La promesa rota a los pensionados del IVSS

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Un profesor universitario venezolano aportó 16.425 dólares a la seguridad social en los últimos 20 años. Al retirarse el sistema le pagará solo 281 dólares en pensiones. La pensión equivale a dos dólares mensuales en junio de 2021.

Proponen un esquema que incluya una pensión universal, la opción de administradoras privadas con cuentas de capitalización individual, incluir al sector informal, mejoras en el servicio de salud y normas flexibles para adaptarse a la volatilidad de la economía venezolana.

El nuevo esquema debe partir de un consenso de todos los actores –trabajadores, empleadores y gobierno– y diseñarse pensando en su sostenibilidad financiera.

Luis Zambrano Sequín / Economista. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

“La reconstrucción del sistema de pensiones tendrá que hacerse en un contexto de envejecimiento de la población, potenciada por la emigración, y la necesidad de reestructurar la economía. Podemos aprender de lo que están haciendo otros países.

La tendencia es un sistema con tres pilares. Uno básico, de pensión mínima cubierta con financiamiento público y su objetivo es evitar que caigan en la pobreza los adultos mayores.

El segundo pilar son quienes ahorraron, pero no lo suficiente, y reciben una pensión superior a la básica con financiamiento parcial del gobierno. Luego están quienes ahorraron y reciben una pensión mediante una cuenta de capitalización individual en una administradora privada.

Debe haber reglas flexibles que permitan ajustes automáticos para que el sistema se adapte a cambios en la demografía y las condiciones macroeconómicas. Además, incentivos para que coticen los trabajadores independientes. Una modalidad es que cuando la persona alcanza un número de cotizaciones recibe un bono por las que faltan.

Las remesas van a tener una importancia creciente para las familias. Es necesario diseñar incentivos para que se incorporen al sistema de pensiones quienes reciben remesas y quienes se han ido del país y piensan regresar”.

María Antonia Moreno / Economista. Instituto de Investigaciones Económicas Universidad Católica Andrés Bello

“Aspirar a un sistema de pensiones moderno supone el diseño de políticas en el ámbito macroeconómico y en los específicos del sistema de seguridad social. Además, requiere consensos sobre la necesidad de implementarlas.

Sin garantías de acceso a los servicios públicos de salud, una reforma en el sistema de pensiones no garantizaría una mejora sustancial de los pensionados, grupo en el que tienden a prevalecer las enfermedades crónicas que suelen asociarse con grupos de edad avanzada.

La visión populista que ha caracterizado la política de seguridad social en el país, facilitada especialmente en épocas de bonanza petrolera, ha conducido a una institucionalidad sin autonomía para imponer las condiciones técnicas de sostenibilidad financiera del sistema. La restitución del equilibrio de la representación de todos los sectores –trabajadores, empleadores y gobierno–, para alcanzar consensos en el diseño de la política laboral y la seguridad social, ayudaría a superar este enfoque.

Otro elemento es la corrección de los problemas de economía política relacionados con los parámetros institucionales del sistema como la coexistencia con regímenes especiales en el sector público que les confieren derechos adquiridos a sus beneficiarios que, por ello, podrían resistirse a una reforma”.

Leonardo Vera / Economista. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

“Deberíamos ir a un sistema con una pensión básica, decente, que sería un porcentaje del salario promedio. A esta pensión tendrían derecho quienes hayan contribuido poco porque sus ingresos eran bajos, incluyendo a los cuentapropistas. Quienes puedan ahorrar más del mínimo exigido recibirían una pensión mayor.

Lo ideal es que exista un fondo solidario que entregue una pensión mínima a los no contribuyentes, la población excluida que va a envejecer. En un sistema privado este fondo sería un tema álgido, por eso me inclino más por las ventajas de un fondo público con un sólido marco regulatorio y transparencia en la gestión.

Habría un mecanismo de financiamiento para quienes queden temporalmente sin empleo, a fin de que sigan aportando al sistema y evitar que los expulse la volatilidad de la economía.

Los recursos del sistema se invertirían en instrumentos seguros que reporten rendimientos. Hay que pensar en ampliar las oportunidades de inversión, limitarse a instrumentos nacionales es una visión miope. El fondo solidario podría nutrirse de estos rendimientos.

Habría que evaluar en el diseño del fondo de pensiones si el Estado, aparte de aportar como empleador, hace aportes extraordinarios o se establece una partida del presupuesto público”.

Ricardo Villasmil / Economista. Investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard

“Para que la persona acumule un capital que le permita vivir durante su vejez es vital aumentar el empleo formal, a fin de que los trabajadores alcancen una densidad de cotización adecuada. Venezuela tiene una informalidad elevada.

