En Apure dos juezas de las tribus judiciales arreglan los juicios, incluyendo los Tancol

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Sede del Circuito Judicial Penal de Guasdualito.

 

En la administración de Justicia en Guasdualito, municipio Páez del estado Apure, confluyen varios grupos que operan dentro del circuito judicial penal, donde tiene particular influencia la Juez de juicio del circuito judicial penal de Guasdualito, Xiomara Liseth Peña Rodríguez, quien está al frente del tribunal de juicio. Testimonios dan cuenta de su actuación cuando por el auge del tráfico de combustible, era detenida cualquier persona común que llevara un bidón de 10 litros o más de gasolina, presentada y llevada a juicio; “siempre aparecía alguna persona de su entorno exigiendo dinero para acomodar el caso, de manera que ella otorgaba la libertad prometida a los sub judices”, le dice a Frontera Viva un funcionario de la administración de justicia en Apure que pide reserva de su nombre.

Sebastiana Barráez – Especial para Frontera Viva

“Ella decidía sin problema alguno. El pago por esa libertad se la hacían en una cuenta en la entidad bancaria Banesco, que pertenecía a una empresa de venta de medicinas veterinarias de un amigo de la juez”.

Pero con el tiempo, a medida que Peña Rodríguez se sintió más segura, “se hizo más poderosa y su entorno fue creciendo aceleradamente, y se convirtió en una tribu judicial, que dispone cómo se arregla económicamente cada caso, que determina si ella podía o no decidir una causa en particular y cuánto sería el monto para otorgarle la libertad al procesado”.

Una de las personas que terminó pagando para beneficiarse de la decisión de la juez relata a Frontera Viva que “el grupo de la juez es grande. Un elemento importante de esa red lo constituye una trabajadora del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria), así como algunas personas de Guasdualito y una señora que vive en El Amparo, que es el enlace de Xiomara con los casos de los detenidos llamados TANCOL; esa mujer que reside en El Amparo es la única autorizada para recibir las divisas para la juez, coordina qué abogados asistirán, por ejemplo al caso de los TANCOL, y cualquier imprevisto que se presente”.

El ejemplo

Una empleada de tribunales relata cómo es que Xiomara Liseth Peña Rodríguez empezó a no aceptar que hubiera defensores privados en los casos relevantes. “La juez vio que otros jueces en Caracas hacían eso y dice que ante cualquier reclamo ella alegará que hay ejemplos donde los jueces se niegan a aceptar que los detenidos tengan abogados privados”.

“Si ella tiene interés especial en casos como eso de los Tancol, donde hay una serie de irregularidades, que ella está dispuesta a omitir, el detenido debe revocar al defensor privado; la primera revocada de los casos Tancol fue la doctora Yolimar Flores y todos en el tribunal se enteraron lo que sucedió, porque la juez mandaba a decir a los detenidos que revocaran a sus abogados y así ella podía beneficiarlos”.

“Una vez que eso ocurre, la juez Peña hace lo suyo para acomodar la decisión, y que se vea que el detenido no posee recursos económicos para pagar un abogado. Cuando los casos son importantes para ella y va a generar muy buenos dividendos, contacta a un abogado de nombre Carlos Delgado, quien reside en San Fernando de Apure, amigo sentimental de Peña y es quien concreta los negocios”.

El 23 de febrero está pautada una audiencia para varios de los imputados por supuesta implicación o relación con los Tancol (terroristas, asesinos, narcotraficantes colombianos), figura inventada por el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), General en Jefe (Ej) Domingo Hernández Lárez, para encubrir que son guerrillas colombianas, especialmente el Décimo Frente Martín Villa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El caso de esos Tancol, los decide la tribu judicial de Peña Rodríguez.

El caso Tancol ha significado una gran oportunidad para que esa tribu judicial de Apure resulte beneficiada ofreciendo dejar en libertad a detenidos que tienen tanto miedo de las violaciones al debido proceso que creen que les están ofreciendo una oportunidad para salir en libertad.

El 9 de febrero 2022 se estableció la continuación de juicio de los 24 detenidos, que se llevará a cabo mañana; ya fueron revocados abogados en varios de esos casos porque la juez, según los acuerdos de su tribu, establecerá libertad a unos y cárcel para otros.

Mientras eso ocurre en los tribunales de Apure, en las redes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tanto el jefe del Ceofanb como el Ministro de la Defensa, pregonan éxitos de las actividades contra los Tancol, que en realidad muchos son inocentes o han estado relacionados con la guerrilla, pero no son ni combatientes ni militantes de esas organizaciones.

Hasta ahora las publicaciones son de campamentos vacíos, estallido controlado de explosivos y propaganda con fotos y videos de los componentes de la Fuerza Armada, muchos de ellos en ejercicios militares.

Modus operandi

*Los pasos que sigue el tribunal de la juez Xiomara Liseth Peña Rodríguez:

*Se niega a aceptar defensores privados en los casos relevantes.

*El detenido, si ya tiene defensor privado, debe revocarlo.

*A partir de ahí se arregla la decisión, de manera que el detenido se presente como una persona sin recursos económicos para pagar abogado privado.

*Ahí aparece el abogado Carlos Delgado, quien está estrechamente relacionada con la juez Peña, quien es pieza clave para que se selle el arreglo entre el detenido, sea a través de sus familiares o representantes, y la decisión que la juez está dispuesta a tomar para beneficiarlo.

En el departamento de archivo del Circuito Judicial Penal de Guasdualito reposan los expedientes, al cual deben tener acceso los abogados para las defensas de sus defendidos. “La juez Peña sacó todos los expedientes y los metió en su despacho, lo cual le permite así presionar para negociar los casos, de manera que ella tiene un archivo paralelo que maneja a su antojo”.

No son solo los casos Tancol. Hay víctimas que llevan años detenidas y han confirmado que la juez se fue fortaleciendo y ya actúa abiertamente con el cobro. Tiene emisarios, intermediarios y una red de poder y dinero.

Por otra parte, Karina Teresa Duque Durán, quien es juez titular del Tribunal de Control de la Circunscripción Judicial de Guasdualito, hace no más de cinco meses, aprendió el modus operandi de la juez provisoria Xiomara Peña Rodríguez. “Cobra entre 7 y 8 mil dólares por los casos fuertes para que los imputados no pasen a juicio y concederles libertad”.

En el caso de Duque Durán, “hay un emisario que habla con familiares de los detenidos y les solicitan que primero revoquen a los defensores privados y que así no se notará cuando le den libertad a la persona detenida”.

Un caso como referencia es la causa 1C-17.592-21 contra Julián Cristóbal Moreno Mendoza, Davinson Arley Gutiérrez Pabón, Juan Gregorio Burgos Baldomero y Juan Onofre Carrero Tellez, imputados por Traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “La juez solicitó revocar al abogado defensor, pidió ocho mil dólares y un aire acondicionado de 18000 BTU. Ellos revocaron al abogado, pregunte para que vea que eso se hizo con la boleta Nr. 661-21 del 27 de diciembre 2021. En enero 2022 la juez liberó a los detenidos. Y la Fiscalía 12 no hizo nada”.

Es urgente que el Ministerio Público, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Inspectoría de Tribunales procedan a abrir una investigación que determine las irregularidades que desde hace años ejecuta la juez Xiomara Liseth Peña Rodríguez y ahora la juez Karina Teresa Duque Durán.

 

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