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Conatel hay 28 usuarios de internet por cada 100 habitantes

 

Gobierno pide a Movistar, Digitel y Movilnet ampliar ancho de banda de Internet

El presidente Nicolás Maduro instó a que la tele-educación sea el epicentro de una política renovadora e innovadora en el campo de la educación, utilizando todos los mecanismos disponibles.

Para alcanzar esta meta, encargó al ministro Ñáñez para que se amplíe el ancho de banda del internet para la disposición de los estudiantes, por lo que ha conversado con las compañías de telefonía privada como Movistar, Digitel y Movilnet.

«Necesitamos una revolución del internet que acompañe a la revolución educativa y cultural de Venezuela, porque la pandemia va a durar», manifestó.

La revolución en Internet se ve cuesta arriba si se miran las cifras más recientes reportadas por Conatel, las cuales revelan un uso de internet residencial de apenas 28 usuarios por cada 100 habitantes al cierre de 2019, y en caída constante desde el primer trimestre de 2018.

Aunque las inversiones aumentan en bolívares, lo cierto es que, en términos reales, la caída ha sido superior a 50%. Las compañías privadas del sector operan con rentabilidades muy bajas, debido a que las tarifas son controladas por el regulador y todos los servicios se ofrecen a costos fuertemente subsidiados.

Expresadas al tipo de cambio oficial, las inversiones en el sector ascendieron a apenas 24,8 millones de dólares.

Banca y Negocios

Freedom House: Cuba y Venezuela los países con el internet menos libre de la región

La pandemia del coronavirus ha sido utilizada por gobiernos de varios países del mundo para aumentar la vigilancia sobre su población y restringir la libertad en la red.

Algunos gobiernos de países alrededor del mundo han usado la pandemia del coronavirus como excusa para expandir la vigilancia online de su población, colectar datos y limitar la libertad de expresión. China es la nación del mundo que más ha limitado la libertad en la red a nivel global y Venezuela y Cuba a nivel del continente americano.

Así lo indicó el informe anual de la organización Freedom House publicado el miércoles, exponiendo que la libertad en la web empeoró a nivel mundial por décimo año consecutivo y, en el último año, el rápido desarrollo de la Inteligencia Artificial, junto con la vigilancia biométrica usada por los gobiernos para enfrentar la pandemia han creado “nuevos riesgos para los derechos humanos”, explica el texto.

El texto sostiene que las autoridades de docenas de países han citado la COVID-19 “para justificar la ampliación de los poderes de vigilancia y el despliegue de nuevas tecnologías que alguna vez se consideraron demasiado intrusivas”.

Como resultado, la libertad en Internet ha empeorado en 26 de los 65 países cubiertos por el informe, mientras que solo 22 registraron mejorías.

“La pandemia está acelerando la dependencia de la sociedad en las tecnologías digitales en un momento en el que el internet es cada vez menos libre”, dijo Michael Abramovitz, el presidente de la organización en un comunicado. “Sin suficientes amparos para la privacidad y el estado de derecho, estas tecnologías pueden ser fácilmente reutilizadas para la represión política”.

Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Rusia, Uzbekistán, Pakistán e Irán también entraron en la categoría de “no libres”.

La llamada cibersoberanía, los esfuerzos de los gobiernos para ejercer control sobre internet dentro de sus propias fronteras, ha ido en aumento en todo el mundo, incluso en Rusia, donde el gobierno ruso continuó “afinando su aparato de censura en línea”, afirma el informe.

En Irán, el gobierno ordenó un cierre casi total luego de oleadas de protestas en todo el país en noviembre de 2019, indica el texto de Freedom House.

Venezuela tuvo la mayor disminución en un periodo de cinco años

Venezuela es el país del mundo que experimentó la mayor disminución de libertad en la red en los últimos cinco años, de 12 puntos en el 2020, en comparación con las cifras del 2016.

