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Plataforma Ciudadana: Propuestas para enfrentar la pandemia en Venezuela

 

Comunicado de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

La pandemia de coronavirus que hoy afecta a la humanidad toda no tiene precedentes en el último siglo. Esta situación inédita en un mundo totalmente globalizado obliga a las naciones y los pueblos del mundo a adoptar medidas especiales cuya efectividad no está asegurada de antemano. El deber de cada gobierno es considerar las propuestas que realizan los distintos sectores económicos, políticos y sociales en cada país. A este respecto nos permitimos formular una serie de planteamientos que consideramos deberían ejecutarse para que, tanto el pueblo trabajador como la nación toda, puedan superar de la mejor manera esta grave amenaza que está en desarrollo.

Las medidas de “protección” a la clase trabajadora, –con plena inclusión de obreros, empleados, técnicos y profesionales de la administración pública, de las instituciones autónomas y la empresa privada, y con extensión a las esferas de salud pública, educativa en todos sus niveles y demás servicios públicos-, deben garantizar la alimentación y necesidades básicas de las familias, y eso no se logra con bonos minúsculos en su monto ni con cajas Clap que se distribuyen principalmente en algunas zonas de Caracas y brillan por su ausencia en las principales ciudades y pueblos del interior del país. Las medidas de cuarentena, que son absolutamente necesarias para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus no son sostenibles en el tiempo si no se garantiza a la población el acceso a alimentos, agua, gas, electricidad, telefonía/internet. Amplios sectores de la población venezolana carecen de ahorros y dependen del ingreso de su trabajo diario. Si no pueden salir a trabajar no tienen forma de comer ni mantener a su familia. Entre la amenaza del coronavirus, y la realidad inmediata del hambre para muchos y muchas la opción será clara. Por ello no es posible contener la pandemia a menos que se garantice a cada hogar las condiciones básicas de existencia.

La defensa del derecho al trabajo debe ir más allá de un decreto de inamovilidad que el propio gobierno ha sido el primero en violar desde hace muchos años. En la práctica, el gobierno de Maduro ha desconocido la LOTTT aprobada por Hugo Chávez en 2012 y todos los derechos laborales consagrados en nuestra constitución del 99. Si Maduro intenta una rectificación en su política abiertamente antiobrera, debe derogar de inmediato el decreto 2792 que desconoce todas las contrataciones colectivas nacionales; reenganchar a los miles de trabajadores que han sido despedidos de empresas como Carbozulia, Corpoelec, PDVSA y otras; y restituir el funcionamiento de las inspectorías del trabajo en lo que respecta al trámite de reenganches en la administración pública. Una clase trabajadora que tiene desconocidos todos sus derechos laborales y sindicales no puede afrontar una amenaza tan formidable como el coronavirus, pues la estabilidad en su trabajo y de sus familias no está garantizada actualmente.

En materia tributaria solicitamos extender la exoneración del IVA, principalmente al Agua y al resto de los productos que conforman parte de la Canasta Básica Familiar hoy inalcanzable para las mayorías de las familias trabajadoras.  Igualmente, al haberse vencido la fecha límite para declarar el impuesto sobre la renta, proponemos que a los trabajadores asalariados se les elimine la obligatoriedad por este año de dicha declaración. Y se extienda un plazo de 2-3 meses para la declaración de las pequeñas y medianas empresas.

La distribución gratuita de alimentos, ya sea por medio del Clap o cualquier otro mecanismo a implementar por el gobierno, debe hacerse de manera urgente en los barrios y comunidades de todo el país. Particularmente el occidente de Venezuela, los estados andinos y el Zulia, se encuentran totalmente paralizados por falta de gasolina desde hace más de 16 días, lo que ha paralizado a su vez las diversas actividades económicas de subsistencia que el pueblo, incluyendo los asalariados, venían realizando para intentar complementar sus presupuestos familiares. En muchas regiones del interior la cuarentena ha paralizado toda la actividad económica y ciudadana, no tan solo por las medidas tomadas por el gobierno, sino también por la ausencia casi total de gasolina. Esta realidad obliga a dar respuestas urgentes y contundentes si se quieren evitar situaciones de desespero en una población a la cual se le han bloqueado sus fuentes de ingresos y por tanto no consigue alimentos para su diaria manutención. El gobierno debe garantizar que las zonas de producción agrícola del país puedan transportar por carretera sus productos a las principales ciudades.

