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¿Corre peligro la dolarización a la venezolana?

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La polémica desatada por la decisión del Banco Central de Venezuela de prohibir a la banca generar productos y servicios que permitan hacer compras de bienes y servicios en divisas contra las cuentas locales en moneda extranjera de sus titulares muestra uno de los problemas medulares que afectan a la economía venezolana.

Ese problema es la ausencia de coherencia institucional y ahora la Ley Antibloqueo viene para introducir una mayor incertidumbre. El mejor remedio para enfrentar los inconvenientes causados por la desinstitucionalización es buscar la información más certera y responsable, así como interpretar las normas más en función de lo que dicen que a partir de sus posibles implicaciones, lo que no significa obviar todas las consecuencias razonables que se pueden derivar de una norma.

Lo que dijo el BCV es que no se pueden hacer consumos en divisas contra las cuentas en moneda extranjera en la banca local porque no se ha definido un mecanismo de compensación para esas operaciones, y aclaró que no ha autorizado a proveedores NO BANCARIOS de medios de pago a procesar operaciones en divisas.

A nuestro juicio, esto es más una advertencia que una medida que busque imponer nuevas restricciones a la dolarización transaccional que avanza a su aire en Venezuela, incluso con la bendición del gobierno, ratificada, además, implícitamente en la Ley Antibloqueo, donde se impone un enfoque aparentemente más pragmático en el manejo de la economía.

En consecuencia, la dolarización no está en riesgo y posiblemente no lo esté por mucho tiempo. Hay que advertir, no obstante, que no se trata de un proceso jurídicamente establecido, por lo que el riesgo de obstrucciones, limitaciones, e incluso reversiones en algunas materias y decisiones siempre estará presente. Jugar “posición adelantada”, en consecuencia, no parece recomendable.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el seno de la coalición gobernante hay diversas opiniones sobre la gestión económica, y lo ideológico puede ser “desaplicado”, según convenga, pero permanece en el fondo del discusión.

Parte de ese debate interno tiene que ver justamente con la conveniencia o no de que la moneda del “enemigo” se haya convertido en el medio de pago y unidad de valor por excelencia en la economía nacional, por lo que existen fuertes y crecientes presiones para que se tomen medidas para imponer el uso del Petro y relanzar el bolívar.

Pero, la realidad hace inviable esas propuestas, de manera que el reinado de la divisa estadounidense en la economía venezolana se mantendrá mientras persistan la extrema debilidad financiera del gobierno, la incapacidad de rescatar la actividad petrolera y el país permanezca excluido de la comunidad financiera internacional, además de señalar que el venezolano ha perdido confianza en la moneda nacional restándole al bolivar las principales cualidades que debe tener una moneda, como medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor, entre otros motivos de peso.

Hay que recordar datos importantes, como que 54% de las captaciones del público de la banca nacional en septiembre se contabilizan en moneda extranjera. Esos depósitos fueron equivalentes a 725 millones de dólares, mientras que la liquidez, emitida en bolívares, en poder de público es equivalente a 501 millones, según el corte más reciente. Es de resaltar que del total de estas captaciones, unos 586 millones de dólares están colocados en cuentas que se rigen bajo el antiguo convenio cambiario 20.

En el Informe Privado de Aristimuño Herrera & Asociados de esta semana analiza no solo la diatriba a partir del comunicado del BCV en el cual ordena no activar productos de pago en el territorio nacional contra cuentas en divisas mantenidas en la banca venezolana, sino los escenarios de la dolarización como situación económica determinante.

Más allá del discurso, el dólar no puede ser sustituido como moneda dominante en la economía, a menos que se emprenda una gran reforma económica, en sentido amplio; es decir, que cambie las reglas monetarias, reequilibre la macroeconomía y haga una amplia reforma microeconómica que permita aprovechar el potencial productivo del país con políticas de libertad de mercado y regulaciones adecuadas.

 

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