Ángel Oropeza: Ante el mismo pecado, el mismo ruego

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Lo militar tiene que ver fundamentalmente con la defensa de la soberanía y la integridad territorial de un país. Esta es una función no sólo importante para cualquier nación, sino merecedora de toda consideración y respeto. El militarismo, que suena parecido pero no lo es, constituye por el contrario una auténtica perversión social, generadora de repulsión y condena por sus efectos catastróficos sobre cualquier sociedad.

El militarismo es un fenómeno frecuente en países del tercer mundo, y es uno de los síntomas típicos del subdesarrollo político de una sociedad. Y esto es así porque en las sociedades modernas, a diferencia de los países más primitivos, nadie discute que las fuerzas militares tienen que estar lógicamente sometidas al poder civil.

El militarismo tiene dos facetas principales: por un lado, se entiende como la intrusión indebida y abusiva de las fuerzas armadas o de sus miembros en la conducción del Estado. Un país preso del militarismo es uno donde la población es convencida (u obligada a creer) que “lo militar” es la esencia misma del Estado, que la fuerza armada tiene el derecho a tutelar el mundo civil, y por ende entrega a los militares el poder de decidir sobre el destino de los demás. En una palabra, es una corrupción del modo militar de actuar en una sociedad.

La segunda faceta es igualmente perversa, porque supone la imposición a la sociedad de los códigos, lenguaje y formas de comportamiento castrenses, donde éstos resultan no sólo extraños sino inaplicables. En los cuarteles, la vida está signada por necesarias relaciones jerárquicas de obediencia y mando. Fuera de ellos, en el mundo civil, la convivencia social está caracterizada –y no puede ser de otra manera- por la discrepancia de opiniones y por la heterogeneidad de criterios entre personas iguales. Imponerle entonces los códigos y maneras de actuar y pensar castrenses a esta complejidad social es tan contranatura que sólo puede hacerse a través de la represión de unos y la sumisión de otros.

Monseñor Arnulfo Romero
En América Latina, el militarismo se ha expresado en gobiernos de distinto signo ideológico: Trujillo, Batista, Stroessner, Pérez Jiménez, Somoza, Perón, Duvalier, Velasco, Rojas, Torrijos, Castro, Pinochet, son todos ejemplos de esta perversión militarista. Los últimos ejemplos que registra la literatura han ocurrido en nuestro país, con Chávez y Maduro como lamentables referencias.

El militarismo -y no puede ser de otra manera- solo puede expresarse a través de modelos de dominación autoritarios. No existen militarismos democráticos. Y estos modelos indefectiblemente necesitan de la represión y la violación sistemática de los derechos humanos para poder sostenerse. Es por eso que los regímenes autoritarios de índole militarista son conocidos en la historia por su consustancial crueldad.

No es por tanto casualidad que el autoritarismo militarista venezolano tenga entre sus características más salientes y definitorias las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra la población.

 

En un país donde las informaciones y sucesos se atropellan de tal manera que la gente tiende a olvidar lo importante, es conveniente recordar el contenido del Informe de la Misión internacional Independiente de las Naciones Unidas a este respecto. En él se afirma que la ONU identifica en Venezuela “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado” y agrega que “parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”. Para la Misión Independiente de la ONU, el patrón de torturas y crímenes por motivos políticos, “lejos de ser actos aislados, se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”. En otras palabras, forman parte de una política sistemática del Estado venezolano.

Tampoco es casualidad lo registrado en el más reciente informe presentado esta misma semana por el Centro Gumilla y la organización de derechos humanos Provea, que identifica al menos 1.414 venezolanos asesinados por los cuerpos de seguridad del Estado durante 2021.

La próxima semana, específicamente el día 24 de marzo, se cumplen 42 años del asesinato de un valiente sacerdote, arzobispo de San Salvador, quien se enfrentó con fuerza a las dictaduras y a esta enfermedad del militarismo: Oscar Arnulfo Romero. A la edad de 62 años, y mientras oficiaba una misa en el Hospital de la Divina Providencia, fue ejecutado por un francotirador al servicio de los violentos de su país. El día anterior a su asesinato, durante la homilía dominical en la catedral de San Salvador, Romero había lanzado una hermosa y contundente proclama antimilitarista, que hoy resuena con vigencia en esta Venezuela devenida en una inmenso cuartel de dominación autoritaria:

«Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: ‘No matar’. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado…En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!»

El 3 de febrero de 2015, el papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que proclama a monseñor Romero “mártir de la Iglesia”. Y el 14 de octubre de 2018 fue canonizado en la Basilica de San Pedro en el Vaticano. Con él, el antimilitarismo latinoamericano llegaba a los altares.

El régimen de Maduro, uno de los prototipos de los modelos militaristas de explotación, o de lo que algunos denominan neogorilismo latinoamericano, emitió en la oportunidad de la canonización de monseñor Romero un cínico comunicado de forzado júbilo. Lo que no dijeron es que este santo latinoamericano llegó a los altares justamente por haber enfrentado hasta con su vida el autoritarismo represor que ayer sometía a su pueblo y hoy -en una remozada versión- oprime por igual a los venezolanos.

Ante el mismo pecado de un pueblo sometido por un gobierno que no escogió, y sólo sostenido por la represión y la fuerza bruta, se levanta de nuevo el mismo ruego del mártir Romero implorando el cese de la opresión autoritaria y exigiendo la libertad y la justicia que sólo pueden construirse en democracia.

 

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