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Froilán Barrios: La judicialización de la protesta laboral

 

Si Hay un movimiento social que las tiranías intentan domesticar en las primeras de cambio es el de los sindicatos y los gremios, aun cuando se identifiquen numerosas distorsiones y desviaciones en su seno, estos encarnan en esencia la autonomía frente al Estado y los partidos políticos, la pluralidad y la democracia.

Por ello no fue casualidad que una de las primeras tareas de Fidel Castro y el Che Guevara en 1959 fue secuestrar la Central de Trabajadores Cubana (CTC), convirtiéndola hasta la actualidad en una agencia de propaganda del régimen castrista, encomienda aprendida de la URSS donde los sindicatos eran la correa de transmisión del Partido Comunista y los Soviets, y de la China maoísta cuyos sindicatos son simplemente jarrones decorativos que avalan la sobreexplotación del sistema al no existir ni contratos colectivos ni el derecho a huelga.

Esta inquina contra los sindicatos y gremios profesionales la asumió igualmente Hugo Chávez y el “presidente obrero”, el primero hizo gala de su cultura militar verticalista que no admitía en su cerrada mente el diálogo social, por el contrario, su práctica era dictar órdenes y que la tropa obedeciera, y el segundo por ser formado en la escuela estalinista del castrismo cuya enseñanza le asigna el sindicato la obligación de estar al servicio de la revolución, así esta sea una estafa como la que sufrimos en Venezuela.

Pues bien, ante la protesta social que se expande en todo el territorio nacional por la ruina acelerada de los servicios públicos, acicateada por la escasez de gasolina y por la pandemia del Covid-19, el régimen ha acentuado la represión bien sea en las calles con colectivos parapoliciales y en las redes sociales instalando la inquisición del siglo XXI, contra el que manifieste rechazo a vivir en la indigencia general que sobreviven los venezolanos.

La tiranía que llora constantemente por el bloqueo, no escatima finanzas en el uso de sofisticados recursos para mantener una red de escuchas, de soplones, cuyos modelos terroríficos son la STASI policía política de la ex Alemania Oriental, la KGB soviética y el G2 cubano, apuntados a perseguir todo género de disidencias y amedrentar a un pueblo diezmado y hambriento.

Recientemente han arremetido de nuevo, esta vez contra la médico ginecólogo Andreina Urdaneta del Hospital General de Cabimas privándola de su libertad, siendo “el delito” colocar en su WhatsApp la cuestionada imagen del “presidente obrero”, quien por cierto goza de un repudio a su gestión de más del 80% de la población, cifra registrada en diversas encuestas. Esta práctica autoritaria también le fue aplicada a la bioanalista Andrea Sayago del hospital de Valera quien cuestionara recientemente la ruina hospitalaria ante la pandemia.

En la presente semana han retomado su furia contra el gremio de Enfermería del Estado Zulia y en especial contra su presidenta Lic. Hania Salazar, al conminar a numerosas enfermeras a denunciarla como promotora de un paro inexistente, con el solo objetivo de levantar un expediente y privarla de libertad. Lo que resume la preocupación del régimen de acallar la protesta laboral a como dé lugar recurriendo a métodos policiales para silenciarla.

En resumen, presenciamos en nuestro país la implementación definitiva del delito de opinión como política de Estado, que registra la detención de más de 400 presos políticos, y que apunta hoy a arreciar la ofensiva contra el movimiento sindical y gremial, en un país donde son derechos constitucionales, la libertad sindical, art. 95, el derecho a huelga art. 97, a contratos colectivos art. 96, a la manifestación art. 68, incluso avalados.

 

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