Según describe el informe, el presidente Nicolás Maduro sumó la censura con la propagación de falsedades, diciendo por ejemplo que el virus era un arma “bioterrorista”, en particular señalando a los venezolanos retornados desde Colombia. Además promovió “falsedades” como que el COVID “podía ser tratado con un té casero de limoncillo”.

El informe también señaló el bloqueo por parte de las autoridades del gobierno en disputa de una página web creada por el presidente interino, Juan Guaidó, para dar información sobre la pandemia, y el arresto temporal de varios periodistas que informaron sobre el virus.

El reporte de Freedom House coloca además a Cuba, el otro país del continente que obtuvo la calificación de “no libre”, junto con Venezuela, en el top 10 de los países con mayores restricciones en la web.

China, el país con el internet menos libre

El gobierno chino, citada en el informe como el país con peor puntuación en términos de acceso al internet, es un ejemplo de este riesgo. China resultó el país peor clasificado por sexto año consecutivo.

Durante la pandemia, explica el informe, las autoridades chinas combinaron distintas tecnologías no solo para controlar el brote del COVID-19 sino también para impedir que los usuarios compartieran información de fuentes independientes y retaran la narrativa oficial.

“Con la llegada del COVID-19, cada componente del aparato del régimen para el control—incluyendo la censura automatizada, vigilancia de alta tecnología y arrestos a gran escala—se activó”, describe el informe.

En su reporte, la organización Freedom House califica y estudia la libertad en la red en 65 países del mundo, teniendo en cuenta los obstáculos para acceder a la red, los límites en el contenido y las violaciones a los derechos de los usuarios.

Libertad en la red en EE.UU. cae por cuarto año consecutivo

Aunque está entre los 10 países del mundo donde existe la mayor libertad en internet, esta se ha visto restringida en los últimos años, desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Según el informe, las autoridades federales y la policía amenazaron las libertades constitucionales y llevaron a los tribunales a individuos por actividades durante las protestas, que se extendieron en los 50 estados, en contra de la violencia policial y el racismo.

El reporte señaló específicamente la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump para limitar el poder de las redes sociales y su uso de Twitter, en donde ha propagado desinformación y contenido “inflamatorio”.

“Las órdenes ejecutivas para regular las redes sociales (…) ponen en peligro el rol de EE.UU. como un líder de la libertad en internet”, concluyó el informe.

Voz de América

Enrique González: El Ejecutivo Nacional “exige” mayor Ancho de Banda

El portal de noticias especializado en economía y finanzas “Banca y Negocios” informa que “el presidente Nicolás Maduro instó a que la tele-educación sea el epicentro de una política renovadora e innovadora en el campo de la educación, utilizando todos los mecanismos disponibles.

Para alcanzar esta meta, encargó al ministro Ñáñez para que se amplíe el ancho de banda del internet para la disposición de los estudiantes, por lo que ha conversado con las compañías de telefonía privada como Movistar, Digitel y Movilnet.

La revolución en Internet se ve cuesta arriba si se miran las cifras más recientes reportadas por Conatel, las cuales revelan un uso de internet residencial de apenas 28 usuarios por cada 100 habitantes al cierre de 2019, y en caída constante desde el primer trimestre de 2018.

Aunque las inversiones aumentan en bolívares, lo cierto es que, en términos reales, la caída ha sido superior a 50%. Las compañías privadas del sector operan con rentabilidades muy bajas, debido a que las tarifas son controladas por el regulador y todos los servicios se ofrecen a costos fuertemente subsidiados.”

Lamentablemente por un lado va el discurso oficial y por el otro, muy distinto, sus actos y las políticas públicas.

“No existe almuerzo gratis”, constituye una frase y una máxima en economía. En materia de provisión de bienes y servicios deben utilizarse recursos, insumos, inversiones y factores productivos que resultan escasos y en consecuencia costosos, y su financiamiento debe provenir de alguna parte. Precios bajos y gratuidad no implica costos nulos, y esto explica otra máxima en economía: “el bien más caro es aquel que no se tiene”.

