Venezuela es considerada uno de los cinco países en el mundo en donde el Estado ha desarrollado mayores capacidades para poner en ejecución operaciones de propaganda en línea. Desde el Estado venezolano se han realizado operaciones de ciberacoso usando trolls al menos desde 2009 y operaciones automatizadas para impulsar tendencias de opinión desde 2010. La pandemia de COVID-19 ha sido otro territorio para operaciones de guerra informativa ejecutadas por el aparato comunicacional oficialista venezolano.
Bajo el estado de alarma por la pandemia de COVID-19, el Estado venezolano continuó sus prácticas sistemáticas de violación de derechos civiles y políticos de ciudadanos, en este caso de personal de salud, enfermos, migrantes y periodistas. Médicos y enfermeras fueron víctimas de hostigamiento por denunciar el colapso del sistema de salud pública, incluso en comunicaciones privadas como sus estatus en WhatsApp o notas de voz originalmente destinadas a amigos, que llegaron a circular viralmente.
Uno de los casos emblemáticos es la detención de Julio Molina, un médico de 72 años, acusado de provocar pánico, causar estrés en la comunidad e incitar al odio. Esta detención arbitraria se realizó alegando la inconstitucional Ley contra el Odio, después de que Molina denunciara que el Hospital Núñez Tovar, en el oriente del país, no tenían insumos para afrontar la emergencia.
Aunque pareciera que las campañas encaminadas a promover los desórdenes informativos solo atañen al ecosistema digital, en el contexto venezolano ha habido evidencias de la existencia de estrategias de desórdenes informativos usando medios tradicionales, al menos desde el año 2002. En el ámbito de los desórdenes informativos asociados al COVID-19, la televisión de señal abierta, específicamente los canales bajo control del Estado venezolano han sido frecuentemente usados para la introducción del contenidos engañosos, manipulados o propagandísticos.
El segundo canal de propagación de este tipo de contenidos desde el oficialismo fue Twitter, usando las redes oficiales de la administración pública; el tercer canal fue WhatsApp, especialmente con el uso de notas de voz que simulaban filtraciones; y la cuarta vía fueron los canales gubernamentales en Telegram, por donde se envían a diario las órdenes operativas para posicionar las etiquetas oficialistas. Finalmente, las etiquetas oficiales cuentan con el apoyo de decenas de miles de usuarios del sistema Patria que se activan como tuiteros patriotas para optar a los bonos de céntimos de dólar que se reparten entre quienes usan las etiquetas del día.
En Twitter, observamos un patrón de introducción de operaciones de desinformación vía comentarios en respuestas a tweets de periodistas populares, usando cuentas inauténticas. También observamos que las cuentas inauténticas suelen usar seudónimos y con frecuencia sus imágenes de perfil parecieran generadas por inteligencia artificial. También se observan indicios del uso de granjas de trolls y de operaciones de astroturfing, que simulan opiniones orgánicas de ciudadanos o de activistas de base, pero que en realidad responden a líneas de propaganda dirigidas a presentar como eficiente la gestión oficialista de la epidemia.
Se han realizado operaciones de desinformación que inician con rumores o filtraciones en WhatsApp, generan debates polarizados en Twitter y terminan en desmentidos en los canales de comunicación oficiales, como fue el caso de las noticias tendenciosas de la instalación de los hornos crematorios en el estacionamiento del centro de espectáculos del Poliedro, en Caracas.
Entre los desórdenes informativos más importantes registrados en Venezuela en el año de pandemia destaca la estigmatización de los migrantes venezolanos en retorno como “armas biológicas” contra el país. Tanto Nicolás Maduro como otros funcionarios de su administración llegaron a decir en transmisiones oficiales por TV que los migrantes retornados son “armas biológicas” introducidas en Venezuela por el presidente de Colombia, Iván Duque.
El 20 de mayo de 2020, Nicolás Maduro acusó públicamente al gobierno de Colombia, de “contaminar” a Venezuela con autobuses llenos de gente infectada. La declaración de Maduro marcó el inicio de una política gubernamental de estigmatización de los migrantes. Las órdenes oficiales fueron denunciar a través de correos electrónicos a personas que habían retornado, marcar las casas donde se sospechara que había migrantes y concentrar a los migrantes en los centros de confinamiento. Además, se mantuvo un discurso oficial incriminatorio por bioterrorismo contra Colombia y Brasil, países a los cuales se les acusa de infiltrar el virus a través de sus fronteras con Venezuela.
La valoración negativa o positiva de las vacunas de acuerdo con el lugar de origen de su desarrollo, y no según criterios científicos, ha sido otra constante en los últimos seis meses. La llegada al país del primer lote de vacunas rusas Sputnik fue celebrada con la “etiqueta del día” #SputnikVEnVenezuela, difundida por el aparato de comunicaciones oficiales, incluyendo a los altos jerarcas del PSUV, estructuras militares como las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI).
Por el contrario, a finales de marzo de 2021, el aparato comunicacional oficialista desplegó una campaña de información tendenciosa para justificar su negativa de dar entrada a Venezuela de la vacuna AstraZeneca, que la Asamblea Nacional liderada por las fuerzas pro-democratización había logrado obtener con el mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud.
El aparato comunicacional oficialista, con el propio Nicolás Maduro como vocero, también se ha dedicado a difundir contenidos de seudociencia, en un país con bajo acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento para el COVID-19. En el primer ciclo de contagio en Venezuela, a través de los canales del Estado, promovieron intensivamente el uso de un brebaje casero con la planta malojillo o hierbaluisa como ingrediente principal que supuestamente curaría el COVID-19. En cadena nacional de radio y televisión, Nicolás Maduro promovió la fórmula de Sirio Quintero, compuesta por seis ingredientes: hierbaluisa, jengibre, pimienta negra, cáscara de limón, jugo de limón, miel y sauco, como la cura contra el coronavirus.
Al inicio de 2021, el aparato comunicacional oficialista lanzó como cura milagrosa para el COVID-19 la marca comercial Carvativir, unas gotas cuyo principio activo es el isotimol, usado ampliamente como desinfectante bucal y en medicamentos antiparasitario. Para el lanzamiento comercial del Carvativir se combinaron estrategias de legitimación de seudociencia (con el uso de un falso artículo científico publicado en la plataforma para compartir documentos Scribd), apelación a los mercados naturistas y apelación a las creencias religiosas (denominación secundaria “gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández”, en referencia al médico venezolano en proceso de canonización por parte de la Iglesia Católica).
*La mayoría de los datos referidos en este artículo provienen del estudio: Desórdenes informativos propagados en Venezuela, vía WhatsApp y redes sociales, en medio de la pandemia de COVID-19,( https://covid.infodesorden.org/) realizado por Puyosa; Madriz; Alvarado; Andueza; Córdova; & Azpúrua (2021).
Iria Puyosa es Investigadora en comunicación política. Miembro del Instituto de Investigación en Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (Ininco/UCV). Presidente de la Sección Estudios Venezolanos de LASA (2018-2020). Profesora visitante en Brown University. Doctora por la Universidad de Michigan.
@cazamosfakenews
