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El TSJ chavista le quitó a la Asamblea Nacional su facultad para nombrar a los miembros del CNE

 

Con esta decisión se deja a la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales

Infobae: La dictadura de Maduro se encamina a otro fraude: la Corte chavista le quitó al Parlamento su poder para elegir a los miembros del Consejo Electoral

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el régimen chavista, declaró que la Asamblea Nacional incurrió en omisión en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo que deja a la mayoría opositora fuera del proceso de elección de las nuevas autoridades de ese organismo. Los rectores del CNE son quienes deben velar por la transparencia en las elecciones y la dictadura de Maduro quiere asegurarse esos puesto de cara a futuros comicios.

La Sala Constitucional del máximo tribunal de la dictadura determinó que el Parlamento, de mayoría opositora, incurrió en “omisión constitucional” en relación al nombramiento de los nuevos directivos del CNE, lo cual se venía discutiendo en un comité del cuerpo legislativo desde hace varios meses, y acordó asumir el desarrollo normativo del Poder Electoral, señala un comunicado del organismo que fue difundido en las redes sociales.

Con esta decisión, se deja a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales, y se cierra el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso.

La sentencia fue emitida pocos días después de que el régimen y el gobierno interino lograran un acuerdo para que la Organización Panamericana de la Salud administre unos fondos de Venezuela que están congelados en el exterior para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que amenaza con generar graves estragos en la nación sudamericana debido a que el sistema de salud está muy deteriorado.

El acuerdo en materia sanitaria había sido considerado un primer paso para un acercamiento entre el régimen y la oposición, que el viernes quedó en entredicho con la sentencia de la Corte.

Al rechazar la decisión, el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Juan Pablo Guanipa, consideró una “farsa” al Tribunal Supremo, y dijo en declaraciones a la prensa que la oposición seguirá luchando ante las acciones del gobierno.

“¿Creen que así van a resolver la grave crisis que han generado?”, se preguntó.

A los cuestionamientos se sumó el presidente del comité de postulaciones electorales de la Asamblea Nacional, Ángel Medina, quien expresó que es un “espejismo” que el gobierno pretenda mantenerse en el poder con la “imposición” de un árbitro electoral y atacando al Poder Legislativo.

Por su parte, el abogado y académico Juan Manuel Raffalli dijo en un mensaje en Twitter que un “CNE designado a dedo” por el Tribunal Supremo y sin amplio acuerdo político “además de nulo, no es parte de la solución sino del problema pues nos aleja de la única solución pacífica que es la elección auténtica de Diputados y del Presidente”.

El máximo tribunal emitió la sentencia un día después que un grupo de organizaciones opositoras minoritarias, que mantiene diálogos con el gobierno, presentó en la Corte una demanda por omisión legislativa de la Asamblea Nacional.

El TSJ dijo que se declara competente “para conocer y resolver la demanda por Omisión Legislativa de la Asamblea Nacional”, entregada esta semana por un grupo de partidos señalados por la oposición venezolana como cercanos al gobierno, y que buscaría escoger a los representantes del organismo electoral.

“La Sala Constitucional (…) admitió de mero derecho y declaró la omisión inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional en desacato, en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, agregó un resumen de la sentencia del TSJ difundido en su página de internet y en sus redes sociales.

El máximo tribunal controlado por el chavismo, ordenó también al Consejo Nacional Electoral “adecuar la normativa” para elegir a los diputados indígenas por el estado Amazonas. La incorporación de esos legisladores fue la excusa que utilizó la Corte del régimen para declarar nulas gran parte de las actuaciones del Parlamento desde 2016, alegando que se incurrió en irregularidades en el proceso electoral, lo que redujo la bancada opositora a 109 integrantes y marcó el inicio de un enfrentamiento entre el Congreso y el Tribunal Supremo, el cual se ha extendido cuatro años y ha implicado una serie de sentencias que han anulado casi todas las leyes y acuerdos aprobados por la mayoría opositora.

La oposición encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tenía representantes en un comité en el que también había legisladores del oficialismo para buscar la designación de las autoridades electorales venezolanas, algunos con sus períodos vencidos.

Pero esos encuentros quedaron congelados en medio de la cuarentena nacional, por el brote del COVID-19, que rige en Venezuela desde el 17 de marzo.

“Lo de hoy obstruye la designación del CNE”, agregó Guanipa.

