Una verdadera bomba internacional de consecuencias civiles y penales es lo que ha estallado con ocasión de la denuncia del general Carvajal (el pollo) ante la Audiencia Nacional de España y que involucra a Baltasar Garzón, a la Fiscal General de España, Dolores Delgado, y al gigantesco bufete Squire Patton Boggs asentado en Washington D.C que representa al gobierno de Maduro, a PDVSA, etc.
La película “el abogado del diablo”
Kevin Lomax es un joven y brillante abogado que nunca ha perdido un caso. Vivía feliz con su esposa en Miami hasta que un día recibió la visita de un abogado de Nueva York que representaba a un poderoso bufete que quería contratarlo y el cual después supo que estaba regentado por el mismísimo Lucifer quien lo hizo caer en la tentación de ilimitadas ganancias de dinero dedicándose a causas malévolas bajo la cobertura de la justicia para finalmente terminar en horribles calamidades. Este pudiera ser el caso de Baltasar Garzón quien de afamado juez pasó a ser el abogado favorito de los demonios que lo vienen llenando de dineros mal habidos, manchados de dolor y de sangre de los pueblos latinoamericanos donde viene centrando su maléfica actividad.
De juez anticorrupción a prevaricador y más…
Baltasar Garzón mantuvo una larga y reconocida actividad como juez desde 1981 hasta febrero de 2012 cuando fue condenado por el Tribunal Supremo de España por prevaricación. El 23 de febrero de ese mismo año el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ratificó su expulsión de la carrera judicial debido a su participación en una tempestuosa trama de corrupción que por varios años se desarrolló en España y que se conoció como “La trama Gürtel”. Una vez expulsado del poder judicial español fue invitado a trabajar para el gobierno de Cristina Kirchner quien le deparó honores y lo nombró “Coordinador de asesoramiento internacional del Ministerio de Justicia de Argentina” y de allí en adelante se convirtió en el abogado de Evo Morales, Rafael Correa, etc, etc.
Con Maduro – Pdvsa
Por supuesto que en aquella ola de popularidad entre el club del mal no podía ser pasada por alto por la jerarquía chavista. Ahora ha estallado el escándalo gracias a las revelaciones de “el pollo Carvajal” que para su objetivo de no ser llevado a Estados Unidos está revelando secretos que obligan a la justicia española a actuar manteniendo en suspenso la extradición.
La primera de esas revelaciones la aportó Carvajal ante la Audiencia Nacional obligando a la apertura de un proceso penal. Se trata de la contratación que el 15 de noviembre de 2016 habría hecho PDVSA al bufete de Garzón por 8 millones 800 mil euros para trabajar un caso de corrupción que en España se estaba tramitando, “el caso Bariven” -del cual hablaremos después- Carvajal consignó copia del contrato siendo lo más llamativo que entre las obligaciones del bufete aparece una cláusula que implica nada menos que a la Fiscal General de España, la abogada Dolores Delgado, que es la mujer de Garzón. En el contrato se especifica qué 1,9 millones de euros son para “la coordinación de la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial”. No hay que hacer mucho esfuerzo para comprender que esa cláusula constituye un claro caso de tráfico de influencias que podría costarle el cargo a la señora y la cárcel a Garzón. Esto pudiera ser el final de este “remake” de la película “El abogado del diablo”.
El documento lo han publicado varios medios, entre ellos “The Objective” y tiene la nomenclatura COM-2016–0064, fechado 15/11/2016, firmado por el entonces presidente de PDVSA Eulogio Del Pino y por su comisario principal Silvestre Molero.
https://theobjective.com/audiencia-nacional-baltasar-garzon-venezuela
La implicación del bufete norteamericano
La excusa de Garzón es que él no fue contratado directamente por PDVSA sino indirectamente a través del bufete norteamericano Squire Patton Boggs que por años viene prestando servicios a la dictadura venezolana incluyendo a PDVSA y otros como por ejemplo en el caso de los narcosobrinos. De ser cierta esa afirmación ese contrato además de estar afectado de nulidad lo cual obligaría a la devolución del dinero, y penalmente implicaría al entonces presidente de PDVSA Eulogio Martínez, a Baltasar Garzón y también a Squire Patton Boggs, en delito de peculado, pues además del antes anotado tráfico de influencias, se trata de un contrato de interés publico para Venezuela el cual por mandato constitucional requería de la autorización de la Asamblea Nacional. (CRBV. Artículo 150: La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley.)
La asamblea nacional participó a los gobiernos
Al respecto, el 26 de mayo de 2016, seis meses antes de la fecha del mencionado contrato, la Asamblea Nacional emitió un Acuerdo donde expresamente advirtieron sobre esas contrataciones ilícitas que venía haciendo el gobierno de Nicolás Maduro Moros:
“Acuerda…Tercero: Recordar que serán absolutamente nulos los contratos de interés público nacional, estadal o municipal que celebre el Ejecutivo Nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela sin la aprobación de la Asamblea Nacional; así como otros contratos de interés público nacional que suscriba sin esta aprobación fuera de los casos exceptuados por la ley. CUARTO: Remitir el presente Acuerdo a todas las Embajadas que se encuentran en nuestro país, para que informen a los Gobiernos de los Estados que representan y a las empresas correspondientes sobre la nulidad de los contratos que se celebren contraviniendo el artículo 150 de la Constitución y sobre las responsabilidades que de allí se desprenden.”
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/actos/detalle/acuerdo-sobre-el-respeto-de-las-facultades-propias-e-intransferibles-de-la-asamblea-nacional-sobre-los-contratos-de-interes-publico-que-suscriba-el-ejecutivo-nacional-con-estados-o-entidades-oficiales-173
¿Cómo es que dos bufetes de abogados de tal categoría como el de Baltasar Garzón (Ilocad) y Squire Patton Boggs de Estados Unidos no observaran que ese multimillonario contrato que estaban firmando con PDVSA requería de la aprobación del Parlamento venezolano según expresa normativa constitucional interna que estaban obligados a observar? Eso es injustificable. Y peor aún ¿no se dieron cuenta que esa actuación además de inconstitucional tipifica delito, el delito de peculado que es perseguible de oficio lo cual se puede perseguir tanto en Venezuela como en los lugares donde se extiendan sus efectos?
Consecuencias
Esta trama impone las siguientes consecuencias: 1) Devolución de esos 8,9 millones de euros. 2) juicio penal a Eulogio Del pino, a Baltasar Garzón, a Dolores Delgado y a los miembros de Squire Patton Boggs que firmaron el contrato.
To be continued…
@CarlosRamirezL3
