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Carlos Mendoza Pottellá: Proyecto de Ley de Hidrocarburos

 

Forja de una Nación minusválida

Un lector de mi anterior trabajo “Antiestatismo Petrolero…” Antiestatismo petrolero: Máscara de lo antinacional me alerta, con la razón que le asiste como doliente directo del destino de PDVSA, sobre una omisión grave en el listado que hice de los retrocesos institucionales que se promueven en el  Anteproyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos:  justamente, las disposiciones que convierten a la empresa estatal en una operadora de segunda, la que recogerá los mendrugos que dejen de lado las nuevas “asignatarias” privadas de las “actividades delegadas” (concesionarios y concesiones, en la Neolengua restauradora).

En efecto, en el referido Anteproyecto se materializa el designio neoliberal de apartar al Estado y a la Nación de la gestión directa de sus recursos hidrocarburíferos.

La minimización de PDVSA es apenas una parte de esa añeja voluntad, tal como lo referí en la cita que ahora vuelvo a transcribir:

Será preciso que PDVSA deje de ser una operadora y convertirla en una excelente administradora de los Contratos de Producción Compartida (“Production Sharings”), en nombre de los propietarios del recurso, todos los ciudadanos.”  [Diego González CruzPropuestas para Venezuela. Cómo rescatar a la industria petrolera nacional. CEDICE Libertad. Caracas 2016]

El Anteproyecto de marras –ANLOH en lo sucesivo- va mucho más lejos que esta fórmula CEDICE, porque en el mismo, las atribuciones de administración de los Production Sharings Agreements son adjudicadas a una superpoderosa Agencia Venezolana de Hidrocarburos, autónoma y no sujeta al control de los poderes públicos nacionales.

PDVSA quedará reducida a ser una operadora de segunda instancia: sólo tendrá posibilidad de gestión directa en los lotes residuales, aquellos poco atractivos para los inversionistas privados y al alcance de sus menguadas capacidades financieras y operativas… según lo disponga la AVH.

El ANLOH y su Agencia tienen implicaciones generales mucho más graves y de largo plazo.

Ratifico aquí mi observación de que este tema debe ser abordado nacionalmente, en debate público y con participación de autoridades reconocidas en materias legales, financieras, socioeconómicas, históricas y constitucionales y no, como pretenden los proyectistas, exclusivamente entre expertos en exploración, producción, refinación, “procura”, comercio y suministro y las demás actividades operativas.

De hecho, en mi opinión reiterada, que transcribo con todas las limitaciones personales del caso, este anteproyecto es el último intento de  consumación de un proceso de deterioro de la capacidad nacional de control y fiscalización de su industria petrolera que se inició, paradójicamente, en 1976, con la reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos:

Como ya referí, una “nacionalización precautelativa” diseñada por los estrategas energéticos de “Occidente”, principalmente norteamericanos, para prevenir las explosiones del nacionalismo radical y garantizar su seguridad energética, con la cual se frustró la reversión incondicional de las concesiones petroleras, prevista por la Ley de Hidrocarburos desde 1943.  Carlos Mendoza Pottellá: Política petrolera venezolana.

Esa reversión había sido ratificada con la política de “no más concesiones” propugnada por el Doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo y convertida en norma constitucional en 1961. Reversión para cuya materialización a partir de 1983, al cumplirse los 40 años de las primeras concesiones otorgadas bajo imperio de aquella Ley,  ya se habían tomado en 1973 las previsiones legales que  garantizaban una transición cabal a manos nacionales de todos los activos de esa industria.

A este proceso, del cual hago aquí un apretado resumen, me he referido muchas veces, en mis obras  “De las Concesiones a los Contratos…” 1983, “El Poder Petrolero…” 1995, “Crítica Petrolera… 2000, “Nacionalismo Petrolero en Cuatro Décadas”, 2017 

Y  lo he comentado recientemente en mis últimos artículos, “PDVSA “Ad Hoc”, Volviendo a las viejas mañas”, “Agencia para el despojo del patrimonio público”, “Cambalache petrolero: La nueva Apertura de “PDVSA Ad Hoc”, “Los Cadáveres Exquisitos…”, “Antiestatismo…” y otros, recogidos en Aporrea: Carlos Mendoza Potellá.

A partir de 1976 el deterioro institucional se materializó, en particular, en la destrucción del gran aparato de control y fiscalización de las actividades petroleras que fue el Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

En ese Despacho  se había resumido toda la larga trayectoria de vigilancia del interés nacional en las actividades desarrolladas por las empresas extranjeras.

Trayectoria que había iniciado el Ministro de Fomento  Gumersindo Torres en 1930, cuando estableció una oficina técnica de fiscalización de las actividades petroleras, integrada por técnicos y profesionales del área, a los cuales se envió a especializarse en el exterior. Se constituyó así el semillero de los Fiscales de Hidrocarburos, honrosa posición de la que algunos renegaron.

