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La necesidad de defender Judicialmente ante la CIJ los derechos de Venezuela sobre el Esequibo

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Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Pronunciamiento sobre la necesidad imperiosa de defender  Judicialmente ante la CIJ, los derechos e intereses de Venezuela sobre el territorio Esequibo

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias, con ocasión del proceso de negociación iniciado entre el gobierno y la oposición, considera su responsabilidad hacer un llamado público al país sobre la necesidad de defender jurídicamente los derechos históricos e inalienables de Venezuela sobre el Territorio Esequibo.

En fecha 6 de septiembre de 2021 en la ciudad de México, los representantes del gobierno y de la oposición suscribieron un “Acuerdo Parcial de Ratificación y defensa de la Soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”, en el cual afirman, inter alia que “Reafirman[] que la Corte Internacional de Justicia carece de jurisdicción para conocer sobre la validez del laudo arbitral de 1899, con base en una demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana que contraría el texto y el espíritu del Acuerdo de Ginebra”; y acuerdan inter alia “Segundo: Expresar nuestro desacuerdo con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de atribuirse jurisdicción para conocer sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899, a partir de la demanda unilateral de Guyana”.

La Academia reitera una vez más su posición jurídica expresada públicamente en varias oportunidades anteriores, con relación a la controversia pendiente ante la Corte Internacional de Justicia (“CIJ”) sobre la delimitación territorial entre la República Cooperativa de Guyana (“Guyana”) y la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”), con ocasión de la remisión del asunto por el Secretario General de las Naciones Unidas y la demanda presentada por Guyana contra Venezuela:

1 – La decisión de la CIJ es un hecho institucional internacional que debe y puede atenderse. La posición de Venezuela sobre la nulidad del Laudo Arbitral de 1899 (“Laudo Arbitral”) es suficientemente fundada y es defendible con holgura. La validez del Laudo Arbitral es insostenible en Derecho. Por ello, la Academia considera que no comparecer al juicio ante la CIJ es una posición jurídicamente equivocada.

2- Las sentencias de la CIJ son obligatorias para las partes. De conformidad con la Carta de la ONU (art. 94), los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a cumplir las decisiones de la CIJ en todo litigio en que sean partes; y de acuerdo con el Estatuto de la CIJ (art. 60) del cual Venezuela es parte, sus sentencias son “definitivas e inapelables”. Frente a ellas, ni la Asamblea General de la ONU ni el Consejo de Seguridad tienen otra opción que acatarlas e incluso apoyar su cumplimiento.

3- La Academia ha expresado institucionalmente que lamenta la decisión de la CIJ de fecha 18 de diciembre de 2020, por medio de la cual declaró su competencia para conocer parcialmente de la demanda incoada por Guyana. Ello por cuanto el objeto de la controversia remitida a dicho alto tribunal internacional es sobre la aplicación del Acuerdo de Ginebra para la búsqueda de soluciones satisfactorias, mutuamente aceptables, para el arreglo práctico de la controversia y no sobre la determinación de la nulidad o validez del Laudo Arbitral. Por estas razones, la Academia no comparte la decisión de la CIJ, pero la respeta por cuanto hay que acatarla conforme al Derecho internacional.

4- En virtud de dicha decisión de la CIJ en la cual afirmó su competencia y la continuación del juicio ante dicha instancia, la Academia exhorta a quienes ejercen el poder político en el país como responsables de la defensa de los derechos de Venezuela, a ejercer efectiva y responsablemente la tutela de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo por todos los medios legítimos a su alcance. La Orden del Presidente de la CIJ de fecha 8 de marzo de 2021, fijó el 8 de marzo de 2023 para que Venezuela presente su contra-memorial en el juicio. En virtud de ello, la Academia considera que Venezuela debe participar activamente en el proceso -así sea bajo protesta o reserva- a fin de desplegar en plenitud todos los derechos procesales que le asisten, en particular: a) rechazar los argumentos y pretensiones de Guyana; b) hacer valer los argumentos y pruebas sólidas que demuestran los justos títulos de Venezuela respecto al territorio en disputa y la nulidad del Laudo Arbitral de 1899; c) nombrar un juez ad-hoc; y d) estudiar la conveniencia de contra-demandar a Guyana, a fin de que sea condenada a cumplir de buena fe sus obligaciones bajo el Acuerdo de Ginebra de negociar una solución práctica y mutuamente aceptable a la controversia.

5- El uicio no se paralizar  si Venezuela opta por no asumir su defensa; el proceso seguirá su curso y tendrá decisión final y definitiva sobre el fondo. La sola opción de no comparecer al juicio, no ofrece una solución sobre cómo recuperar el territorio Esequibo.

6- Por lo anterior, el riesgo de que la CIJ declare con lugar la pretensión de Guyana sobre la validez del Laudo Arbitral, lo cual podría afectar internacionalmente la reclamación de Venezuela, hace particularmente imperativo que Venezuela se defienda haciendo valer apropiadamente todos los argumentos y derechos que nos asisten sobre la invalidez del Laudo Arbitral.

7- Siendo éste un asunto de Estado, le concierne a todos los venezolanos la elección del camino más adecuado para la defensa de los derechos de Venezuela. Ello debe hacerse mediante el estudio, la evaluación estratégica, el diálogo y la concertación entre todos los sectores nacionales, sin exclusiones y sin vetos. El país debe unirse en torno a la defensa de su territorio, para lo cual es necesario, que quienes ejercen el poder político, y que por tanto tienen esa responsabilidad histórica, convoquen de manera responsable, transparente y despolitizada a toda la sociedad. Para ello, debe llamar a los mejores expertos nacionales e internacionales para formar el mejor equipo idóneo de defensa, a fin de fijar la estrategia jurídica, procesal, diplomática y comunicacional más conveniente a los intereses del país.

Caracas, a los 13 días del mes de septiembre de 2021

Julio Rodríguez Berrizbeitia – Presidente / Cecilia Sosa Gómez – Secretario

 

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