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Le exigen a Michelle Bachelet un pronunciamiento sobre las invasiones

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Carlos Julios Rojas protestando en el PNUD exigiendole a Bachelet pronunciarse ante oleada masiva de invasiones en Venezuela

Líderes vecinales agrupados en el Frente en Defensa del Norte de Caracas acompañados por propietarios victimas de invasiones acudieron al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Venezuela para exigirle a Michelle Bachelet que como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se pronuncie en rechazo a la violación masiva y sistemática de la propiedad privada en el país por parte del Gobierno de facto de Nicolás Maduro. Asimismo recalcaron con pruebas en mano la participación de alto personeros del régimen, incluyendo incluso diputados a la ilegitima Asamblea Nacional, involucrados en las tomas ilegales.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que, tanto para Hugo Chávez como en la actualidad Nicolás Maduro, la violación a la propiedad privada ha sido una política de Estado en sus Gobiernos. “El aumento en la ola de invasiones ocurrida desde la instalación de la Asamblea Nacional madurista es sólo un capítulo más de los muchos ataques a la propiedad privada por la dictadura perpetrados por el mal llamado socialismo del siglo XXI, casos como las masivas e ilegales expropiaciones como la del Sambil La Candelaria, la ley de arredramientos que autorizaba la toma ilegal de casas o el censo de vivienda donde colectivos, comuneros y militantes del PSUV marcaban residencias y comercios desocupados”, dijo.

Rojas entregó pruebas con testimonios de víctimas de cómo la propia Alcaldía de Libertador encabezada por Erika Farías, respalda colectivos, dándoles autorización de invadir y en muchos casos declarando ilegalmente la utilidad pública de las edificaciones sin pagarles ni medio a los dueños. “Ejemplos hay muchos pero de ellos destacan el edificio Padrón en la parroquia San Pedro donde invasores identificados con el PSUV, tomaron a la fuerza dicho inmueble y luego la propia Síndico Procuradora Municipal, Cristina Fazzini, le dijo a los legítimos propietarios que debían salir del inmueble. Caso similar ocurrió en la Mansión Forever, en la Alta Florida, allí dichos grupos invadieron el inmueble y argumentando usarla como centro de atención del Covid-19”.

El luchador social recalcó que altos personeros del Gobierno de facto de Maduro tanto a nivel nacional como municipal son cómplices por acción  y omisión, tal es el caso del ilegítimo parlamentario del norte de Caracas, Rigel Sergent, quien fue captado en video derribando la puerta de un apartamento para invadirlo en el edificio Cori de la parroquia San José, todo bajo la mirada cómplice de la GNB Y PNB. “También observamos al hijo de la diputada Carmen Zerpa como líder de colectivos Cupaz en la parroquia Altagracia liderando la toma ilegal del edificio Don Joaquín o el Hotel Canaima. Ellos ven la violación a la propiedad privada como un negocio con motivaciones políticas y económicas”, indicó.

Concluyó mencionando que al ser la propiedad privada un derecho humano consagrado Declaración Universal y Convención Americana de los DDHH le exigimos a Michelle Bachelet que como Alta Comisionada de la ONU realice una exhaustiva investigación sobre la violación sistemática de la propiedad privada en Venezuela por parte del Gobierno de facto de Nicolás Maduro. “Asimismo entrevisten a las víctimas de la confiscación de sus inmuebles y se incluya en los informes sobre la situación de los Derechos  DDHH este grave tema y se interceda ante el régimen para que los dueños puedan recuperar el control de sus edificaciones”.

Propietarios afectados claman justicia

Horencio Mariñas, propietario de una empresa de textiles, fue a exponer el caso del edificio Padrón, donde se encontraba su comercio y otros más afectados, los cuales fueron invadidos por colectivos armados apoyados por la síndico Fazzini. “un colectivo armado amenazó de muerte a la conserje del edificio para que les abriera la puerta y tomar posesión de las instalaciones de la fábrica”, relató Mariñas.