Pues bien, desde 1976 se inició, tal como describí en los trabajos mencionados, el proceso de desmantelamiento de ese Ministerio y el despojo de sus capacidades técnicas. Con ello se satisfacían las peticiones de soberanía de la gerencia  de PDVSA frente a la Nación: Una “meritocracia” de formación y vocación transnacional, constituida desde entonces  como un núcleo generador de iniciativas antiestatales, la cual logró imponer la eliminación de la mayoría de los controles públicos sobre sus actividades al frente de la principal empresa del país.

Un evento paradigmático en este sentido, referido también en el citado “Antiestatismo…”, fue la aceleración de este proceso de desmantelamiento, a partir de 1983, impulsada por el propio titular de ese Despacho, quien conquistó en ese año su “descenso” a la condición de Presidente de PDVSA, liquidando previamente las oficinas técnicas y  transfiriendo las atribuciones ministeriales hacia la empresa de sus sueños presidenciales.

Desde luego, un Ministerio ciego, sin el contingente de fiscales que controlaban la trayectoria hasta los puertos y mercados finales de cada barril de petróleo que salía de los yacimientos, terminó siendo tributario de la información que le pluguiere al ente supuestamente supervisado.

En esta oportunidad, y atendiendo a sugerencias de otro lector, en este caso el jurista que trata de reparar mis dislates en la materia de su especialidad,  debo ampliar, con las limitaciones que impone la crónica periodística, mi particular descripción del esperpento legal que se quiere hacer tragar al país, para rematar estos 44 años de deterioro institucional petrolero.

Y es que, precisamente, con el nuevo ente creado en el Anteproyecto in comento, la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, se repite la misma medicina, ahora aplicada contra PDVSA, al despojarla de su incumbencia en la mayor parte de las actividades de exploración y producción petrolera,  las cuales serán “delegadas” a las “asignatarias” privadas.

Esta novedosa AVH será  el bisturí utilizado en esta minuciosa amputación, pues a ella se  transferirán, en un evento de desguace llamado “Ronda Cero”, todas las actividades de control y fiscalización del Ministerio “sin nombre” encargado de los asuntos petroleros y la facultad para decidir soberanamente cuáles áreas de exploración y producción conservará PDVSA y cuáles serán otorgadas a adjudicatarios privados

“Bajo el nuevo arreglo institucional se llevará a cabo la “Ronda Cero” por parte de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. La “Ronda Cero” busca reordenar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos al traspasar los activos hidrocarburíferos, incluyendo áreas, campos, bienes y facilidades relacionadas con las mencionadas actividades, entre otros, del Ministerio del ramo de los hidrocarburos y aquellos que Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales no se reserven para sí misma, a la Agencia Venezolana de Hidrocarburos para su control, supervisión y administración. La “Ronda Cero” incluirá un proceso de auditoría y consulta con Petróleos de Venezuela S.A. y sus filiales, expertos y autoridades correspondientes acerca de los activos que el Estado mantendrá o se reservará y aquellos que serán traspasados a la Agencia Venezolana de Hidrocarburos para su eventual adjudicación …”

Estos últimos  serán ofrecidos, “con criterios justos… a los inversionistas que estén interesados en ellos, siempre buscando el máximo beneficio económico para la Nación.”

Una premisa que se destaca es que la unificación legal que se establece bajo el paraguas AVH, se hace “…siguiendo con las mejores prácticas internacionales de la industria…” afirmación que me induce a preguntar ¿Cuáles serán ésas “mejores” prácticas? ¿las de Exxon-Mobil, BP, Equinor, ENI, Aramco, Ecopetrol, Rosneft, CNPC, Texas Railroad Commission, AIE, EIA, OMC, Shell u Oxy? Ma… ¿chi lo sa?.

En general, las justificaciones del Anteproyecto conforman  un batiburrillo de afirmaciones contradictorias reunidas a la manera de Cantinflas, pero que todas, supuestamente sustentan la propuesta de “restitución de un modelo de negocios que funcionó exitosamente por 58 años”: la transición energética, la descarbonización, la sustitución de los hidrocarburos, el incremento acelerado de la demanda en un 30% en 10 años por crecimiento de la población, la disminución de las reservas de otros países, el vulnerable equilibrio entre oferta y demanda, la volatilidad del mercado,  la incorporación de crudos de bajos costos y mayor rentabilidad (la soga en la casa del ahorcado), la contribución de los futuros “asignatarios”  a la educación, la experimentación, investigación y el apoyo a las universidades, etc., para concluir, como el más deslenguado vendedor de baratijas ante un auditorio de tarados mentales, que…

“Esta coyuntura representa una oportunidad única para que Venezuela se posicione una vez más en el mercado internacional como un productor petrolero relevante y confiable, siguiendo una estrategia de largo plazo con el objetivo de maximizar los ingresos para la nación, fundamentada en un marco legal y fiscal moderno, flexible, que incentive la inversión para el desarrollo de nuestras enormes reservas de hidrocarburos por las próximas décadas”

Pues bien, ya en el anterior artículo presenté un resumen de las atribuciones que convierten a la AVH en el centro de todas las decisiones en materia de hidrocarburos desde ahora y durante los próximos 45 años, por lo menos.

