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Pedro R. García: Corrupción en el país y su complejidad histórica…

 

En la hora veinticinco el escritor Constastin Virgil Gheorghiu, (1916-1992), muestra con lucidez apasionada y repleta de desconsuelo, los nítidos trazos que precisan el definido por el mismo como el derrumbe de la Sociedad Occidental. Obra terrible y desoladora escrita hace bastante más de medio siglo. La hora veinticinco documenta, con escalofriante actualidad, una crisis humana que arrastra un planeta entero, no a la destrucción sino a la aniquilación, a la reducción a sus más patéticos despojos. Mal se puede hablar de inmolación o sacrificio, de noble lucha o de fragoroso combate: se trata sólo de una sociedad completa consignada al más vil de los destinos, abyecto y carente del mínimo rasgo de heroísmo; sus personajes son solo objetos maldecidos con el don de la conciencia, arrastrada a la desesperación, golpeados con manos desnudas los muros de su prisión, que es el planeta entero. “La hora veinticinco, el momento donde toda tentativa de salvación se hace inútil. Ni siquiera la venida del un Mesías resolvería nada. No es la última hora, sino una hora después. El tiempo preciso de la Sociedad Occidental. Es la hora actual. La hora exacta”. No nos yamemos a engaño con respecto a la vigencia de esta obra literaria; esa sociedad derrumbada no se levantó luego valientemente sobre sus propias cenizas, reedificándose y redimiéndose, camina hoy junto a nosotros como un zombi, en su calidad actual de muerto viviente”.

Una Acotación necesaria…

Para el análisis de un asunto de la complejidad como es la corrupción que impera y ha despuntado entre nosotros, incapaz de provocar el escozor que causaría en la piel de otras sociedades, por eso es necesario procurar afinar los juicios futuros sobre el resultado de la investigación crítica y no sobre apreciaciones arbitrarias de otros. Se puede diferir en la estimativa de las circunstancias, pero no se puede erigir un sistema sobre hechos falsos. La corrupción es un fenómeno que se conforma como un crimen contra el Estado y cada uno de sus miembros: los gobernantes y los ciudadanos; lo público y lo privado; el individuo y el colectivo. Las metáforas no sirven, por lo tanto, para aproximarse a la multiplicidad de elementos que influyen en un delito del cual conocemos muchas cosas y que sin embargo, se vuelve inasible, difuso en números, actores y víctimas. De ese delito conocemos las víctimas, pero en un sentido general e impreciso: todos nosotros. Identificamos las oportunidades, el lugar donde se perpetró, los motivos de los sospechosos usuales.  Podemos estimar la cuantía del botín, conocer los “modus operandi”, detectar los mecanismos utilizados e incluso sospechar con fuerte convicción de algunos posibles más o menos culpables. Por eso la corrupción es un fenómeno del cual podemos describir el estado del sistema, antes y después, pero no yegamos a comprender lo que pasa, pues siempre resulta diferente a lo que la lógica analítica permitiera esperar. La caja negra es el sistema de procesamiento de esos delitos, el sistema de salvaguarda del patrimonio público. La corrupción existe si hay un sistema que la note y la nombre; mejor aún si es yevada a juicio y se encuentra el responsable y la culpa. Si se aproxima a un delito común de forma analítica puede proceder perfectamente según el manual de investigaciones básico, hay un autor del crimen, con sus motivos y propósitos; una víctima y una magnitud del daño; un bien afectado, un instrumento del delito, un botín, una oportunidad y unas leyes que permiten juzgar las acciones de los hombres en función de esos indicios, puede que no se encuentre nunca al criminal, pero quedan claros algunos de los demás elementos del suceso. Con los delitos de corrupción, no hay decisión y queda apenas un sentimiento difuso de los daños, el saqueo, los instrumentos del delito. Una madeja intrincada; un fenómeno. Lo más paradójico es que resulta siendo un delito sin victimas ni agraviados. Quizás ese sea el gran problema de la lucha contra la corrupción que en última instancia no hay victimas. Como el bien malversado no pertenece a alguien en particular, entonces no hay daño real ni se le puede atribuir a algún responsable.  Los culpables terminan libres, ricos y en uno de los más grotescos actos de cinismo, respetados y celebrados por nuestra  hipócrita sociedad.  Por eso, para que la lucha contra la corrupción tenga posibilidad de obtener algunas victorias, es necesario un ente, un sistema, una institución, diseñada con la participación real del país, que asuma como persona la propiedad y la responsabilidad del bien público. Cada uno debe entender esa propiedad no como persona particular, sino como ente colectivo, como público.  Es necesario que  haya personas que asuman esa misión, siguiendo la sabia orientación del maestro Simón Rodríguez y sientan el interés público como si fuera propio; no habrá control de la corrupción, ni habrá siguiera corrupción, sin agraviados no hay delito.