“Llamamos a las FAES (Fuerza de Acciones Especiales) pero se retiraron de inmediato porque dijeron que habían recibido órdenes desde arriba para no intervenir. Acudimos a la fiscalía y otras instancias que tampoco pudieron hacer nada por la misma razón”, narró el empresario octogenario. “Por esa acción se perdieron 160 puestos de empleo que beneficiaban a varias familias humildes y trabajadoras, se perdieron maquinarias y materia prima para producir, yo tenía una capacidad instalada para hacer 70 mil tapabocas y todo eso lo perdió”, lamentó.

Documento entregado en la sede del PNUD Caracas:

Ciudadana

Michelle Bachelet

Alta Comisionada para los Derechos Humanos

De la Organización de Naciones Unidas

Su oficina en Caracas. –

Yo, Carlos Julio Rojas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número. Nº V-17.385.752,  actuando en mi carácter de coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria acompañado de víctimas de violaciones a la propiedad privada en Venezuela por parte del Gobierno de facto de Nicolás Maduro y por grupos irregulares violentos amparados por el propio Gobierno, pedimos a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en especial a su Alta Comisionada ciudadana Michelle Bachelet, el investigar a profundidad y establecer las debidas responsabilidades que de allí deriven, por la reiterada y sistemática violación en Venezuela de uno de los principales derechos fundamentales de carácter universal, como es el derecho de propiedad.

A tal fin le informo lo siguiente:

Durante el año 2020 la ciudad capital, Caracas, fue víctima de cincuenta y tres (53)  invasiones, donde colectivos armados con apoyo de la alcaldesa Erika Farías e incluso diputados a la cuestionada Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del año recién concluido, tomaron por asalto decenas de inmuebles. De ellos, el cincuenta y seis (56%) de las edificaciones invadidas son de origen comercial e industrial.

Tenemos pruebas, que serán consignadas cuando su organismo así lo solicite, de cómo la Alcaldía del Municipio Libertador de esta ciudad, encabezada por su Alcaldesa, Erika Farías, respalda a grupos irregulares violentos y armados (colectivos), dándoles la autorización de invadir y en muchos casos declarar la utilidad pública de los edificios sin cumplir con los extremos de ley de todo proceso expropietario y menos aún otorgando la contraprestación dineraria que de dicho proceso se genera, so pena de configurarse la figura de la confiscación como en los hechos ocurre desde algunos años en el país. Ejemplos hay muchos pero de ellos destacan el caso del edificio Padrón en la parroquia San Pedro donde invasores identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido de gobierno,  tomaron a la fuerza dicho inmuebley luego la propia Sindico Procuradora Municipal, Cristina Fazzini, le dijo a los legítimos propietarios que debían salir del inmueble en treinta (30) días. Caso similar ocurrió en la Mansión Forever, en la urbanización La Florida Norte de la parroquia El Recreo,  donde dichos grupos invadieron el inmueble y argumentando usarla como centro de atención del Covid-19, y aún permanecen en él. Incluso diputados electos de la cuestionada Asamblea Nacional como Iris Varela, llaman a incautar bienes de venezolanos en el exterior, o  incluso lideran  invasiones protegiéndose bajo su investidura de legisladores y de también militantes del PSUV.

Desde la instalación de la Asamblea Nacional controlada por el Gobierno ilegítimo que hoy padecemos, siete (7) edificaciones han intentado ser tomadas por colectivos sólo en el norte de la capital.

Ejemplo claro de esto es el del ilegítimo parlamentario del norte de Caracas, Rigel Sergent, quien fue captado en video derribando la puerta de un apartamento para invadirlo en el edificio Cori de la parroquia San José, todo bajo la mirada cómplice de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana. También observamos al hijo de la diputada Carmen Zerpa como líder de colectivos Cupaz en la parroquia Altagracia liderando la toma ilegal del edificio Don Joaquín o el Hotel Canaima. Ellos ven la violación a la propiedad privada como un negocio con motivaciones políticas y económicas

Reiteramos que estos casos recientes son apenas una pequeña muestra de cómo la gestión de Nicolás Maduro pisotea día a día el derecho a la propiedad. Acciones como el censo de vivienda ejecutado por invasores, la ilegal ley de arrendamientos, o expropiaciones masivas, así lo demuestran con claridad. Tal es el caso muy sonado del Centro Comercial Sambil La Candelaria en 2008, donde jamás se respetó el proceso expropiatorio requerido y la debida indemnización a sus dueños, algo que se ha repetido en el resto de casos. Estos son ejemplos claros que la violación a la propiedad privada es política de estado para el Gobierno de facto de Nicolás Maduro por la carencia de un “discurso” convincente para el venezolano, como las encuestas claramente lo señalan, ni disponibilidades fiscales para ejercer su política clientelar. Solamente les queda la fuerza, que la ejercen ilegalmente con la estructura que le proporciona el Estado y el accionar de grupos irregulares afectos a ellos que se ven beneficiados, a manera de “pago por servicios prestados”, mediante las continuas, permanentes y permitidas invasiones.