Ahora creo necesario destacar la gravedad de este monopolio, que no se trata de una simple concentración de atribuciones de varios organismos y empresas del Estado en uno solo, sino en uno que goza de autonomía frente a los poderes del Estado y al cual se le dota de atribuciones extremas.

Veamos algunos ejemplos, en orden de aparición, bastante desordenado, por cierto:

En cuanto a la selección de los “asignatarios”, sociedades mercantiles privadas o mixtas,  que ejercerán las actividades de exploración y producción, según el artículo 14 del ALONH, el mismo establece en su artículo 20 que  

La Asamblea Nacional deberá aprobar mediante acuerdo los Términos y Condiciones del proceso de selección respectivo así propuesto por la Agencia Venezolana de Hidrocarburos.”

Pero su Parágrafo Único establece que para tomar esa decisión la Asamblea Nacional tiene un plazo perentorio de 30 días, transcurridos los cuales la decisión será del Consejo de Ministros.

En otras palabras, la AVH dispone el proceso de selección, lo somete a consulta de la Asamblea Nacional y si ésta se pone con tiquismiquis parlamentarios más allá de 30 días… el Ejecutivo.. en fin de cuentas la soberana AVH, que no tiene quien le ladre en la cueva en ese Poder, tomará la decisión correspondiente.

Esta minusvalía del poder legislativo, al cual simplemente “se le informa” o se le imponen plazos para que “dé su opinión”, se repite en otras incidencias del ANLOH

En el artículo 24 el ANLOH establece el plazo de las nuevas concesiones, ahora “asignaciones de actividades delegadas”: 35 años, más 10 de prórroga. Cinco más que las viejas concesiones y mucho más “liberales” que aquellas, sin un fastidioso cuerpo de fiscales de hidrocarburos husmeando.

Y en el mismo, una guinda para el pastel: la cláusula de arbitraje, violatoria de la Constitución Nacional,  que en su artículo 151 dispone la competencia exclusiva de los tribunales de la República para decidir sobre los litigios en los contratos de interés público.

De hecho,  esta es una muestra de las pretensiones de atribuir a una Agencia petrolera la capacidad de funcionar con una legislación especial, eludiendo las competencias legales y constitucionales de los poderes públicos nacionales, llegando en algunos casos hasta dotarla de la iniciativa para formular leyes.

El ANLOH llega hasta el extremo de ordenar, en su duodécima Disposición Transitoria, como una minucia colateral y en términos perentorios, que

“En un plazo no mayor de  seis  (6)   meses siguientes a la promulgación de esta  Ley, el Ejecutivo Nacional realizará todos los trámites requeridos para la reinserción de la República Bolivariana de Venezuela  en  el sistema internacional de protección de inversiones, y muy especialmente con el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.”

En otras palabras, se pretende decidir por debajo de cuerda sobre un tema que amerita un debate nacional circunstanciado, con sus pro y sus contras, en donde se evalúe la conveniencia de la decisión a tomar en esta materia, la cual abarca ámbitos mucho más amplios que lo específicamente petrolero.

Se pretende dejar colar subrepticiamente la política más conveniente para la “promoción de los negocios” y con ello, la minimización de las competencias de la Nación venezolana.

En los artículos subsiguientes se disponen las áreas a ser asignadas y los términos de los Contratos de Exploración y Producción, elaborados por la AVH y además, otras áreas, destinadas a oferta permanente a los inversionista privados.

En otras palabras, la Agencia dispone de áreas destinadas al otorgamiento de nuevas “asignaciones” cada vez que ello sea solicitado por los inversionistas privados y sin engorrosas deliberaciones de políticos sin oficio.

En el artículo 29 se establece el porcentaje que percibirá la Nación como Regalía, en tanto que propietaria de los recursos de hidrocarburos, por los volúmenes de hidrocarburos extraídos: 16,67%, el cual puede ser reducido hasta 5%  por petición de los asignatarios y de acuerdo con los criterios de la AVH. Y en el artículo 30, para el caso del gas natural, esa Regalía puede ser reducida hasta un 1%.

Los proponentes satisfacen así la mentirosa conseja CEDICE sobre el exagerado “government take” venezolano… “lo que el gobierno se coge…”, para impulsar la “competitividad” que mencionan casi cada cuatro párrafos como  justificación fundamental del ANLOH.