La Proliferación de instrumentos normativos…

Si se estudia el flagelo de la corrupción y el correspondiente desarrollo de un sistema de salvaguarda desde 1958, encontraremos algunas tendencias constantes y un cambio violento, que sin embargo no parece variar, por el contrario tiende a agravarse, salvo puede observarse que se rompieron los ciclos que sufrian variaciones generalmente en los tiempos electorales o de finalización de períodos gubernamentales, cuando se intensificaban las denuncias de corrupción. La multiplicación de instrumentos legales en contra de la corrupción, ha sido también tendencia progresiva en estos últimos 50 años. No solo observamos dos códigos penales e innumerables reformas, también observamos varias leyes de responsabilidad administrativa, o contra el enriquecimiento ilícito, infinidad de códigos y reglamentos internos de cada dependencia y de la administración pública en general. Las normativas definen y diferencian, las diversas manifestaciones delictuales como, malversación, desvío, apropiación, concusión o simple y yanamente robo; intentan dictar códigos de ética al funcionario público y establecen sanciones y penas que no parecen ser  suficientes para disuadir el incentivo de la corrupción, que ha aumentado en niveles que produce pavor. Algunos concluimos con esta arbitraria tal vez conclusión: en el país antes la corrupción era parte del contrato social oculto, hoy; es una directiva de poder. Lo que si se consigue con todo este entramado normativo es hacer casi imposible la gestión eficiente de un  gobierno que intentara su demolición. La complejización de las relaciones entre la multiplicidad de actores y estructuras que intentan abatir y combaten el fenómeno y la aparición de factores exógenos al sistema de salvaguarda, que desvían la “lucha” contra la corrupción hacia otros objetivos distintos a sanear la administración pública. Factores políticos, intereses económicos, el poder mismo, se convierten en motivos tan importantes en el delito de corrupción como pueden ser importantes las razones de los delincuentes en el estudio del crimen común. El incremento de la corrupción en magnitudes de MMM$. Esta es casi de Perogrullo, puesto que los valores de la economía.  Se han multiplicado por todas esas EMES, durante estos años. Pero también en cifras relativas, las magnitudes de la corrupción  crecen en proporción positiva con respecto a los ingentes ingresos petroleros. Cuanto más dinero, más corrupción. Es una relación sostenida en estos años, podría postularse casi como una generalización bastante probable: ¡cuanto más hay, más roban!

