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Fernando Mires: Dos universos paralelos; Bolivia y Venezuela

 

1- Los hechos que llevaron a la caída de Evo Morales son conocidos. La pregunta no respondida es, sin embargo, la siguiente: ¿cómo explicar que un gobernante que gozaba del apoyo electoral de la mayoría de la nación hubiera debido huir hacia al exilio como un Somoza cualquiera, más aún después de haber realizado una gestión económica que, de acuerdo a los números, ha sido calificada como exitosa aún por sus peores enemigos?

Hubo por cierto una decisión militar, policial primero, de no apoyar con armas la permanencia de Morales, decisión a la que fue agregada una petición de renuncia hecha por el general en jefe del ejército. Surgió como resultado de tres semanas de resistencia tenaz de parte de la ciudadanía opositora frente al fraude cometido por Morales y el MAS. Una resistencia que partió desde las provincias hasta alcanzar a La Paz.

El reconocimiento del fraude por la OEA solo fue la gota de agua que colmó el vaso. No la causa del levantamiento popular. La petición de renuncia hecha por el ejército fue a su vez un simple corolario. Ni el resultado de la consultoría de la OEA, ni la decisión militar, determinaron la sublevación popular, sino todo lo contrario: fue esta última la que llevó a a actuar a la OEA y a los militares a solicitar la renuncia de Morales. Ese y no otro es el orden de los factores de ese producto histórico llamado “caída de Evo Morales”.

En términos sociales, Morales, por muy descarado que hubiese sido el fraude, mantenía por lo menos un 45% de apoyo popular. Pero en términos jurídicos ya se había alejado de la legalidad. Y en términos políticos había perdido definitivamente su legitimidad. De haberse mantenido en el gobierno después del dictamen de la OEA, habría debido ejercer su presidencia mediante la utilización de la fuerza militar. A lo Maduro.

Probablemente, avistando el futuro nada promisorio que les aguardaba, las fuerzas armadas decidieron negar su apoyo a un presidente devenido inconstitucional. Desconocimiento que ocurrió como consecuencia de una imponente resistencia democrática, popular y constitucional. En ese sentido afirmamos: en Bolivia no hubo golpe militar. Por lo menos no en el exacto sentido del término. Hubo eso sí, intervención militar. La diferencia no es una sutileza: Un golpe militar ocurre cuando el ejército destituye a un gobernante constitucional. Una intervención militar ocurre en cambio cuando el ejército se hace parte de una protesta constitucional en contra de un gobernante anti-constitucional.

Antes de que la consultoría de la OEA emitiera su fallo, la exigencia máxima de Carlos Mesa, candidato opositor con el mayor número de votos, era la repetición de las elecciones. Pero después del fallo de la OEA quedó claro para todo el mundo, incluyendo a los militares, que un presidente anti-constitucional no podía continuar ejerciendo el mando y mucho menos, ser reelegido. Es decir, el ejército debía enfrentar la disyuntiva de, o ponerse al servicio de un presidente anti-constitucional o ser fiel a la Constitución a la que una vez juró obedecer. Desde esa perspectiva la intervención de las Fuerzas Armadas, tanto en la letra como en la forma, fue constitucional. Y no hay golpes de estado constitucionales. Obvio.

Ojo: no estamos hablando de una rebelión militar en contra de un mal gobierno como ha ocurrido continuamente en América Latina. Tampoco de un golpe motivado por razones ideológicas o geopolíticas como los que tuvieron lugar en los años setenta en países como Argentina y Chile. Ni siquiera como consecuencia de una corrupción generalizada, como suele suceder en otras zonas del planeta. La intervención militar boliviana fue hecha simplemente en defensa de la Constitución avasallada por Evo Morales y los suyos. Más todavía: en contra del crimen más grande que puede cometer un gobierno a sus ciudadanos: el robo del voto.

Un presidente que delinque, que corrompe o es corrompido, atenta contra la moral cívica y las leyes. Pero un presidente que roba votos expropia al pueblo de su condición ciudadana. Pues sin el derecho a elegir libremente a nuestros gobernantes, no somos ciudadanos (pueblo políticamente constituido) Somos simplemente masa informe puesta a disposición de las decisiones de quienes detentan el poder.

2- La actitud constitucional del ejército boliviano es según analistas venezolanos la diferencia fundamental con el ejército de su país. Este último se habría puesto al servicio no de la Constitución sino de las decisiones anticonstitucionales del régimen. Esa es la razón, opinan, por la cual el caso venezolano no puede ser comparado con el boliviano. Venezuela, según esa versión, sería un caso excepcional y único. Dicha opinión merece ser relativizada.

Partiendo de una premisa elemental: desde un punto de vista cognitivo es imposible pensar sin comparar. El conocimiento humano es siempre comparativo. Pues comparar no significa igualar. Por eso la igualación de dos hechos recibe el nombre de analogía. Comparar significa en cambio, establecer una lista de similitudes y diferencias entre dos objetos, o hechos o procesos. Visto así, una comparación entre el comportamiento de los militares bolivianos y los venezolanos es perfectamente posible. Y de hecho, pareciera que estamos frente a dos ejércitos muy diferentes. ¿Es cierto eso? No, no es cierto.