Ahora que la pandemia Covid-19 ha dejado manifiesto el bajo desarrollo, calidad, capacidad y penetración de la infraestructura para proveer servicios TICs en Venezuela, específicamente servicio de Internet, el Ejecutivo Nacional le “solicita” a los operadores mayores inversiones en Ancho de Banda. La pandemia no sólo ha exigido circunstancialmente soluciones que aceleran lo que ha sido una tendencia a nivel mundial, la digitalización; sino que ha constituido una especie de “experimento natural” por medio del cual la sociedad ha aprendido y entendido que numerosas actividades, trabajos y servicios pueden migrarse y desarrollarse perfecta y eficientemente en un mundo digital a distancia. Adicionalmente, muchas plataformas, incluso algunas que previo a la pandemia resultaban mayoritariamente desconocidas, dado el confinamiento, se les creó una situación a favor que les facilitó crear y obtener las masas críticas de miembros así como generar los efectos de red  que dichos modelos de negocio suelen requerir para posicionarse en sus mercados.

En los países desarrollados desde hace más de un lustro existe una verdadera preocupación por estudiar, analizar y diseñar un marco institucional y de políticas públicas que les permita incentivar y fomentar el despliegue de infraestructura y el desarrollo de servicios de Internet, así como servicios TICs. De hecho, la “obsesión”, como en el caso europeo no se circunscribe únicamente al desarrollo de redes de nueva generación (NGN) para facilitar la prestación de servicios de Internet así como otros servicios en convergencia, sino que se habla de una “Soberanía Digital” referida al enorme desarrollo de las plataformas, de los servicios de valor agregado y la acumulación de datos valiosos bajo protocolo IP.

La desconexión de los venezolanos de los servicios públicos y de red de toda naturaleza no es nueva. Las empresas, así como expertos han denunciado que dicha tragedia no responde únicamente a la depauperación de la demanda producto de políticas macroeconómicas erradas y distorsionantes, sino incluso producto de políticas públicas sectoriales y regulatorias erradas o ante la ausencia de políticas de fomento como las que se aplican en el resto del mundo.

Como de costumbre el Ejecutivo Nacional llega tarde y lo hace en el plano de lo discursivo. CONATEL ha impuesto un régimen de ralentización de los ajustes de tarifas por parte de operadores nacionales propietarios de infraestructura que compromete no sólo el despliegue de mayores y nuevas redes, sino la continuidad de los servicios hasta ahora prestados.

La corresponsabilidad tarifaria de los usuarios, un régimen de competencia en convergencia, así como un marco normativo que fomente el despliegue de NGN, su compartición y co-inversión -basados en criterios de “Acceso Abierto” u “Open Access”-, resultan principios e institutos jurídicos estándares o “commodities”, que complementados con una política de competencia técnica y activa pueden balancear incentivos ex ante y ex post en favor del funcionamiento eficiente del sector TICs.

El desarrollo del sector TICs presenta nuevos y enormes retos para los gobiernos verdaderamente preocupados por dar acceso a este universo de servicios a sus ciudadanos en favor de su calidad de vida.

Por ejemplo, la transformación de la organización industrial en dicho sector ha supuesto un unbundling o una separación entre infraestructura y servicios en capas que pueden ser desarrolladas por distintos agentes económicos difiriendo del colapso en un mismo operador como lo suponía en el pasado. Esta nueva realidad complica crear y alinear perfectamente incentivos entre el despliegue de infraestructura y el desarrollo de servicios OTT (Over-The-Top) para referirnos puntualmente al Internet.

En Venezuela lo anterior resulta más que dramático cuando el regulador sectorial se politiza y la ralentización de los ajustes de las tarifas por los servicios prestados por los licenciatarios operadores constituye una política redistributiva y clientelar en detrimento de la eficiencia de dichos sectores y de los incentivos a desplegar nueva infraestructura. Lo verdaderamente lamentable e increíble es que muchos usuarios en Venezuela demandan y pagan a precios internacionales servicios OTT mientras a sus proveedores de infraestructura domésticos CONATEL le mantiene las tarifas congeladas o peor aún en disminución en términos reales.

Economista UCV

 

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