De producirse un cambio político que permita hacer reformas no comenzaría con un nuevo sistema de pensiones, no existen condiciones. No tiene sentido obligar a los trabajadores a ahorrar cuando tienen bajos salarios y muchas necesidades. El trabajador y el empleador tratarían de esquivar la obligación de aportar, me inclino por eliminar las contribuciones que desestimulen el rescate del mercado laboral.

Arrancaría con un sistema solidario, de financiamiento público, donde los ancianos con necesidad reciban una pensión básica. Una vez evolucione el mercado laboral, se controle la inflación y se estabilicen las finanzas públicas, podríamos evaluar el diseño del nuevo sistema.

Una discusión temprana sobre el sistema de pensiones sería una distracción del foco, que tendría que ser rescatar la economía y el mercado de trabajo.

Un aspecto que habría que introducir es aumentar la edad de jubilación, en Venezuela es muy baja y esto atenta contra la posibilidad de que la persona ahorre lo suficiente para los años de retiro”.

León Arismendi / Abogado. Asesor en la reforma de la seguridad social de 1997

“Un aspecto clave en una eventual reforma es que la Constitución dibuja un modelo público y la Ley Orgánica de Seguridad Social solo hace una concesión a un hipotético sistema privado de carácter voluntario. Dudo que ese segmento sea atractivo para las administradoras privadas de fondos de pensiones.

De superarse este escollo y alcanzarse una baja inflación habría que hacer un estudio actuarial y a partir de allí imaginarse un sistema mixto: una parte de la pensión se financiaría por ahorros comunes a repartir entre todos y otra parte mediante una cuenta individual en un sistema privado.

Lo más complicado es la transición, el paso de un modelo a otro. En Venezuela existían distintos fondos de pensiones que hay que evaluar. Además, existe una población que por su edad va a ahorrar muy poco y para ellos no tiene sentido un fondo individual. A esta población hay que asegurarle una pensión y eso tendría que hacerlo el Estado.

Además, podría evaluarse la creación de un fondo de ahorro para los cuentapropistas.

El consenso es imprescindible para que el sistema perdure. Que no se repita lo de la reforma de 1997, desechada por el chavismo al poco tiempo”.

Francisco Casanova / Abogado. Miembro de la Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras

“Durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez se aprobó la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social pero no se aprobaron las leyes de pensiones y salud, esenciales para la seguridad social. Son materia pendiente.

Además habría que operativizar la Superintendencia y la Tesorería previstas en la Ley Orgánica para sentar las bases de un nuevo sistema.

“Para la transición es vital un capital semilla en dólares para crear el fondo de pensiones. Hay que pedir ayuda a los organismos multilaterales y precisar cuánto del presupuesto de las misiones podría focalizarse en pensiones y salud.

Habría un sistema de dos pilares. Un pilar contributivo, obligatorio con aportes de trabajadores, empleadores y el sector público, gestionado por el Estado. Este pilar debería garantizar una pensión mínima vital de entre 40% y 50% del salario promedio, indexado, de toda la vida laboral del cotizante.

El segundo pilar sería de capitalización individual donde la base del aporte sería un porcentaje del salario o renta de referencia, con administración pública, privada o mixta.

Deberíamos reconocer la actividad económica en dólares y generar una cotización, así sea baja, en divisas. La cotización se adaptaría gradualmente a la situación de la economía”.

Maryolga Girán / Abogada. Especialista en derecho laboral

“Existe una trilogía indisoluble para que la población adulta tenga una vejez digna que compense el esfuerzo hecho durante su etapa productiva: salario digno y suficiente acorde con la preparación del trabajador; protección de los ahorros e instituciones confiables. Nada de eso tenemos.

Nuestro Seguro Social está concebido para dar cobertura a necesidades diversas como son la salud, la discapacidad y la vejez. Los países más desarrollados no equiparan estas prestaciones dentro de la seguridad social.

Hasta ahora la política de asistencia social ha sido desarrollada a través de la visión distorsionada del Estado paternalista y proteccionista frente a un trabajador considerado como un minusválido, un débil jurídico que no tiene capacidad de decisión.

Llegada la oportunidad, lo más importante es privatizar la administración de las pensiones de jubilación; abrir un mercado financiero privado que ofrezca variedad al trabajador de manera de que éste seleccione aquel que considere más adecuado a sus necesidades.

El Estado debe dejar de intervenir y limitarse a la vigilancia de las inversiones que hagan estas instituciones financieras, las cuales contarían con personal experto en la administración de recursos, cosa que ni de lejos tiene nuestro Seguro Social”.

Víctor Salmerón – Prodavinci

 

Traducción »

Sobre María Corina Machado