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Mariana Mazzucato: Reconstruir el Estado

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Es indudable que haber desarrollado vacunas contra la covid‑19 en menos de un año fue un logro importante. Pero el despliegue ha sido muy deficiente. En Estados Unidos, la Operación Warp Speed cumplió las metas de fabricación acordadas, pero hubo problemas en la coordinación de los primeros envíos. No se priorizó a los receptores según las necesidades, ni se hizo lo suficiente por resolver la desigualdad racial en la distribución.

Es evidente que crear vacunas seguras y eficaces no es lo mismo que crear programas de vacunación equitativos. En Estados Unidos, agencias de innovación orientadas a objetivos, en particular la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés) y la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo en Biomédica Avanzada (BARDA), tuvieron un papel fundamental en las primeras etapas de desarrollo de las vacunas avanzadas de ARN mensajero. Pero ¿está el objetivo tecnológico de Warp Speed vinculado con el objetivo sanitario de ofrecer una vacuna para la gente?

El Gobierno del presidente Joe Biden deberá tener presente esta distinción mientras intenta “reconstruir mejor” y fortalecer la financiación destinada a ciencia y tecnología, tras cuatro años de desprecio de Donald Trump hacia la ciencia y los científicos. El despliegue de las vacunas en Estados Unidos (y aún más en Europa) muestra que al igual que es importante definir bien los detalles de los acuerdos de asociación público‑privados, también es importante fijarse desde el principio un objetivo general ambicioso.

En mi nuevo libro, Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (Economía orientada a misiones: una guía basada en la misión a la Luna para cambiar el capitalismo), sostengo que el programa de la NASA para llegar a la Luna sigue ofreciendo enseñanzas respecto de cómo catalizar y dirigir una relación eficaz entre el sector público y el privado. Con un costo para los contribuyentes equivalente a 283.000 millones de dólares de la actualidad, el Programa Apolo estimuló la innovación en múltiples sectores (aeronáutica, alimentos, electrónica, software, etc.) y al mismo tiempo fortaleció las capacidades del sector público.

La NASA pagó cientos de millones de dólares a empresas como General Motors, Pratt & Whitney (que entonces se llamaba United Aircraft) y Honeywell para que inventaran los nuevos sistemas de combustible, propulsión y estabilización de los legendarios cohetes Saturno V. Luego, estas tecnologías desarrolladas con la financiación pública generaron numerosos productos derivados que seguimos usando, entre ellos la leche de fórmula (a partir del alimento deshidratado de los astronautas) y las aspiradoras sin cables (a partir de los aparatos para extraer muestras de la superficie lunar). Los circuitos integrados para la navegación se convirtieron en elemento fundamental de la computación moderna.

Lo importante es que la NASA se aseguró de que el Gobierno hiciera un buen negocio, mediante contratos a precio fijo que obligaban a las empresas a operar de forma eficiente y daban incentivos para la mejora continua de la calidad. Los contratos contenían cláusulas contra el beneficio excesivo, para que la motivación de la carrera espacial fuera la curiosidad científica en vez de la codicia o la especulación.

Además, la NASA evitó una dependencia excesiva del sector privado. Externalizar las funciones de gobernanza la habría dejado a merced de que aquel impusiera sus criterios en los procesos de compra. Gracias a que la NASA había desarrollado experiencia interna, sabía tanto de tecnología como los contratistas y estaba bien preparada para negociar y administrar los contratos.

Fortaleciendo las capacidades del sector público y fijando objetivos claros para las alianzas público‑privadas, el Gobierno de Biden puede estimular el crecimiento y colaborar en la lucha contra algunos de los mayores desafíos de nuestra era, desde la desigualdad y la deficiencia de los sistemas sanitarios hasta el calentamiento global.

Estos problemas son mucho más complejos y multidimensionales que poner a un hombre en la Luna. Pero demandan lo mismo: una gobernanza estratégica eficaz del espacio en el que la financiación pública se encuentra con la industria privada. Por ejemplo, aunque las grandes farmacéuticas describen al sector público como un mero consumidor de medicamentos, muchas drogas se descubren a partir de investigaciones financiadas por el Estado.

