Independientemente de quién esté al mando en los próximos años, el gobierno de turno se tendrá que enfrentar al agotamiento de los mecanismos de distribución de la renta petrolera como mecanismo de control social, económico y político. De allí la pugna entre Maduro y Guaidó por asegurar el control de los fondos de la República que actualmente están bloqueados en el sistema financiero internacional.
El 28 de enero de 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850 que bloqueó todos los bienes e intereses en propiedad de Pdvsa sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. El 5 de agosto de 2019, Trump emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en su territorio. Citgo está a punto de ser rematada para satisfacer las demandas de los tenedores del Bono 2020, de Crystallex y ConocoPhillips. Por si fuera poco, ni las reservas de oro del BCV que se encuentran en el Banco de Inglaterra y en el Deutsche Bank pueden ser utilizadas ni por Maduro ni por Guaidó. El Banco de Inglaterra congeló casi 1.000 millones de euros de las reservas del BCV y Deutsche Bank tiene congelados 120 millones de euros por un contrato de “swap” o permuta de oro. A pesar de que la AN y el gobierno de Trump le han otorgado a Guaidó la administración de estos activos y fondos, al interinato tampoco le ha resultado fácil utilizar los mismos porque se encuentran bloqueados.
Según cálculos de la Fundación Petróleo por Venezuela y de la encuestadora Hinterlaces, los recursos de la República bloqueados en el exterior se estiman en 5.470 millones de dólares: Esta cifra coincide con los cálculos del equipo de Guaidó. Vanessa Neumann, su representante ante el Reino Unido, reveló que hay más de 5.000 millones de dólares de Venezuela bloqueados en el exterior y cuyo control le están disputando al gobierno de Maduro. José Ignacio Hernández, hasta hace poco procurador especial de Guaidó, también reveló que hay procesos en Europa para tomar el control de esos activos y arrebatarle a Maduro el manejo del dinero público en el exterior. En Londres hay dos juicios y en Portugal hay otro proceso por las cuentas del NovoBanco. En España se pelea por el control de los activos de CVG Internacional que están bloqueados en CaixaBank, Sabadell y Cajamar.
Aunque el gobierno del Reino Unido reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, el Banco de Inglaterra solicitó una aclaratoria para definir a quién otorgar el control de los activos. El fallo del tribunal en este litigio fijará un precedente para que otros bancos liberen los fondos a favor de la parte que resulte favorecida y así dar origen a una suerte de jurisprudencia, toda vez que si se ordena al Banco de Inglaterra entregar los fondos al gobierno de Guaidó, los demás Bancos Centrales tendrían una referencia para traspasarle los fondos bloqueados al gobierno interino y esto terminaría de quitarle a Maduro el control de los activos de la República y de los fondos de las empresas estatales en el exterior. Adicionalmente, una sentencia a favor de Guaidó allanaría el camino para que el interinato –sin tener que pasar por largos y onerosos juicios– también tome el control de los fondos incautados a funcionarios corruptos de los gobiernos de Chávez y Maduro que actualmente están bloqueados en Andorra, Suiza, Holanda y otros países.
Según cálculos de la Fundación Petróleo por Venezuela, un Acuerdo Petrolero Humanitario podría generar un ingreso anual de 8 millardos de dólares que pudieran utilizarse para atender la crisis humanitaria a través de un esquema en el que Venezuela recupera su espacio en el mercado petrolero internacional, siempre y cuando los ingresos sean destinados a atender la emergencia sanitaria y administrados por la institucionalidad internacional: PNUD, OMS, OPS y Cruz Roja Internacional. Los recursos se destinarían a comprar bienes esenciales y su distribución se haría a través de mecanismos despolitizados que impidan su uso clientelar.
Pero Venezuela es un Estado fallido que no funciona. Las élites políticas que se disputan el poder son incapaces de ponerse de acuerdo en un programa básico de interés nacional que evite que la emergencia sanitaria del covid-19 desemboque en una catástrofe humanitaria. El gobierno de Maduro es cada vez más inoperante y la institucionalidad paralela de comisionados, embajadores y procuradores especiales del interinato de Guaidó tampoco ha podido resolver ni un solo problema concreto, ni siquiera ha podido entregar los 100 dólares que prometieron al personal médico y hospitalario que pone en juego sus vidas para enfrentar la pandemia del coronavirus.
