Este martes 3 de diciembre el Parlamento decidió debatir un proyecto de ley para la protección del salario, otro proyecto de ley sobre un Mecanismo de Asistencia técnica y financiera ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico, y un debate sobre la ilegal entrega de armas a civiles.
PanAm Post
Tras conocerse que miembros de partidos de Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular ofrecieron cartas de «buena conducta» desde la Comisión de Contraloría para beneficiar a empresarios ligados con el chavismo y el testaferro de Nicolás Maduro; el presidente interino, Juan Guaidó prometió cesar de sus funciones a varios parlamentarios, intervenir la Comisión de Contraloría de la AN y avanzar en las investigaciones pertinentes desde la plataforma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); sin embargo ninguna de estas acciones están planteadas en la agenda formal del Parlamento.
Uno de los que expuso públicamente el tema fue el diputado José Guerra, quien tuvo que dejar el país debido a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro en su contra. Guerra reveló que con “maletines verdes”, repletos de dólares, se trataba de mellar la mayoría de la oposición en el Parlamento.
Lo mismo hizo la periodista Patricia Poleo quien en su programa Factores de Poder mostró documentos de una subcomisión parlamentaria que absolvía al testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab, sancionado por el Tesoro de Estados Unidos, por la red de corrupción que construyó de la mano con el régimen de Nicolás Maduro a través de los CLAP.
Según los documentos, los parlamentarios cesaban su investigación sobre una de las empresas vinculadas a Saab y sus manejos, lo cual respondería al hecho de que el empresario les pagó una especie de soborno.
A esto se suman las denuncias realizadas por Humberto Calderón Berti, quien fue destituido por Juan Guaidó como embajador de Venezuela en Colombia y quien además inició una investigación sobre algunos manejos dolosos que hubo en relación a dinero destinado a la ayuda humanitaria para militares que desertaron del régimen; así como la presunta presencia de diputados opositores en la estatal Monómeros Colombo Venezolanos S.A. que habrían exigido contratos para beneficiarse.
“Nosotros no hemos salido del régimen por un elemento que es denominador común: la corrupción del régimen, de los militares, de empresarios y de ciertos pseudoopositores”, dijo Calderón Berti.
Mientras el Parlamento discute proyectos de ley que aún no se acercan a lograr el cese de la usurpación en Venezuela, este martes 3 de diciembre en Bogotá los países del TIAR evaluarán la aplicación de medidas contra personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro.
Queda esperar entonces cuándo se cumplirá con la intervención de la Comisión de Contraloría, las investigaciones sobre el caso y sobre todo la discusión en plenaria.
Acciones que debería tomar el Parlamento
El abogado constitucionalista José Vicente Haro señaló a través de su cuenta en la red social Twitter que «no basta con que Guaidó haya anunciado decretar invalidez de cartas y certificaciones que Diputados emitieron desde la Comisión de Contraloría»; el especialista afirmó que es necesario que la Plenaria apruebe el acuerdo revocando dichas cartas.
No basta que @jguaido haya anunciado decretar invalidez de cartas y certificaciones que Diputados emitieron desde la Comisión de Contraloría,eximiendo de responsabilidad a narco-corruptos de la tiranía. Se requiere que Plenaria de @AsambleaVE apruebe acuerdo revocando esas cartas
— JOSE VICENTE HARO (@JOSEVICENTEHARO) 3 de diciembre de 2019
El constitucionalista recordó además que para suspender a los diputados corruptos también se debe presentar la discusión en Plenaria de la Asamblea Nacional y formalizar dicha destitución conforme al artículo 187 de la Constitución.
Por otra parte, debe recordar @jguaido que para “suspender” a Diputados corruptos involucrados en el escándalo de esas cartas y certificaciones, no basta con dar ruedas de prensa: Constitucionalmente deben además presentar y formalizar el punto en Plenaria de la @AsambleaVE
— JOSE VICENTE HARO (@JOSEVICENTEHARO) 3 de diciembre de 2019
«Guerra» de corrupción
José Brito, el mismo diputado señalado de haber intentado «lavarle la cara» al testaferro de Maduro en Colombia, decidió salir a la luz para informar que unos 70 diputados exigieron a Juan Guaidó el estado de los recursos recibidos.
Siguen las contradicciones entre los diputados señalados en el reportaje de @robertodeniz en @ArmandoInfo, de favorecer la trama de Álex Saab:
José Brito dijo que viajaron a Colombia por el caso Monomeros.
Adolfo Superlano dijo que viajaron por el caso Rotondaro. pic.twitter.com/uEedYocNGk
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 3 de diciembre de 2019
Brito, que no mostró pruebas de ninguna de sus acusaciones y que tampoco pudo defenderse ante lo que se le acusa, también tildó a Guaidó de «estafador».
Ahora adentro de la Asamblea Nacional hay una pugna entre diputados donde se van acusando unos a otros sobre casos de corrupción; entre tanto el país sigue enfrentando las penurias causadas por el socialismo y la nación cada día se aleja más del cese de la usurpación.