Basta pensar en los 40.000 millones de dólares que el Gobierno de EE UU invierte cada año en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH). Los NIH (junto con el Departamento de Veteranos de los Estados Unidos) apoyaron con más de 10 años de investigación financiada por los contribuyentes el desarrollo del Sofosbuvir, un medicamento contra la hepatitis C. Pero luego la biotecnológica privada Gilead Sciences adquirió la droga y fijó el precio de un tratamiento de 12 semanas en 84.000 dólares. Asimismo, se calcula que uno de los primeros tratamientos antivirales contra la covid-19, el remdesivir, recibió unos 70,5 millones de dólares de financiación pública entre 2002 y 2020. Hoy, Gilead cobra 3.120 dólares por las dosis para cinco días.

Esto habla de una relación parasitaria en vez de simbiótica. Los NIH tienen que esforzarse más para asegurar precios justos y acceso a las innovaciones que financian, en vez de restarse atribuciones, como cuando en 1995 eliminaron la cláusula sobre precios justos de sus contratos de cooperación en investigación y desarrollo. Hay que pensar en poner condiciones a las innovaciones surgidas de agencias orientadas a objetivos, como DARPA, BARDA y la propuesta Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Salud (ARPA‑H), que se concentrará exclusivamente en las prioridades sanitarias.

En el caso de la pandemia, varios gobiernos destinaron 8.500 millones de dólares al desarrollo de vacunas que hoy fabrican y venden empresas estadounidenses como Johnson & Johnson, Pfizer, Novavax y Moderna. Hoy la pregunta es si el conocimiento científico y práctico en relación con las vacunas se compartirá con tantos países como sea posible para poner fin a la pandemia. ¿Se unirán los NIH a un fondo de patentes voluntarias que creó la Organización Mundial de la Salud para dicho fin?

En lo referido a preparar la era pospandemia, la promesa de Biden de “reconstruir mejor” implica más que un regreso a la normalidad. Pero para reformular mejor la economía es necesario no solo un cambio de mentalidad sino también un nuevo contrato social que promueva la creación de valor por sobre la extracción de ganancias; que socialice las recompensas así como los riesgos; y que invierta en el bien común, en vez de empresas o sectores específicos.

La ley estadounidense CARES (siglas en inglés de ayuda, alivio y seguridad económica frente al coronavirus) impuso a las empresas que recibieran ayuda del Gobierno la condición de mantener empleos, pero el nuevo Plan de Rescate de Estados Unidos por 1,9 billones de dólares y el propuesto Plan de Empleo Estadounidense (por dos billones de dólares) tienen que ir más lejos. Deben asegurar que la inversión del sector público vaya acompañada de una transformación de la relación entre el Estado y el sector privado.

En esto se puede aprender de Europa. En Francia, el presidente Emmanuel Macron estipuló que la provisión de fondos de recuperación a aerolíneas y automotrices tuviera como condición el compromiso de reducir las emisiones de carbono. En Austria y Dinamarca, el compromiso de las empresas receptoras de esos fondos fue no usar paraísos fiscales.

El Gobierno de Biden tiene por delante la tarea de aportar liderazgo a las misiones que definirán las décadas futuras, empezando por el combate contra el cambio climático. En 1962, el presidente John F. Kennedy dijo que Estados Unidos se ponía el objetivo de ir a la Luna no porque fuera fácil, sino porque era difícil. Hoy, esa clase de liderazgo visionario no es una opción, es una necesidad.

Necesitamos una dirección desde arriba para catalizar la innovación y la inversión en toda la economía. Y en esto pueden servir de modelo los ejemplos de liderazgo gubernamental, audacia en los contratos de interés público y dinamismo del sector público de tiempos del Programa Apolo. Si no los seguimos, “reconstruir mejor” no pasará de ser una consigna vacía.

Mariana Mazzucato es fundadora y directora del Instituto para la Innovación y el Interés Público en el University College de Londres y profesora en su cátedra de Economía de la Innovación y el Valor Público, dirige el Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud y es autora de Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism.

Traducción de Esteban Flamini.

 

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