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Los dilemas de la reforma económica que se plantea el gobierno de Nicolás Maduro

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Crece el paquete de leyes económicas que la Asamblea Nacional, electa en diciembre pasado, está dispuesta a debatir y aprobar en este primer año de legislatura.

Aparte de la reforma del Código de Comercio y las leyes de Teletrabajo y Ciudades Comunales, el parlamento se propone sacar adelante nuevas normas jurídicas de Propiedad Intelectual, Comercio Electrónico, y Protección a la Producción y el Mercado Nacional, aparte de una reforma a la Ley de Precios Justos, donde, según trascendió, se incorporarían artículos sobre las transacciones en divisas.

Sería conveniente poder revisar cada uno de estos proyectos, en función de ver sus ventajas y desventajas, además de debatir sobre sus impactos en la economía venezolana, aún en recesión y con hiperinflación, pero hasta ahora de la agenda legislativa solo han trascendido expresamente los títulos de las leyes.

Un reporte reciente del Observatorio de los Derechos de Propiedad de Cedice-Libertad puso el acento en el incremento de la aplicación de controles, sobre todo a sectores como el comercio y los servicios médico-asistenciales, por lo que el Think Tank liberal dice que no existe ninguna liberación de la economía en Venezuela, más allá de cierto discurso.

Lo cierto es que el instrumento que está guiando las relaciones entre los sectores público y privado es la Ley Antibloqueo, aprobada por la extinta y cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, y que consagra unas condiciones de absoluta falta de transparencia no solo para los negocios con el Gobierno, sino para toda la economía.

¿Qué preocupa, por ejemplo? El discurso sobre el respeto a la propiedad intelectual en Venezuel es débil frente a la piratería, un fenómeno extendido y que, como nunca antes, ha llegado a empresas de consumo masivo y al uso indiscriminado de bienes, por parte de entes públicos, con marcas usurpadas, que van desde alimentos hasta películas en canales de TV estatal.

Entonces, cómo será esta nueva Ley de Propiedad Intelectual. ¿Se ajustará a estándares internacionales? ¿Reconocerá el derecho internacional en esta materia? ¿Se ajustará a las mejores prácticas acordadas en organismos multilaterales? ¿O, por el contario, dará expresión jurídica al desconocimiento o la expropiación?

¿Qué podemos esperar de una nueva Ley de Comercio Electrónico? ¿La adopción de modelos y tecnologías de punta que integren al mercado venezolano con resto del mundo o mayores controles y limitaciones?

Se dice que la reforma de la Ley de Precios Justos incluirá un nuevo articulado para regular las transacciones con divisas, ante el hecho concreto de que la dolarización llegó para quedarse, por más que voceros del Ejecutivo digan que este es un fenómeno de “carácter temporal”.

Conviene citar al economista y académico Luis Zambrano Sequín, quien en un trabajo reciente sobre este fenómeno en el país, dijo que “Venezuela representa el caso de dolarización más reciente y destaca por la velocidad a la cual se ha producido este proceso. La economía venezolana es un caso de dolarización semioficial, donde el dólar es de curso legal pero todavía el pago de buena parte de los salarios, sobre todo en el sector público, de los impuestos, y variados gastos cotidianos se siguen transando en bolívares, además sigue existiendo un banco central activo. Esta dolarización semioficial, hay que precisarlo, no es la consecuencia de un objetivo de la política económica del actual régimen, todo lo contrario, es el resultado de la ineficacia de sus políticas y la irresponsabilidad fiscal”.

Y añade: “Este estatus es muy probable que se mantenga por bastante tiempo, ya que el régimen actual difícilmente decretará una dolarización oficial; es decir, una situación donde el dólar adquiere un estatus legal exclusivo o predominante y la moneda local es relegada a transacciones fraccionadas de poco valor. La razón fundamental por la que el gobierno actual no transitaría a una dolarización oficial, más que ideológica, es pragmática, radica en su resistencia a abandonar el uso del impuesto inflacionario como principal instrumento de financiamiento del gasto público”.

En rigor, que la Asamblea Nacional, con su composición partidista actual, se empeñe, con ausencia de un debate social amplio, en aprobar o reformar leyes fundamentales en materia económica es un elemento de preocupación.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana la Nota Editorial comenta las dudas y riesgos que plantea la agenda de leyes económicas que se propone debatir la Asamblea Nacional, electa en diciembre pasado, un parlamento de muy amplia mayoría gubernamental donde la ideología puede tener un peso sustantivo en la orientación de materias fundamentales para un eventual cambio de ciclo en la economía.

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Banca y Negocios

 

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