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La recolonización indígena y el ecocidio del Arco Minero del Orinoco

 

El Arco Minero del Orinoco, uno de los planes bandera del gobierno de Nicolás Maduro para obtener las divisas que la malograda industria petrolera dejó de aportar, ha significado, además del ecocidio de una de las principales reservas naturales de Venezuela, una involución social sin precedentes enmarcada en la recolonización indígena y su esclavitud a manos de los grupos delincuenciales que dominan el negocio.

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Destrucción y recolonización indígena. Es la mejor manera de describir lo que ocurre en las zonas donde la llamada revolución bolivariana ha permitido la actividad minera; en especial en los espacios donde el ecocidio del Arco Minero del Orinoco avanza sin control.

“El Arco Minero, ubicado en Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro con Sierra Imataca, afecta prácticamente 50% del territorio nacional. Originalmente se había destinado 12% de la superficie nacional, pero se ha ido expandiendo exponencialmente hasta abarcar todo el estado Bolívar, afectando nuestros parques, todas las etnias indígenas que allí habitan, la hidroeléctrica de Guri y por supuesto, la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos de esa zona”, alerta el diputado Américo De Grazia.

Americo De Grazia fue alcalde (dos períodos) del Municipio Piar del estado Bolívar. Actualmente es diputado por el circuito 3 de esa entidad.

La recolonización indígena

Según el parlamentario por el estado Bolívar, además del envenenamiento del agua y de la fauna silvestre con mercurio y cianuro; la presencia de grupos irregulares como la organización islámica musulmana chií Hezbolá y la yihadista Hamas; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las extintas FARC (ambos de Colombia); garimpeiros brasileños; así como del hampa común, en la zona se está produciendo una recolonización indígena.

“Cuando la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, menciona y hace un capítulo especial en relación a lo que ocurre en el arco minero es porque de las 55 etnias que habitan el territorio nacional, 33 están al sur del Orinoco y por supuesto son víctimas directas. Son desplazados, enfermados, contaminados, envenenadas sus aguas y además son esclavizados y recolonizados”.

Explica el parlamentario que los grupos irregulares seducen a los habitantes autóctonos ofreciéndoles apoyo para explotar los recursos minerales.

“Así comienza lo que nosotros hemos dado a llamar la recolonización indígena que guarda estrecha relación con la violencia, porque una vez que los indígenas muerden el peine y entran en la vorágine de la minería entonces difícilmente salen y las únicas opciones que les quedan es ser desplazados, esclavizados o muertos”.

Afirma que los grupos que dirigen la actividad minera orquestan la anarquía para imponer ‘su ley’. “Inventan ataques de irregulares que supuestamente quieren tomar sus tierras y le ofrecen a los indígenas protección, que no es otra cosa sino es llevar a otros malandros a la zona. Todo es un teatro de operaciones para finalmente desplazar a los pueblos indígenas que terminan viviendo en vertederos de basura”.

Etnocidio por omisión

Coincide con el parlamentario el doctor en derecho Allan Brewer Carías, quien asegura que además del ecocidio que ocurre al sur del Orinoco se produce un «etnocidio» de los pueblos ancestrales producto de la política deliberada y de omisión por parte del Estado.

«Existe una situación de emergencia humanitaria compleja creada por el Estado. Toda la barbarie y el daño irreversible que se ha producido en la zona conocida como el Arco Minero es producto de una política de Estado».

Allan Brewer Carías es profesor emérito de la UCV, ha sido docente en la Universidad de Cambridge, así como en las Universidades Paris II y Paris X y en la Universidad de Columbia, Nueva York.

Durante su participación en la video conferencia «Minería ilegal en el escudo de la Guayana venezolana», organizada por Universitas Fundación, Brewer Carías afirmó que el Estado venezolano es el primer depredador del ambiente «y para ello viola absolutamente todo lo que pueda indicar el ordenamiento jurídico nacional».

Añade que en el decreto N° 2.248 donde se  oficializó en 2016 la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” solo se mencionan las palabras «ambiente» e «indígena» una y dos veces, respectivamente.

«No aparece en el decreto el impacto ambiental, estudios sobre el impacto ambiental y concesiones menos. Todo eso desaparece y se crea una gran zona con el único objetivo de que el Ejecutivo nacional, a través de mecanismos previstos en ese decreto con una Dirección General de Gestión Territorial haga lo que quiera».