Precisamente, en el Artículo 35 se establece un nuevo hito de esa competitividad y estímulo a la inversión:

Los Municipios no podrán gravar las actividades de exploración y producción, así como su transporte y almacenamiento de los hidrocarburos en su estado natural”.

El Artículo 38 dispone que

“Las actividades de refinación, comercialización, transporte y almacenamiento pueden ser realizadas por cualquier sociedad mercantil, pública o privada… mediante autorizaciones otorgadas por la AVH.”

Los artículos 42 y 43, referidos al mercado interno, son generosamente dejados al arbitrio del Ministerio sin nombre.

En el Artículo 46 se establece que la propiedad de los hidrocarburos producidos será transferida a las Empresas Asignatarias en boca de pozo… y también se autoriza su comercialización directa por esos participantes…

En el Artículo 50 se reitera por enésima vez el principal atractivo del Anteproyecto:

“El Ejecutivo Nacional dará prioridad a la inversión proveniente de la iniciativa privada…”

Y por fin, después de haberle asignado en los artículos previos todos los roles posibles,  en el artículo 51 aparece la madre del cordero. En él se establece la creación de la AVH y el otorgamiento de sus facultades supremas:

“…como órgano desconcentrado       del Ministerio competente del ramo        de hidrocarburos, con autonomía técnica, presupuestaria y administrativa. La Agencia tendrá a su cargo la implementación técnica de las políticas públicas del sector de hidrocarburos, de acuerdo con las competencias que le otorga la presente Ley.”

Una Agencia cuyos Directores Independientes y su presidente  serán designados por el Presidente de la República, por períodos de 5, 4 y 3 años, renovables, escogiéndolos entre ciudadanos con más de quince años de experiencia en esas actividades.

Es decir, con la asunción tácita de que las experiencias operativas y gerenciales, específicamente petroleras, capacitan automáticamente para tomar decisiones estratégicas, ejecutivas y legislativas, con repercusiones políticas, económicas y sociales nacionales y, peor aún, que esas capacidades no existen entre el resto de los venezolanos: Gumersindo Torres, médico falconiano, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y Juan Pablo Pérez Alfonzo jamás hubieran tenido las calificaciones requeridas para ser miembros de este superpoder petrolero.

Continuando con su desorden expositivo, que maliciosamente sospecho no casual, el ANLOH en su Artículo 52 asigna a la AVH el monopolio de la información técnica y en el 53, hace el listado de las atribuciones que ya había asignado a la AVH  en los artículos anteriores y añade otros tantos.

Remito nuevamente al lector al ya citado “Antiestatismo…” para ver ese listado.

En esta instancia, debo reiterar que mi crítica no se fundamenta en la unificación en un solo organismo estatal  de las atribuciones que fueron dispersadas, también irregularmente durante más de cuatro décadas, como referí anteriormente,  entre PDVSA y el Ministerio de Energía y Petróleo, nombre actual de ese Despacho “del ramo de los hidrocarburos”, que los proyectistas se niegan a mencionar por razones que imagino cabalísticas, al estilo de Lord Voldemort.

De lo que se trata es de la constitución de un organismo autónomo, cuyo funcionamiento soberano viola normas legales y constitucionales que no han sido derogadas, prácticamente  liberado del control de los poderes públicos, para  imposición de una orientación privatista, de minimización de la soberanía nacional y de los poderes del Estado sobre sus recursos petroleros.

Una agencia que redactará, propondrá  y ejecutará sus propias leyes y reglamentos. Que dictará normas e impondrá sanciones. Que redactará, propondrá, dará plazos para su aprobación legislativa y suscribirá de todas maneras, contratos con empresas privadas nacionales y extranjeras. Que decidirá sobre la magnitud de regalías y contribuciones especiales,  pudiendo llevarlas a mínimos inéditos mundialmente.

Lo más peligroso de este proyecto es el momento en el cual se está replanteando algo que, como hemos visto, viene siendo promovido por los centros difusores del neoliberalismo más radical desde los inicios, en 1989, del “fin de la historia”.

Un momento que encuentra a nuestro país en un pozo insondable, donde las esperanzas de redención han sido pospuestas sine die y lo que cuenta es la sobrevivencia diaria, salvarse del COVID 19 y conseguir algunos litros de gasolina dolarizada.

Y en este momento trágico, esta oferta engañosa, verdadero paquete chileno, está siendo vendida como la única oportunidad de realizar el luminoso destino que nos corresponde como los poseedores de las mayores reservas petroleras del mundo.

Por eso no le arriendo la ganancia a mis argumentos:

A las puertas del infierno los vendedores de indulgencias tienen el mercado asegurado.

Aporrea: Carlos Mendoza Potellá

Blog: Carlos Mendoza Potellá

 

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