La pandemia del coronavirus encuentra al sistema de salud venezolano en su peor momento debido a la pésima gestión desarrollada en el último lustro por el gobierno de Maduro, y las fallas que ya se arrastraban desde el período de Chávez, ante lo cual exigimos que se destinen para el equipamiento de hospitales y CDI todo el presupuesto que sea necesario, eliminando el gasto en equipamiento militar y policial, suprimiendo los continuos ejercicios y vuelos militares, que implican también un gasto innecesario, así como los enormes gastos en “seguridad” que a simple vista observamos en la custodia de ministros, jefes militares y otros altos cargos de la administración pública. Es inconcebible seguir viendo a simples funcionarios trasladarse con cinco y diez camionetas de guardaespaldas, cuando tenemos decenas de CDI abandonados a todo lo largo y ancho del país, y hospitales que apenas funcionan en la mayor precariedad. El gobierno debe conformar de inmediato un equipo de alto nivel con participación del ministerio de salud, directores de hospitales y especialistas del área, para que diseñen y pongan en práctica un plan mínimo de recuperación básica de la infraestructura hospitalaria para enfrentar la pandemia.

Rechazamos el excesivo militarismo con que el gobierno de Maduro asume la implementación de las medidas de cuarentena social para combatir la pandemia. El aporte que la ciudadanía realiza para evitar el contagio con el coronavirus es porque entiende la importancia de cumplir con el confinamiento y el distanciamiento social para bloquear su propagación en un país donde los centros hospitalarios se encuentran sin capacidad para brindar la atención sanitaria y el tratamiento médico necesario. En vez de militarizar los barrios y las avenidas de Venezuela, el gobierno debe garantizar la alimentación, medicinas y principales servicios públicos como agua, gas, electricidad y transporte. Igualmente debe garantizar el derecho a la información y el trabajo de periodistas y demás actores de los medios y redes de comunicación, levantando las restricciones técnicas que el gobierno ejecuta contra páginas de internet como Aporrea y otras, que contribuyen a la difusión democrática de las opiniones y denuncias de las comunidades populares organizadas.

Reiteramos nuestra exigencia de libertad para los dirigentes y activistas sindicales, así como también para los luchadores sociales y políticos que se encuentran privados de libertad por ejercer sus derechos ciudadanos. Considerar también otorgar la libertad a los presos por delitos menores, como una forma de aliviar la presión carcelaria y disminuir el riesgo de contagio viral en esos recintos.

Ante las necesidades de financiamiento para afrontar la pandemia y la compleja emergencia social pre-existente en Venezuela, reiteramos nuestra propuesta de adelantar una auditoría pública ciudadana y exigir el no pago de la deuda externa ilegal e ilegítima; y, la confiscación de los bienes de todos los delincuentes de cuello blanco que han huido de Venezuela luego de saquear el erario público (como Alejandro Andrade, Nervis Villalobos, Diego Salazar, Claudia Díaz y Rafael Isea, entre otros), y que sean repatriados los capitales que estos individuos tienen en el extranjero; y que se soliciten el reintegro a la nación de todos los fondos bloqueados en bancos extranjeros que provengan de la corrupción administrativa nacional.

Exigimos al gobierno de los Estados Unidos y a las demás potencias y organismos multinacionales que vienen aplicando sanciones económicas criminales que afectan a la nación y al pueblo venezolano, la inmediata derogación de dichas sanciones, porque además de constituir una injerencia inadmisible en los asuntos internos de Venezuela, violatoria del derecho internacional y de los derechos humanos, profundizan el deterioro y generan un efecto negativo en las condiciones de vida de la población en el contexto de la pandemia en desarrollo, al afectar de manera drástica el normal desarrollo de la vida económica del país.