Agrega que «con gran ironía», en la Gaceta Oficial N° 40.855 donde fue incluido el decreto sobre el Arco Minero, está publicado el Reglamento Orgánico del Ministerio de Ecosocialismo, «sin embargo, nada de lo que allí está previsto se cumple».

La «fantasmagórica» Camimpeg

Para Brewer en el marco de toda la ilegalidad adelantada con la creación del Arco Minero, se suma el otorgamiento de permisos a una «fantasmagórica» empresa militar creada en tiempos de paz: la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

«Todo el ámbito que le correspondía al Ministerio de Energía se le otorgó a los militares para que desarrollen actividades mineras con una empresa militar. ¿Cuando se creó esa empresa? Dos semanas antes de la creación del arco minero, muy coincidente».

Al respecto, según la información que maneja el diputado De Grazia, la recolonización indígena ocurre con la venia de la Fuerza Armada Nacional (FAN) a través de la Camimpeg.

“Hay un cóctel de violencia con una injerencia directa por parte de los cuerpos de seguridad, fundamentalmente de la FAN, que son dirigidas por el cartel de los Soles y cuyo instrumento es el Caminpeg que opera y entrega las zonas de operaciones a los grupos delincuenciales”.

Asegura que durante la era de Hugo Chávez (1999-2013) y Francisco Rangel Gómez (gobernador del estado Bolívar 2004-2017) las zonas mineras fueron entregadas a los llamados pranes, a quienes ahora Nicolás Maduro quiere sustituir con el ELN “porque son mucho más fieles y leales desde el punto de vista político”.

“Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino López. Antes lo fue Hugo Chávez y Francisco Rangel Gómez (ex gobernador de Bolívar) son los responsables directos. Esto cambia en la medida que van mutando también las circunstancias y por supuesto, el componente militar y la complicidad, no la lealtad, sino la complicidad de las Fuerzas Armadas hacia el cártel de los Soles, de la élite militar, de la cúpula militar que hace vida activa en esa vasta extensión de territorio”.

Sin derechos

En 1998, durante la campaña presidencial, una de las banderas enarboladas por el entonces candidato Hugo Chávez fue la constituyente “ecológica”que planteaba, entre otros puntos, el respeto a los pueblos indígenas y la protección a la biodiversidad a fin de lograr una sociedad ambientalmente sustentable.

Un volante de un acto ecológico realizado por el entonces candidato Hugo Chávez en noviembre de 1998.

22 años después los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de 1999 quedaron en el olvido. Según De Grazia actualmente se violan todos.

“A la consulta, a que se les respete sus tierras, sus espacios, su lengua, su cultura y en especial a vivir en paz. Todo esto se violenta cuando se le cobra, por ejemplo, en especies, los servicios y transporte, cuando le ocupan de manera forzosa todos sus espacios, induciéndolos y desplazándolos. Es una situación similar a la que seguramente se vivía en la época de la colonia y por eso decimos que hemos retrocedido, se ha dado un salto histórico sin precedentes en nuestra república”.

Asegura que en la zona se produce trata de personas, violaciones a mujeres, fundamentalmente a las indígenas, y esclavización de los niños sin que las autoridades hagan algo al respecto.

Por su parte, Allan Brewer Carías recuerda que Venezuela es quizás el único país del mundo que tiene en su Constitución artículos que contemplan el derecho ambiental y lo referente a la protección a los pueblos indígenas.

«En la Constitución se establece que cualquier actividad susceptible a degradar el ambiente tiene que estar precedida de un estudio de impacto ambiental. Tiene que haber siempre una consulta previa de las comunidades indígenas para el aprovechamiento de los recursos naturales. Eso es lo que dice la Constitución pero nada de esto se cumple».

Añade que además de la Carta Magna se desarrolló todo un marco legal (Leyes de Minas; Orgánica del Ambiente; Orgánica de Ordenación del Territorio; Delitos Ambientales; Gestión de la Diversidad Biológica) que ha sido absolutamente desconocido.

El jurista asegura además que el gobierno de Maduro solo tomó en cuenta la Ley de regionalización integral para el desarrollo socioproductivo de la Patria. «todas las demás leyes se ignoraron. Se crea el acto minero no para planificar el desarrollo de la zona, sino para que pudiera el Estado de manera simplificada promover la destrucción».

Daños irreversibles

El diputado De Gracia advierte además acerca de los daños a la salud que produce el uso de sustancias altamente tóxicas como el mercurio y cianuro en la actividad minera.