Mi tesis: El ejército boliviano no es muy diferente al venezolano. Hay que tener en cuenta que durante 16 años bajo Morales, el ejército boliviano mantuvo una actitud leal al gobierno. No hay que olvidar tampoco que Evo Morales, por convicción y doctrina, pertenece a la misma familia autocrática de Putin, Erdogan, Lukashensko, Chávez-Maduro, Ortega, Díaz-Canel, todos abiertos y radicales enemigos de la democracia liberal. Entre esos gobiernos ha habido intensa comunicación económica, tecnológica, política. Es perfectamente posible suponer entonces que en el plano militar ha ocurrido lo mismo. Vale decir, el ejército boliviano ha sido sometido a las mismas influencias externas que el venezolano. Más todavía: ni siquiera cuando Morales violando el referéndum por el mismo ordenado (y con ello a la Constitución) se supo de alguna reacción de las instituciones armadas en contra de Evo. En fin, nadie puede afirmar que Morales ha gobernado 16 años con un ejército hostil a su gobierno o a su persona. Más bien ha sucedido lo contrario.

¿Dónde reside entonces la diferencia con respecto al caso venezolano? No en la estructura ni en la ideología del ejército sino en el contexto político que se ha dado en la relación ejército – oposición.

Para formular el problema con cierto cuidado: si bien el ejército boliviano no incurrió en rupturas constitucionales, la oposición, aunque no más fuese debido a sus propias inferioridades numéricas, tampoco lo ha hecho.

Los enfrentamientos entre oposición y ejército han sido mínimos en Bolivia. En Venezuela (y Nicaragua) en cambio, han sido continuos, cruentos, luctuosos. Esa es, a nuestro juicio, la diferencia principal. Mientras en Venezuela tanto oposición como ejército han incurrido en rupturas constitucionales, en Bolivia ambas instancias han actuado dentro de un marco constitucional. Afirmación que parecerá inadmisible a muchos enemigos de Maduro quienes creen, o necesitan creer, que el ejército es muy malo y ellos son muy buenos. No obstante, los hechos hablan por sí solos.

De modo suscinto: dentro de la oposición boliviana nunca logró imponerse una postura insureccional (por definición anti-constitucional). En Venezuela, en cambio, la postura insurreccional, incluso golpista, ha alcanzado hegemonía en distintos periodos. La alcanzó el 2002 con el “carmonazo”, el 2005 con el abstencionismo electoral, el 2014 con la “salida” comandada por el trío extremista: Ledezma, López, Machado, cuyo declarado propósito era derrocar a Maduro mediante una insurreción a la cual deberían plegarse los militares. La alcanzó en las “marchas sin retorno” del 2017. En la supuesta abstención activa del 2018 que seguiría a la capitulación electoral del 20-M. Pero sobre todo la alcanzó en el momento en que Leopoldo López, por intermedio de Guaidó, impuso una triada según la cual la lucha electoral estaría subordinada a un supuesto “cese de la usurpación” con una también supuesta participación del ejército, empresa que fracasaría en la debacle del 30-A.

La diferencia entre Bolivia y Venezuela no reside, en consecuencias, entre dos tipos de ejércitos sino entre las dos oposiciones que han debido enfrentar a ambos ejércitos. Afirmación que no es una loa al ejército ni tampoco a la oposición boliviana. Se trata de una simple constatación. En Venezuela, a diferencias de Bolivia, ejército y oposición se han retroalimentado al margen de la constitución y las leyes. O dicho así: en Bolivia, la práctica política, con todos sus elementos dialógicos, llegó a imponerse durante Evo. Para poner un ejemplo: un Carlos Mesa, encargado por el gobierno de Morales para que coordinara los litigios marítimos con Chile, habría sido en Venezuela una imposibilidad absoluta. Hecho que demuestra como entre gobierno y oposición existía una suerte de pacto político no escrito. Y bien, ese pacto fue roto por Evo Morales cuando primero desconoció el plebiscito y cuando, segundo, robó los votos de las elecciones presidenciales. Solo en ese momento, obligada por las circunstancias, la oposición boliviana optó por la vía insurreccional. Pero una insurrección, nótese, nacida en defensa de las elecciones y por eso mismo, de la Constitución.

Nadie podrá acusar a la oposición boliviana haber desconocido las reglas del juego político. Incluso, cuando Morales violó el plebiscito, nadie podría haberla criticado si en lugar de participar hubiese elegido el camino de la abstención. De hecho, no pocos políticos jugaron con la idea de la abstención. ¿No significaba la participación legitimar no solo a Evo sino al mismo robo del plebiscito? Desde un punto de vista puramente moralista, sí. Y no por por último debe haber surgido la pregunta existencial: ¿Valía la pena participar en contra de un gobierno que no solo tenía asegurada la mayoría sino, como lo había ya probado con el plebiscito, dispuesto a desconocer los resultados electorales en caso de que estos no le fuesen favorables? La respuesta fue positiva: si la oposición no hubiese participado en las elecciones no habría habido fraude, sin fraude Morales estaría ahora gobernando, apoyado por su pueblo y por sus militares.

 

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