Opositores han expresado que sin autoridades electorales independientes no hay garantías para comicios transparentes de la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo del país. Más de 50 países reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, cuyo mandato como jefe del Congreso termina el 5 de enero del 2021.

El TSJ del chavismo asume la selección del nuevo CNE

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, a la izquierda, frente a Nicolás Maduro.

Alonso Moleiro – El País: El máximo tribunal de Venezuela asume la selección de la nueva autoridad electoral

El Supremo, controlado por el chavismo, excluye del proceso al Parlamento de mayoría opositora. Para diciembre está prevista la celebración de comicios legislativos

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela excluyó este viernes al Parlamento, de mayoría opositora, del proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Sala Constitucional del alto tribunal emitió una sentencia en la que declara la existencia de una “omisión legislativa” por parte de la Asamblea Nacional para nombrar a los nuevos garantes electorales. Actualmente, la mayoría de los rectores del CNE es afín al Gobierno de Nicolás Maduro. Con esta decisión, el Supremo venezolano, también dentro de la órbita del chavismo, se reserva el nombramiento de los nuevos miembros de la autoridad electoral y le otorga a estas instancias atribuciones legales adicionales para regular los procesos electorales.

La decisión judicial cobra especial relevancia si se toma en cuenta que este año están previstas, de acuerdo con la Constitución, las elecciones legislativas en el país. Maduro ha declarado que su Gobierno hará lo necesario para organizar la consulta en diciembre, “si la pandemia lo permite”. La asistencia a esta cita en las actuales condiciones políticas es descartada de plano por la alianza de partidos que apoya a Juan Guaidó, mayoritaria en el universo de la oposición. Los dirigentes opositores sostienen que las elecciones parlamentarias deben organizarse bajo un acuerdo que incluya también unas nuevas elecciones presidenciales. Su interpretación es que los comicios en los que fue reelecto Maduro, celebrados en mayo de 2018, fueron fraudulentos y han sido desconocidos por casi toda la comunidad internacional.

La sentencia del Supremo asesta un nuevo golpe al poder legislativo venezolano, en teoría el encargado de promover la selección de los miembros del CNE y de los propios magistrados del tribunal. Una vez que la oposición obtuviera una amplia victoria en las últimas elecciones de 2015 y lograra la mayoría de escaños, la Asamblea Nacional ha sufrido más de 20 vetos del Supremo y ninguna de sus leyes han entrado en vigor. La Cámara, elegida por unos 10 millones de personas, fue despojada de sus atribuciones por el alto tribunal y unos 30 diputados opositores electos están en el exilio.

El Supremo da respuesta con este fallo a una demanda interpuesta por un grupo de políticos opositores de línea moderada: Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Luis Augusto Romero, Javier Bertucci, Felipe Mujica, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Meléndez. Todos ellos forman parte de la denominada Mesa de Diálogo Nacional, plataforma de partidos minoritarios, sin presencia legislativa, críticos del desempeño de Juan Guaidó y defensores de un acuerdo con el Gobierno para asistir a unas elecciones organizadas en sus términos. Este grupo ha sido objeto de durísimas críticas en el debate público de la oposición por esta postura.

La medida del tribunal allana el camino para un acuerdo político entre los políticos chavistas y los integrantes de esa mesa de diálogo en lo tocante a la selección de los nuevos rectores, organización y fecha de los comicios legislativos, y ya convierte en muy probable la organización de unas elecciones parlamentarias promovidas por Maduro para este mismo año. Hace pocas semanas, el Supremo había emitido una sentencia reconociendo como presidente de la Asamblea Nacional a Luis Parra, un dirigente opositor que ha organizado una pequeña fracción disidente de diputados, acusada de corrupción, que pactó con el chavismo para intentar sacar a Juan Guaidó de la presidencia del Parlamento el pasado mes de enero.

Con la ratificación de Parra, en las filas de Guaidó dieron por hecho que el chavismo iba a procurar un acuerdo político con la fracción disidente para que fuera el Parlamento el que nombrara a los nuevos rectores electorales. El Supremo ha simplificado las cosas y ha decidido prescindir de Parra, tomando las decisiones por su cuenta.

Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara “omisión inconstitucional” de la Asamblea Nacional

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró este viernes “omisión inconstitucional” de la Asamblea Nacional, por no escoger en plazo a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Así, la responsabilidad de designar un nuevo organismo electoral recae en el propio

RT

 

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