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Maristella Svampa: ¿Qué izquierda está de vuelta en Argentina?

 

La llegada de Mauricio Macri, en 2015, clausuró el ciclo progresista que doce años atrás había iniciado Néstor Kirchner (2003-2007) y continuado Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). El triunfo inesperado de Macri se debió tanto a la intensificación de la polarización como a los errores de Cristina Fernández, cuya segunda gestión mostró varios problemas, tanto económicos como derivados de la concentración del poder y la corrupción, lo cual conllevó el agotamiento de dicho proyecto, presentado como de centro-izquierda. Por un escueto margen, el país apostó a la alternancia electoral y no pocos salieron a festejar el ascenso de una derecha supuestamente moderna y abierta al mundo que signaría el fin del kirchnerismo. Finalmente, esto no sucedió.

Con Macri, la Argentina volvió a las recetas neoliberales, lo cual se tradujo en una serie de ajustes y tarifazos interminables, alta inflación, retroceso del salario real, apertura indiscriminada a las importaciones y consecuente cierre de pequeñas y medianas empresas. Por si fuera poco, en mayo de 2018, el Gobierno firmó un acuerdo con el FMI que le otorgó el mayor préstamo de su historia y sumó a la crisis más fuga de capitales, así como un insostenible sobreendeudamiento. Lejos de la “pobreza cero” prometida durante la campaña, esta fue escalando hasta alcanzar el 40,8% en diciembre de 2019, la más alta de la última década. Por su parte, la inflación, en 2019, tocó el 53,8%, la más alta en 28 años. En sintonía, el PBI de 2019 fue también el más bajo de la década.

Hay que volver a los últimos años de Carlos Menem (1989-1999) y al breve Gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001) para dimensionar el nivel de sufrimiento social que estas políticas excluyentes causaron en amplios sectores sociales. Sin agenda de derechos, pero lejos de recular, el Gobierno de Macri no encontró mejor manera para sobrevivir e intentar la reelección que incrementar la polarización, para lo cual contó con el inestimable apoyo de grandes medios de comunicación. Esto sin duda rindió sus frutos, pues pese a la desastrosa gestión en octubre de 2019, Macri mantuvo su base electoral (40%), frente a la fórmula “Alberto Fernández-Cristina F. de Kirchner”, que ganó en primera vuelta con el 48% gracias a la construcción de un frente opositor que incluyó algo más que el kirchnerismo.

El Frente de Todos reúne a una parte importante de la gran familia peronista, pues articula desde sectores progresistas (que incluyen un ala cristinista dura, presente en las dos Cámaras); peronistas de centro, con preocupaciones sociales, provenientes del Frente Renovador, hasta sempiternos caudillos de la provincia de Buenos Aires y gobernadores peronistas poco afectos a la participación ciudadana. Como socios menores, se incluyeron sectores de la centroizquierda no kirchnerista, hasta hace poco tiempo muy críticos.

En su discurso de investidura, Alberto Fernández llamó a superar tres muros: “el del rencor y del odio entre argentinos”, “el del hambre” y “el del despilfarro de las energías productivas”. Prometió trabajar para terminar con la llamada “grieta” y poner “a la Argentina de pie”, “encendiendo la economía”. También pronunció los términos “transición” y “cambio climático”, además de un “nunca más”, referido al uso político de la justicia.

Considerado un político moderado y pragmático, Fernández posee una vocación para la negociación, que todavía no sabemos cuánto rendirá en tiempos de vacas flacas. A poco de iniciado el mandato, sería aventurado extraer conclusiones definitivas, aun si ya están trazadas varias de las líneas directrices del gobierno. Así, el nuevo presidente lanzó un Plan de emergencia económica, que sube impuestos, aumenta la pensión mínima, pone nuevos límites al ahorro en moneda estadounidense y un impuesto del 30% a la compra del dólar, así como a los viajes y compras en el exterior.