Con relación a las declaraciones del fiscal de los Estados Unidos acusando de narcotraficantes al presidente Maduro y otros altos cargos de su gobierno, llegando al extremo de ofrecer recompensas monetarias por su captura, como en el lejano oeste, rechazamos dichas declaraciones y consideramos inadmisible ese mecanismo que violenta las relaciones internacionales y coloca al sistema de justicia estadounidense como un suprapoder global que agrede la soberanía de las naciones. Si los tribunales estadounidenses tienen una causa abierta contra funcionarios venezolanos por narcotráfico, deben acudir a la ONU, a la Corte Internacional de Justicia y demás mecanismos consensuados entre las naciones para dirimir esos casos, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa de los acusados. Por otra parte, la fiscalía venezolana debería solicitarle a la fiscalía gringa esas “pruebas” de narcotráfico, para abrir aquí una investigación al respecto, pues el primer interesado por aclarar esas acusaciones debería ser el propio Estado venezolano. Más aún cuando el presidente Maduro acusa públicamente como narcotraficante a uno de los mencionados por la fiscalía estadounidense, lo que hace suponer que no es tan falsa esa acusación.

Las declaraciones de Donal Trump y altos mandos militares de los Estados Unidos al ordenar una gran operación antidrogas, con fuerza naval y aérea, en el área de El Caribe, señalando que se centrará específicamente en Venezuela, argumentando que no van a permitir que «regímenes dictatoriales se aprovechen de la crisis por el coronavirus», en lo que parece ser un mensaje directo a Nicolás Maduro, por las ya señaladas acusaciones de narcotráfico que ha realizado la fiscalía norteamericana, puede ser el primer paso para imponer un bloqueo naval parcial o total en todas las costas del país, lo cual conduciría a una hambruna generalizada. Dicha “operación antidrogas” es una amenaza directa contra la soberanía de Venezuela, y pareciera ser el inicio de una agresión armada contra nuestro país. Reiteramos nuestra consideración de que la crisis venezolana debemos resolverla los venezolanos, que es inadmisible la intervención de potencias extranjeras, y que hoy más que nunca es imprescindible que Nicolás Maduro aperture un proceso de diálogo democrático abierto a todo el espectro político del país, para abordar tanto la crisis por el coronavirus como la crisis internacional que se avizora por el descarado intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos.

Más que una “tregua” en el conflicto político venezolano, esta crisis generada por la pandemia, que se suma a las múltiples crisis que ya atravesábamos como sociedad y que hemos caracterizado en anteriores documentos, debe obligar a todos los sectores de la vida nacional, tanto al gobierno como a los sectores extremos de oposición, a empujar una apertura democrática y diálogo político entre todos los sectores del país (y no solamente los extremos polarizados), para recorrer el camino en que muchos hemos coincidido de solución pacífica y constitucional, mediante la renovación total del Consejo Nacional Electoral y la convocatoria de elecciones con amplia participación ciudadana, incluyendo el voto de los emigrados y la aprobación de un nuevo reglamento electoral que garantice la representación proporcional de las minorías. La Venezuela post-coronavirus debe avanzar a solucionar la crisis mediante vías pacíficas y constitucionales, y para ello emplazamos tanto al gobierno de Nicolás Maduro como a los sectores de oposición extrema encabezados por Juan Guaidó, a permitir un amplio diálogo político conducente a soluciones negociadas que permitan retomar el camino constitucional perdido desde 2016-2017.

Nuestro llamado al pueblo venezolano es a acatar las medidas de cuarentena social y a contribuir comunitariamente en el abordaje de esta crisis sin precedentes. Pero el cumplimiento de la cuarentena por parte de pueblo no debe interpretarse como una supuesta “disciplina militante” ni respaldo político al gobierno de Maduro. El pueblo desea la superación de la crisis política y económica, así como la superación de la emergencia por el coronavirus. Por ello es que enfatizamos que la voluntad de lucha del pueblo debe mantenerse, por ahora en el plano declarativo mientras se supera la pandemia, para avanzar en la restitución de la democracia en Venezuela y el pleno ejercicio de los derechos políticos y sociales consagrados en la Constitución de 1999.

Ana Elisa Osorio

Edgardo Larder

Esteban Mosonyi

Gustavo Márquez Marín

Héctor Navarro

Juan García

Oly Millán

Roberto López

Santiago Arconada

 

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