Suficientemente es sabido, que el Derecho de Propiedad y otros derechos fundamentales tan importantes como éste, fueron plasmados en declaraciones vitales en el desarrollo de la humanidad. Partiendo de la declaración de Virginia (USA/ 1776) y muy específicamente de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de octubre de 1789, ocurrida la Revolución Francesa, quedaron claros los derechos civiles y políticos mínimos necesarios para el respeto de los derechos humanos en cualquier país, se sentaron las bases de la civilidad. Estas declaraciones no vinculantes fueron tomando cuerpo en posteriores tratados y Acuerdos internacionales e, inclusive como en el caso venezolano, expresión explícita constitucional.

Lo importante a resaltar aquí es la manera sistemática como los ciudadanos venezolanos vemos a un Gobierno déspota estrangular derechos civiles y políticos, suscritos y refrendados por el Estado venezolano a nivel internacional, y contenidos como norma interna a nivel constitucional, sin la menor posibilidad de que se aplique la ley y que al menos una vez se imponga la justicia ante la arbitrariedad y el poder. En pocas palabras, poco a poco un Gobierno ilegítimo apoyado por grupos irregulares armados y financiados por él mismo, viene acabando con derechos fundamentales que son lo que hacen posible la vida en sociedad y diferencian la barbarie de la civilización. En eso estamos. Esa es nuestra lucha desigual. Por ello, y así lo entendemos, es exigible a la instancia internacional que usted preside, el respeto a tales derechos, entre ellos el derecho a la propiedad, ante un Estado que cubre todos los extremos para ser considerado como Estado fallido por la inseguridad jurídica reinante y por su propia incapacidad de aplicar y respetar el contenido constitucional que es el pacto social entre los venezolanos.

Como simple referencia y mejor ilustración de lo que por este escrito respetuosamente mencionamos los distintos fundamentos jurídicos que respaldan esta solicitud.

Declaración Universal de los Derechos Humanos  (1948), en particular lo dispuesto en su artículo 17;

Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de san josé) (1969), en particular lo dispuesto en su artículo 21.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en particular lo dispuesto en su artículo 115.

Código Civil de Venezuela (1982), en particular lo dispuesto en su artículo 545.

Ahora bien la falta de equilibrio de los Poderes Públicos en Venezuela hace de la Fiscalía General de la República una instancia de poder ineficaz, el Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a  justicia a las personas responsables de los hechos, así como el Defensor del Pueblo, parte del mismo Poder Ciudadano,  ha guardado silencio ante todo tipo de violación de los derechos humanos, conformando una clara sumisión ante un Poder Ejecutivo ilegítimo. Toda esta actuación ineficaz y lenta en las investigaciones nos lleva a acudir a la Oficina que usted representa la presente solicitud que la concretamos en el siguiente pedimento:

1. Que se aperture y realice una exhaustiva investigación por la violación sistemática de la propiedad privada en Venezuela por parte del Gobierno de facto de Nicolás Maduro y grupos irregulares a su servicio, y se establezca las responsabilidades que de allí se deriven.

2. Que se entrevisten a las víctimas de la confiscación de sus inmuebles, cuyos nombres y demás datos le serán entregados a ese Organismo cuando así lo solicite.

3. Que se incluya en los informes sobre la situación de los Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela la violación sistemática a la propiedad privada por parte del Gobierno de facto de Maduro.

4. Que interceda ante el Gobierno de facto de Nicolás Maduro para que le sea restituido y respetado el derecho a la propiedad a las víctimas, destacando las masivas invasiones y expropiaciones ilegales ocurridas en el país durante los últimos 15 años.

En Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2021.

 

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