La Participación Ciudadana…

En 1998, durante la segunda presidencia del inefable Dr. Rafael Caldera, se promulga el Código Orgánico de Procesamiento Penal, que produce un giro de 180 grados en la concepción de la defensa y acceso a la justicia para los venezolanos. Pasamos de un esquema de Derecho inquisitivo a un esquema de Derecho acusatorio, que más que un cambio de procedimiento es un cambio sustancial paradigmático, respecto a la aplicación de justicia y nuestra participación ciudadana en su dinámica, este cambio, considerando un avance positivo en la concepción de la distribución de la justicia, tendría efectos contrarios, tanto para el mismo COPP, que pretendía mayor contribución ciudadana, como para la lucha anticorrupción.  El cambio se reflejó en las normas, los actores, las políticas y muy especialmente, en la misma estructura y dinámica del sistema, por la eliminación de la jurisdicción especial que había tenido Salvaguarda desde 1983 hasta 1998.  La Constitución del 1999 reflejaría los mismos principios que inspiraron al COPP: el protagonismo del Ministerio Público como actor principal en el proceso acusatorio y la participación activa de los ciudadanos (jurados, jueces, escribanos, comités de postulaciones); manteniendo además, la eliminación de la jurisdicción de Salvaguarda y añadiendo una especie de poder Moral, y el Poder Ciudadano, pero finalmente equívoco y defectuoso en su diseño constitucional que tendremos que reformarlo o eliminarlo. Cuando en 1999 asume el gobierno el Presidente Hugo Chávez y su “movimiento revolucionario”, el cambio de la norma fundamental que sería aprobada por referéndum para finales de 1999, avanza en un acelerado proceso de desmontaje de todas las instituciones que formaban parte del andamiaje que pretendía combatir la carcoma de la corrupción. Podemos apreciar si revisamos el marco de los nuevos instrumentos jurídicos, cambios en el reparto de los actores, normas sus consecuencias y el giro que da la política pública contra la corrupción. Si pensamos que no es suficiente la plataforma legislativa jurídica, que es imprescindible la necesidad de un cambio radical de conducta de inserción en los estándares sociales, concurrentemente las sociedades corean que están en proceso de erradicación de la corrupción. Entonces el punto es: ¿La sociedad venezolana en general quiere o no quiere cambiar sus pautas de conducta? ¿Los que ejercen y aspiran  el poder político están realmente embarcados en la lucha contra la corrupción o son solo desnudas fórmulas demagógicas? ¿Los detentadores del poder económico están preparados para asumir con sinceridad estas transformaciones o les conviene permanecer como estamos?

¿Recogerán el guante los empresarios del compromiso ético…

En este ultimo punto, requiere extenderse lo suficiente porque a veces no se le considera pero que es muy importante. Las empresas y grupos económicos con especial énfasis en estos tres ultimas lustros han olvidado su deber moral. Y eyo se revela en la ausencia de modelos y valores fundamentales en la conformación de sus prácticas empresariales. Las organizaciones corporativas deben reformular sus principios realizando todos los esfuerzos necesarios para volver o incorporar la ética en la práctica de las conductas de interrelación interna y externa, no solo buscar la eficiencia productiva o la ganancia sino medir los costos humanos y sociales que se sufragan para alcanzar sus fines. No pueden seguirse pensando en costos financieros únicamente. La corrupción y el fraude están plantados también fuertemente en los sectores privados. Esto contribuye al debilitamiento de los grupos sociales. No se puede desechar la influencia del sector económico. La importancia se desprende de su propia acción, como organización de capital para obtener un determinado éxito a la que hoy se le agregan dándole mas fuerza los procesos de globalización (que no es igual a la causa de integración), que es mucho mas amplio y totalmente independiente de la voluntad de los Estados. La empresa ya no solo influye en su lugar de permanencia. Es una energía que extiende su supremacía a través de la conformación de grupos supranacionales y el avanzado uso de la tecnología. Es una fuerza que supera a las propias organizaciones políticas nacionales vigentes braceando con despiadada fuerza con un marcado poder de decisión en las políticas internas y en las internacionales. Los Estados han perdido parte de su autonomía de decisión. Por ello si permitimos en el país que la corrupción siga avanzando, si no nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre lo que estamos obligamos a cambiar y las formas de ponerlo en ejecución el deterioro va a ser devastador. La innovación es un desafío que requiere de cada uno de nosotros. Se debe asumir el mismo y empezar por ser ejemplo de transformación interiormente desde el hogar, en el seno del trabajo, en el ejercicio de la función publica, especialmente en el tan denostado liderazgo político, en las empresas, publicas y privadas y lógicamente que el mayor peso recae en aquellos que tienen el mandato de ser electos con el voto, y quienes aspiran a sucederlos y tienen por tanto la autoriíta y el poder de decisión.

“Pasa el tiempo y el segundero avanza decapitando esperanzas…”

pedrorafaelgarciamolina@yahoo.com

 

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