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Ramón Guillermo Aveledo: Constitución y constitucionalidad

 

Nuestro país ha tenido veintiséis constituciones desde la primera y fugaz dictada en 1811 por el Congreso que declaró la Independencia. Y ya habríamos llegado a veintisiete si en el referendo de 2007 el pueblo soberano hubiera aprobado la solicitud del difunto presidente de cambiarla en el fondo al reformar sesenta y nueve de sus artículos. Implantar luego lo rechazado por vía de leyes, sentencias y medidas ejecutivas, además de antidemocrático, fue desviarnos por una carretera de tierra, oscura y sin señales, con riesgos cuyas consecuencias ya han sufrido los venezolanos. Todos, aunque unos lo sepamos y otros no.

¿Por qué preferimos cambiar la constitución a cumplirla? Es el gran misterio nacional cuyo saldo conocemos.

En promedio, ocho años por constitución. Una interpretación de esa inestabilidad sería que para nosotros no es tan importante como para marcar el terreno de nuestra convivencia social y fijar fines y límites de acción al poder. Otra es que no podemos ni queremos vivir sin constitución y que aún en los peores tiempos de la arbitrariedad autocrática, y mire que los hemos tenido, no renunciamos a la necesidad de formalizar en normas la vida pública. Sin desconocer que nuestro igualitarismo no es necesariamente legalista, me inclino por la segunda.

Es una vieja discusión venezolana, nunca saldada. Los positivistas que tanto influyeron, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, diferenciaban la constitución escrita de la real y así justificaban el “césar democrático” o “gendarme necesario”. Sin embargo, las constituciones de más larga vigencia han sido la de 1961, también la menos incumplida; la de 1830 que duró 27 años pero fue herida de muerte con el asalto al Congreso en 1848 y está de 1999, cuyas dos décadas han sido tan azarosas que no sabemos cuándo tuvo su 24 de enero. Descartando contravenciones tempranas con la excusa de la “transitoriedad inmanente”, puede haber sido al no aceptarse el veredicto popular de 2007 o el de la elección parlamentaria de 2015, aunque ya antes gobernadores, alcaldes y diputados y los ciudadanos que los eligieron, habían sido castigados por arbitrariedades con bendición judicial.

Tener constitución no basta para alegarla en defensa propia. Hay que cumplirla y respetarla. Todos, sobre todo el poder. Tener constitucionalidad es otra cosa. Es la convivencia libre, ordenada que lleva al progreso. No es un camino perfecto, pero es el único seguro.

 

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