Así lucen buena parte de las zonas donde se realiza la minería al sur del Orinoco.

“Al manejar inapropiadamente estas sustancias, al verterlas en nuestras aguas las envenenan, no podemos beberlas, los peces se contaminan y cuando son consumidos provocan consecuencias irreversibles en materia de salud, afectaciones que van desde enfermedades en la piel hasta trastornos psíquicos”.

Añade además que se ha incrementado la transmisión de enfermedades reemergentes como la malaria, el sarampión y la tuberculosis.

“En los años 60 Venezuela fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el primer país del mundo libre de malaria, y hoy volvemos a ser líderes en malaria en el mundo entero. De hecho, la mayor concentración de malaria en Venezuela se concentra al sur del Orinoco, afectando fundamentalmente a los pueblos indígenas».

Al respecto, la doctora María Eugenia Grillet asegura que si bien la deforestación que genera la minería extractiva afecta e impacta negativamente la biodiversidad, contradictoriamente promueve la abundancia de ciertas especies como son los mosquitos vectores de la malaria.

«Las pozas de agua que utilizan los mineros para la extracción del oro son luego abandonadas y colonizadas por esta especie de zancudos que en estrecho contacto con los mineros aumenta la transmisión de esta enfermedad, así como la propagación tanto en el área local como en el área regional».

María Eugenia Grillet es Ph.D en Ecología y profesora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la UCV.

Grillet, quien también participó en la video conferencia «Minería ilegal en el escudo de la Guayana venezolana», organizada por Universitas Fundación, asegura que en los últimos 20 años, asociado con el aumento de la deforestación, se ha producido un incremento significativo en la curva de casos malaria en toda la región del sur del Orinoco.

«La intensidad de la malaria ha estado focalizada en una parroquia en particular, San Isidro, que es donde se encuentra la Claritas. En estas zona, conforme se ha perdido áreas de bosque de 2007 a 2017 por el orden de las tres mil 58 hectáreas ha aumentado significativamente en 746% la malaria».Según Grillet, la minería es el principal factor socio económico promotor de esta enfermedad infecciosa. «En un análisis sobre la casuística de malaria en estas zonas se encuentra en que la mayoría de los casos siempre están concentrados en personas que practican la minería con edades entre los 21 y 40 años principalmente».

Explica que entre 2015 y 2017 Venezuela acumuló aproximadamente 300 mil casos de malaria lo cual fue considerado en el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los incrementos más significativos a escala global.

Sin electricidad ni parques

Américo De Gracia asegura por otra parte que una de las principales consecuencias a mediano y largo plazo del modelo de minería chavista es que el país se va a quedar sin la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, con las consecuencias que esto significaría para el ya malogrado Sistema Interconectado Nacional (SIN).

“Se está afectando las cuencas hidrográficas del río Icabarú, el Paragua y el Caroní, que son afluentes directos del lago Guri que es el embalse que sostiene la producción hidroeléctrica en Venezuela”. Además, Parques Nacionales como el Yapacana y Canaima, que son patrimonio de la humanidad, quedarán inutilizados.

“Estamos perdiendo bosques y estamos afectando también el clima, envenenando nuestras aguas”. Afirma que ya hoy las poblaciones de Guasipati y El Callao perdieron sus tomas de agua porque el río que las surtía está tan contaminado de mercurio que es imposible tratar el líquido que de ahí emana.

“Prácticamente tuvieron que cerrar la planta de tratamiento, al extremo que hoy Guasipati y El Callao consumen agua transportada en camiones cisternas o de aljibes (pozos artesanales), como se hacía en épocas de colonia. Hemos ido retrocediendo dramáticamente”.

Actividad quirúrgica

Si se hace un símil con la medicina, según De Grazia, la actividad minera debería ser como una cirugía de alta complejidad, «no una carnicería como ocurre hoy. No se le puede a un paciente que tiene un tumor en el cerebro cortarle la cabeza, y eso es precisamente lo que se viene haciendo en esta barbarie que llaman el Arco Minero del Orinoco».

Añade que se debe superar «y por eso decimos que no basta ni es suficiente con salir de Maduro», el modelo rentista, «la economía parasitaria de vivir justamente de lo que produce el subsuelo y no de lo que producen sus ciudadanos, que es de lo que vive cualquier país libre del mundo. Es un cambio de paradigma y por eso es que tenemos que seguir elevando la voz en relación a este tema».

 

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