La reciente destitución por parte del Congreso peruano del presidente Martín Vizcarra, utilizando la figura jurídica de la moción de censura por incapacidad moral prevista en el Artículo 113 de la Constitución vigente —recurso que por sus imprecisiones puede ser utilizado de forma inconsistente o irresponsable—, refuerza la tendencia de contradicciones y desequilibrios que enfrenta el sistema político peruano y ha generado una ola progresiva de protestas que evidencia la falta de legitimidad.
Un aspecto novedoso de esta crisis, que se encuentra en pleno desarrollo, tiene que ver con el activo papel del pueblo peruano, relativamente apático, que está en la calle y exige cambios.
Por lo pronto, ha logrado tanto la renuncia del presidente interino, Manuel Merino de Lama, como la designación de Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado, como nuevo presidente del Congreso —por 97 votos a favor— y encargado de la Presidencia de la República (el tercero en una semana). Esto puede atenuar la crisis, pero no la supera completamente.
El Congreso enfrenta desde hace años un marcado rechazo, entre otros, por temas de corrupción, y la destitución de Vizcarra incrementa el desprestigio. Desde una perspectiva crítica, la moción aprobada se considera como un golpe de Estado producto de una confabulación de los líderes de los seis principales partidos en el Congreso, preocupados por sus agendas personales, sus intereses e incluso por la posibilidad de suspender las elecciones previstas para el mes de abril de próximo año.
Las protestas representan, entre otros, un rechazo a la actuación del Congreso, a su presidente Merino, que no ha ocultado sus intereses de poder; pero, no podemos considerarlas como un masivo respaldo al presidente Vizcarra, pues la información que ha circulado sobre presunta corrupción en su etapa de gobernador en la región sureña de Monquegua (2013-2014) y luego como ministro de la Construcción (2016-2017), han afectado seriamente el apoyo popular. Su aprobación en las últimas semanas apenas llegaba a un 20%.
El país ha vivido una fase de gran incertidumbre que incrementa las contradicciones y desequilibrios en el sistema político peruano, que se han multiplicado en los últimos años; empero, había reinado la convicción de que no estaba en juego la estabilidad del sistema y, mucho menos, el modelo económico de apertura y prosperidad imperante desde los años noventa. Ahora bien, pareciera que la situación se está complicando significativamente, los graves problemas sociales de exclusión y marginalidad están siendo potenciados por las perversas consecuencias sociales de la pandemia del covid-19.
Las erráticas actuaciones de los políticos, particularmente de la institución parlamentaria, el creciente enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el deterioro de los partidos políticos; la creciente corrupción y, desde el plano global, la caída de los precios de las materias primas y de la demanda; están generando un panorama desalentador para Perú.
La decisión adoptada por el Congreso de destituir a Vizcarra plantea diversas inquietudes. Desde la perspectiva jurídica, se aprecia la falta de precisión del concepto de incapacidad moral, que se presta a múltiples interpretaciones y, finalmente, como ocurrió el pasado 09 de noviembre, se reduce a que, mediante negociaciones, se pueda lograr la mayoría calificada de 87 votos para aprobar la vacancia. En este contexto, la Corte Constitucional podría anular la destitución de Vizcarra.
Desde la perspectiva política, los enfrentamientos con el Congreso fueron una constante en el corto tiempo que llevaba Martín Vizcarra en la Presidencia. Recordemos que asume el cargo debido a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien era objeto de una potencial moción de censura por negocios oscuros de la empresa brasileña Odebrecht. Por otra parte, el presidente Vizcarra, al enfrentar una votación por cuestión de confianza en el 2019, decidió disolver el Congreso y convocar elecciones extraordinarias.
Luego, enfrentó una primera moción de censura (septiembre 2020) promovida por el presidente del Congreso Manuel Merino, pero no fue posible lograr los 87 votos de la mayoría calificada; después, en el segundo intento, sorprendentemente se superó de forma significativa dicha mayoría y el Presidente fue destituido por 105 votos.
La destitución confirma la ausencia de apoyo de partidos políticos en el Congreso a Vizcarra, quien no conformó un movimiento político para las recientes elecciones parlamentarias extraordinarias. Este vacío político ha facilitado el objetivo de destitución, vía incapacidad moral, que se propuso el señor Merino desde que asumió la presidencia del Congreso.
La compleja situación que está viviendo Perú la resume Diego García como la “convergencia de apetitos de poder, corruptelas, demagogia y ambiciones deleznables”. En este contexto, la decisión del Congreso exacerba las tensiones e incrementa el rechazo popular por la institución parlamentaria. Cuando el país está enfrentando problemas tan acuciantes, los parlamentarios están ocupados de sus agendas e intereses personales, evidenciando una marcada insensibilidad frente a los graves problemas nacionales.
El pueblo está alzado y pudiera ser manipulado, permitir que las condiciones avancen a un vandalismo o anarquía podría tener consecuencias impredecibles. Perú exige de una unidad institucional para fortalecer la frágil democracia, es el momento para los estadistas preocupados por el país y no para los que se ocupan tan solo de sus intereses personales.
Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.
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