Impulsó el plan “Argentina contra el hambre”, que incluye una tarjeta alimentaria para los sectores que perciben la Asignación Universal por Hijo; un plan de refinanciación para beneficiar a las Pymes y un “pacto social” con referentes de sectores empresariales, sindicales y de movimientos sociales. Por último, aunque no reveló cuál será su estrategia, designó un equipo permanente en Washington para negociar con el FMI. Mientras tanto, al límite del default a causa de la deuda heredada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó a negociar con bonistas.

Por otro lado, en la búsqueda afanosa de dólares, Fernández subió mínimamente las retenciones al sector sojero, aunque las redujo para las compañías mineras y petroleras. Confirmó a Vaca Muerta (el mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país, donde se hace fracking), como proyecto estratégico. Pero la promesa de Vaca Muerta no es solo insustentable desde el punto de vista ambiental; es también un agujero negro en la economía, a raíz de los enormes subsidios al sector, que arrastra una crisis tras otra.

Una señal importante es la creación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad sexual, que se suma a la promesa presidencial de enviar un nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto, un reclamo del masivo movimiento de mujeres, Ni una Menos, que lucha contra la violencia de género, y que fuera bloqueado por el Senado en 2018. Sin embargo, queda por saber si el Gobierno no estará buscando “blindar” su gestión incorporando nuevos derechos, para barrer bajo la alfombra otras demandas y derechos. Algo así sucedió con Néstor Kirchner, cuando su Gobierno asumió una política de derechos humanos ligada a la condena de los crímenes de la última dictadura militar. O cuando Cristina Fernández avanzó por la vía parlamentaria en el reconocimiento a la diversidad sexual. Ambas agendas también sirvieron para obturar otras demandas, sobre todo, los derechos ambientales y aquellos de los pueblos originarios, ligados a la defensa del territorio y las luchas contra el neoextractivismo.

Durante la campaña electoral Alberto Fernández no solo habló en favor de la megaminería (la actividad extractiva que genera mayores resistencias sociales en el país), sino que, apenas asumido, dio por sentado que ésta se extendería incluso en aquellas provincias, como Mendoza y Chubut, donde existen leyes que la prohíben. Las masivas movilizaciones en defensa del agua ocurridas en ambas provincias demostraron que el camino originalmente trazado por el presidente y los respectivos gobernadores era inviable. Además, mostraron las brechas dentro del campo oficialista, una parte del cual entiende que las luchas en defensa del planeta tienen aquí su anclaje local y territorial, tanto en la oposición a la megaminería, la denuncia de los impactos sociosanitarios del glifosato (el mayor problema ambiental del país), e incluso, en los menos visibles cuestionamientos al fracking.

¿Significa esto que la centroizquierda está de regreso en Argentina? Nadie podría negar que el nuevo Gobierno busca apostar a un programa socioeconómico incluyente y más equitativo. Que tal programa tenga éxito o no, es incierto. Pero, si se lograra, ¿podrá superar los límites del progresismo selectivo sin volver a incurrir en los puntos ciegos del pasado? Desde hace años, las luchas que interpelan al progresismo y su agenda selectiva de derechos, vienen sosteniendo que no se puede ser feminista y luchar contra el patriarcado y, al mismo tiempo, fomentar la destrucción de los territorios y el avance del extractivismo. No se puede proponer una sociedad más igualitaria, si no se articula justicia social con justicia ambiental y climática. No se puede hablar livianamente del “Green New Deal” como programa de transición e impulsar la megaminería, el fracking, la deforestación y las fumigaciones tóxicas.

Son numerosos los desafíos. El clima político y económico es muy diferente al de la década pasada; la deuda externa es inmensa, la demanda social también y el crecimiento económico ya no se puede imponer tan fácilmente a costa de la salud de las personas y los territorios. A esto se añade que las placas tectónicas en América Latina se mueven cada vez con más rapidez y el nuevo Gobierno cuenta con poco tiempo para mostrar los primeros resultados positivos.

Es socióloga y escritora argentina, investigadora superior del Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas (CONICET).

 

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