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Cesáreo Espinal Vásquez: Del  interés Nacional

 

“Los actos jurídicos inexistentes no pueden subsanarse, porque no existen, deben nacer dentro de las normas legales para su eficacia”.

El  concepto de interés nacional a “grosso modo”, es eminentemente político-jurídico, lo cual difiere de las aplicaciones económicas, financieras y de rentabilidad. El interés nacional, es público y general para el bien común, es “supra constitucional”. Cabe precisar que en este siglo 21, la palabra pueblo y por supuesto, el pueblo en general ha sido vilmente ultrajado con el lema “por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo” y lo más grotesco, “yo soy el pueblo”. “mi pueblo”, en una interpretación extensiva de “pueblo”, como el marginado, el indefenso, el pobre de solemnidad, de lástima, pero usufructuado por los gobiernos en el “Estado soy yo”  “El pueblo soy yo” y cuando digo “soy, es lo mismo que decir “somos”. Este concepto de pueblo, debe desaparecer, hoy por hoy, la correcta expresión con sentido optimista, de resiliencia, de hermano a hermano, de respecto y de defensa no solo de los derechos sino del cumplimiento de los deberes, de vida y trabajo, sin neo-liberalismo ni de marxismo, ni democracia o socialismo, sino de la defensa del derecho justo es de GENTE, porque gente somos todos, ricos y pobres, sin exclusiones por raza, sexo o credo y política. En el ejercicio del poder, el Presidente, es el representante legal del Estado, no es el Jefe del Estado, sino Jefe del Gobierno. De tal forma, como Jefe del Gobierno debe estar sometido  al poder soberano de la gente en la aplicación de los derechos y garantías de la Constitución. El interés nacional, de especial trascendencia nacional, es salvaguardar al Estado independientemente de los actos de gobierno “per se”, es decir, un acto de gobierno que implique trascendencia nacional es de interés del Estado y no puede ser un acto discrecional del gobierno que deberá obtener el consentimiento del pueblo (de la gente) mediante los refrendos consultivo, revocatorio, aprobatorio,  derogatorio y  abrogatorio, como

disponen los artículos 71,72,73 y 74 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La crisis que está viviendo el país, no se resuelve con acuerdos y negociaciones, sino cumpliendo con los preceptos constitucionales. Fue convocada elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, pero si bien el Presidente en Consejo de Ministros tuvo la iniciativa de convocatoria, el Consejo Nacional Electoral en cumplimiento estricto de sus atribuciones (numeral 5 del artículo 293 de la Carta Magna), no ha debido convocar a la elecciones sin que se hubiese  efectuado el referendo consultivo por ser de interés y trascendencia nacional, siendo la constituyente sin referendo consultivo, inexistente de pleno derecho, que no puede subsanar el Presidente de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, ni el mismo Consejo Nacional Electoral porque en derecho justo lo correcto es que el Consejo Nacional Electoral reconozca su error en beneficio de la paz pública y convoque el referendo consultivo,  volviéndose al orden constitucional. Lo demás es proselitismo político partidista. Lo imperativo es el interés nacional.

cjev34@gmail.com

 

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