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Enrique González: Un enfoque pragmático sobre el diálogo y la reactivación económica

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Efectivamente parte de la solución a nuestra crisis económica pasa por más mercado y una mayor participación del sector privado en las numerosas actividades económicas que el Estado, específicamente el actual gobierno, se ha reservado, así como el regreso a manos privadas de numerosas propiedades y empresas que fueron expropiadas, tomadas o adquiridas por el gobierno.

Lo anterior aplica especialmente en mercados de productos de consumo privado, sin presencia de fallas de competencia significativas como el monopolio natural -condición tecnológica extrema donde la demanda actual y futura no termina de explotar economías de escala por más que se concentre en un único productor-, donde el sistema de precios del mercado cumpliría la función de tasador social de dichos bienes y servicios, a niveles que justamente maximizan el Bienestar Social, en función de maximizar el excedente de los consumidores y garantizar una asignación eficiente de los recursos.

Ahora bien, dicha “receta” de libro texto no es susceptible de ser simplemente anunciada o decretada. Se requiere un marco institucional que imprima confianza entre los agentes económicos, que no se limita únicamente al respeto de los derechos de propiedad de los inversionistas, sino que incluso implica un marco normativo que facilite la proliferación de contratos e intercambios mutuamente beneficiosos, haciendo posible anticipar el feliz término de dichos intercambios y acuerdos por evitar comportamientos oportunistas.

Entiéndase que no resulta suficiente con que las partes posean incentivos para perfeccionar un intercambio derivado del hecho que se generen excedentes que se repartirían entre los involucrados, sino que se requiere en marco normativo que, por un lado, evite comportamientos oportunistas en medio del proceso de negociación, intercambio o desarrollo de las actividades económicas, y, por el otro lado, condiciones predecibles, dentro de las que se encuentra no sólo un entorno macroeconómico estable, sino límites al Estado en favor de los particulares para evitar acciones públicas, regulatorias y tributarias confiscatorias y expoliadores, ya que lo contrario resulta anticipable, y constituye una lamentable barrera a las actividades económicas y a la generación de bienes por parte de los particulares.

Un modelo expoliador es anticipable por los agentes económicos que exigirán esquemas de pagos anticipados, garantías costosas y rentabilidades ajustadas a riesgo, lo que incrementa las estructuras de costos producto de la incertidumbre y constriñe la oferta.

El marco institucional requerido, el imperio de la ley, un estado de derecho, el derecho a la defensa, el debido proceso, respeto a los derechos de propiedad y límites a los poderes del Estado -para evitar arbitrariedades y discrecionalidad extrema que resulte confiscatoria y expoliadora-, constituyen bienes públicos de incidencia transversal sobre toda la sociedad, y sobre todos los sectores y actividades económicas, facilitando círculos virtuosos de generación de bienestar, creadores de riqueza y prosperidad.

Lo anterior no excluye al hecho que podrían existir numerosas barreras normativas propias en cada sector económico, que exigirían un análisis específico y su posterior levantamiento para desatar el potencial productivo.

Ahora bien, que sea difícil creer en la voluntad de ceder en dicho modelo expoliador por parte del gobierno actual, no imposibilita avanzar en ciertos second best. Lo anterior partiría de premisas como asimetrías de información que harían que el gobierno no pueda identificar aquellas barreras a la actividad económica bajo su competencia y responsabilidad y que no comprometerían sus intereses y objetivos -los que usted quiera incluir como objetivos del presente gobierno: someter, expoliar, mantener el poder, etc.-.

Situaciones como las anteriores no tendrían en un principio por qué significar un conflicto moral para el sector privado respecto a los efectos de las conversaciones y acciones públicas a partir de dichos intercambios sobre sociedad toda.

Otro tema serían acuerdos que coadyuven a perpetuar el sostenimiento del poder y del modelo expoliador a cambio de rentas, lo cual tampoco tendría por qué de antemano estar descartado dentro de las eventuales posibilidades, pero que no resulta generalizable ni fácil de identificar.

Por ello, una propuesta en favor de una sociedad desasistida y atomizada es que proliferen grupos o espacios de análisis del impacto regulatorio y análisis costo-beneficio de las políticas públicas que permitan identificar los efectos generales netos de dicha políticas, identificando asimismo sus ganadores y perdedores.

Adicionalmente, análisis comparativos de benchmark respecto a cómo muchos países han lidiado con temas económicos, regulatorios y de políticas públicas podrían ser tremendamente esclarecedores para avanzar en dichos second best.

Para finalizar, dicho tipo de análisis también podría dar luces sobre los intereses e incentivos que podrían tener algunos actores que se oponen rotundamente a cualquier acción que implique un second best sin que éstos asomen cómo dichas mejoras tienen incidencia alguna sobre detentar el poder por parte del gobierno actual.

Más allá, dicho análisis de impacto regulatorio, objetiva y despolitizadamente, suele dejar claro el poder generador de bienestar de ciertos principios como la eficiencia económica por permitir, entre otras, mejoras paretianas, demostrando empíricamente el valor de la eficiencia detrás de instituciones como los derechos de propiedad y el mercado que apuntan a nuestro First Best una sociedad democrática de progreso basada en una economía de mercado.

El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

 

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