde, 11 y Coalición Centro Esperanza, 2. Las curules restantes se reparten entre diferentes partidos y movimientos, en proporciones minúsculas y con una gran dispersión del voto.

El sistema electoral es complejo; la representación es mayoritaria y uninominal, con listas cerradas o abiertas. En el senado se gana por mayoría simple y de manera proporcional en la cámara de representantes. En el diseño de los tarjetones de votación no se puede identificar con nombres y apellidos a los candidatos, sino con números atribuidos previamente a ellos en cada uno de los partidos y de las alianzas políticas que están en la competencia electoral.

Es un logro para la transparencia, pues los electores deben seleccionar de antemano el número correspondiente a los candidatos según cada organización y así se minimiza el riesgo de inducir a los votantes a un voto no informado o a seleccionar su opción en una dirección impuesta por interesados en favorecer determinados resultados.

El proceso comicial nos permite algunas conclusiones, aún provisionales, que en todo caso anuncian transformaciones en el panorama político y la necesidad de alianzas a fin de garantizar la gobernabilidad. La primera es que la coalición liderada por Gustavo Petro, que lo escogió como candidato presidencial con un margen muy grande respecto de sus otros contendores, el 80% en relación con el segundo lugar, que ocupó Francia Márquez con el 15% de los votos en la consulta interpartidista, amplió su base de apoyo nacional, pues obtuvo la mayor cantidad de senadores, 19 en total.

La segunda conclusión es que un líder demócrata aún poco conocido, Federico Gutiérrez, lideró en la consulta de «equipo por Colombia» la opción más votada a la presidencia de la República con 54% frente a sus oponentes. Es uno de los candidatos con mejor desempeño y sin sospechas de corrupción o manejo irregular de fondos públicos cuando ejerció exitosamente la función de alcalde de Medellín.

Tercera conclusión: la proporción de senadores por partidos políticos, alianzas electorales y movimientos muestra una fragmentación del voto que no permite definir una clara mayoría de alguno de los actores. Esto significa construir coaliciones para poder gobernar. La coalición de Petro alcanza el 17.35% del total de sufragios, con 19 senadores. El segundo partido ganador es el Conservador, con 15 senadores, que representan el 14.38% de los votos expresados. El tercer lugar es para el partido Liberal, también con 15 senadores y el 13.39%. El partido Centro Democrático y la Coalición Alianza Verde cuentan ambos con 13 senadores, que equivalen al 12.08% y 12.28% respectivamente de la totalidad de votos escrutados. El partido Cambio Radical obtuvo 11 senadores y el 10.22% de votos. El partido de la U, 9.63% de los sufragios con 10 senadores. El resto de las curules se reparten entre diversas minorías.

 

La cuarta conclusión es el peligro de no consolidar un Estado Social de Derecho a causa de una democracia complaciente ante los abusos de poder; por el populismo y la demagogia como prácticas políticas para asegurar mecanismos de participación basados en una estructura clientelar y en el amiguismo. Hubo denuncias de fraude, sospecha de votos “inflados” y hoy, exigencia de reconteo; compra de votos y las denominadas «mermeladas» para sobornar o chantajear a los electores en función de intereses partidistas o parcialidades políticas.

Esto distorsiona el sentido de una verdadera democracia exigente y desbarata las bases de la participación ciudadana. Igualmente, han quedado electas en las listas personas comprobadamente corruptas y hasta narcotraficantes demostrados, lo cual evidencia que persisten vicios que carcomen la credibilidad del sistema democrático.

Una última conclusión es que, si no se rectifica el rumbo del país en función de los intereses nacionales y el bien común en lugar de favorecer conveniencias particulares o el beneficio propio de quienes deben cumplir la función de servidores públicos, mucha gente desencantada puede dejarse seducir por ofertas mentirosas y promesas de redención para alcanzar el paraíso terrenal. En realidad, pesadillas cotidianas, como ha ocurrido con líderes populistas y autocráticos, en Venezuela con Chávez o Maduro o como Putin en Rusia.

El avance de los partidos que se ubican contra el statu quo en relación con la hegemonía que habían mantenido los partidos tradicionales revela la fatiga de los electores y la pérdida de confianza en el sistema político frente a hechos que amenazan la estabilidad democrática y que ponen en riesgo la solidez de las instituciones, como la corrupción, el tráfico de influencias, una justicia inoperante o politizada y la falta de escucha de los dirigentes políticos ante las necesidades y demandas sociales legítimas, agravadas por las secuelas de la pandemia de covid 19.

La parálisis de la economía y la quiebra de pequeñas empresas generó un aumento significativo del desempleo, violencia, disturbios sociales y un retroceso en la lucha contra la pobreza, a pesar de las políticas sociales y medidas sectoriales impulsadas por el gobierno del presidente Duque para aliviar la carga de muchas familias, alentar el consumo y reactivar el aparato productivo.

Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB –  @martadelavegav

 

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