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César Pérez Vivas: El partido político en armas

 

En medio del impacto que ha producido la gira internacional del presidente Juan Guaidó, ha pasado un tanto inadvertida la aprobación, por parte de la usurpadora asamblea constituyente el pasado 29 de enero de 2020, de una reforma a Ley Orgánica de la Fuerza Armada, a través de  una mal llamada “ley constitucional”. En dicha reforma la dictadura incorpora como un componente adicional de la Fuerza Armada Nacional  a la “Milicia Bolivariana”.

De un plumazo, violando todo el ordenamiento constitucional, Maduro y su camarilla, han incorporado cómo integrantes de la fuerza armada nacional a la militancia y estructura política del Partido Socialista Unido de Venezuela, que son los integrantes de esa milicia.

A partir de esta nueva, arbitraria e inconstitucional ley, tenemos en el país un partido político en armas, con lo cual terminan de destruir la naturaleza de una institución que debería estar al servicio de toda la nación, y no al servicio de un partido o una ideología política en particular.

En todo el país hemos visto la forma como se ha conformado ese cuerpo llamado Milicia Nacional Bolivariana. Se trata de una militarización progresiva de los militantes y simpatizantes del partido de gobierno, o de funcionarios civiles  de la administración pública,  a quienes se les dan ligeras nociones de orden cerrado, uso de armas, se les adoctrina y fanatiza con las consignas castro comunista, traídas por los invasores cubanos.

Muchos de esos milicianos son personas que no están en condiciones de afrontar situaciones de confrontación, pero se les coloca un uniforme y se les provee un arma, para promover su presencia, básicamente para la propaganda, el espionaje y hostigamiento a los demás sectores de la sociedad.

Convertir al PSUV en un partido en armas agrega un elemento adicional a la naturaleza fraudulenta del sistema político y electoral venezolano. Los ciudadanos en general, y los actores políticos en particular, concurrimos al debate público en abierta desventaja con el partido en armas, arriesgando no solo la integridad física, sino la vida misma de los participantes, en el rudo combate en que se ha convertido el proceso venezolano.

La vigente Constitución de la República define de forma clara la naturaleza y función de la Fuerza Armada Nacional, así como los cuerpos que la integran.

En efecto el artículo 328 constitucional la definió de forma clara, estableciendo su condición de institución no partidista, cuando expresa: Artículo 328: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política… En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

El mismo texto del artículo 328 establece:

“La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica”.

En ninguna parte del texto constitucional se define a la Fuerza Armada en los términos que lo hace la grotesca ley que Maduro impone, y respecto de la cual afirmó: “Se plasmó el carácter bolivariano, popular y antiimperialista”.

Esta definición implica una conversión de la institución militar en un partido político. Ya en la práctica ese proceso se había venido desarrollando, solo que ahora lo han incorporado a la ley marco que ordena la vida del cuerpo militar.

En efecto, desde que Chávez asumió el poder, la institución militar fue desdibujándose. Fue siendo convertida de manera progresiva en el sostén político y humano del régimen comunista, hasta el punto de colonizar, a niveles jamás vistos, la administración pública, en detrimento del profesionalismo y la capacidad militar de la institución.

No hay ministerio, empresa del Estado, gobernación y alcaldía donde no esté presente la huella de militares; en la mayoría de los casos, destruidas, quebradas y desnaturalizadas.

Además de ser la cantera de los recursos humanos del régimen socialista, ha sido la estructura que soporta ya hasta las campañas electorales del gobierno, respaldando y encubriendo la represión y saqueo en el país. Estos roles están muy lejos de los establecidos en la carta política de la nación.

Modificar la naturaleza jurídica y política de la Fuerza Armada, agregando a la militancia del PSUV como componente, bajo el nombre de Milicia Bolivariana, representa en la práctica una reforma radical de los artículos 328 y 329 de la Constitución.

La espuria asamblea constituyente no puede modificar artículos puntuales de la Constitución, tampoco lo podría hacer ni aun siendo una auténtica constituyente, por leyes, así las defina como constitucionales.

La facultad de modificar las leyes la tiene consagrada la Asamblea Nacional en el numeral 1 del artículo 187 de la Constitución. La única manera para modificar parcial o totalmente la Constitución sería mediante los procedimientos de cambio constitucional, consagrados en el título IX, en los artículos que van del 340 al 350 del vigente texto constitucional.

Estamos frente a un grave golpe, de una grosera violación y desconocimiento de la Constitución por parte de Maduro, para lo cual ofrecen presurosos su concurso, los altos oficiales generales de la Fuerza Armada, que están demostrando una ignorancia y una complicidad lamentable en esta hora crucial de la nación.

Las graves implicaciones que esta aberración representa, generarán una responsabilidad política e institucional, frente a la cual tendrán que responder todos los que han debido impedirlo, y que por cobardía y complicidad han preferido callar.

Ya el daño a la Fuerza Armada está realizado. Ya la destrucción de sus valores fundamentales está inoculada en su seno. Rescatar esta institución para adecuarla al mandato de la Constitución será un proceso difícil y doloroso. La democracia no podrá vacilar a la hora de sanearla. Es un imperativo para garantizar en el futuro la verdadera defensa de la nación venezolana y de sus instituciones.

 

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