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Luis Fuenmayor Toro: La Asamblea Nacional y el nuevo CNE

 

He seguido con interés el proceso de incorporación a la Asamblea Nacional (AN) de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a quienes se han sumado los de Patria Para Todos y los del Partido Comunista de Venezuela, y su repercusión en el funcionamiento y normalización del Poder Legislativo venezolano. Soy de la opinión de que a través del comportamiento de las distintas fracciones legislativas y de sus liderazgos, se puede evaluar en forma objetiva las intenciones políticas de cada grupo o partido, así como su real interés en resolver la crisis existente, en ir trabajando para acabar con las terribles diferencias que hoy dividen a los venezolanos y en llevar al país a una situación, en la que el pueblo soberano sea quien decida en elecciones libres, equitativas y totalmente transparentes, su futuro.

Ya señalé en artículo anterior, que el éxito de reinstitucionalizar a la AN iba a depender, en parte, de la actitud que asumieran los diputados de los partidos opositores, que se consideran mayoritarios y que hasta ahora han dominado el escenario político, mediante el marginamiento de quienes no los apoyan. En esta actitud sectaria han tenido la complicidad del PSUV y del gobierno, primero de Chávez y luego de Maduro, que se ha beneficiado por 20 años de una polarización consensuada con la que he llamado franquicia opositora. Si AD, PJ, VP y UNT, actúan para impedir el desarrollo libre del debate político dentro de la AN, la eliminación del estado ilegal de desacato en que ha sido colocada y la generación de acuerdos para enfrentar las dificultades del país, habrían actuado en forma totalmente contraria a los intereses de la nación venezolana.

Y esa es la forma en que aparentemente están actuando, sobre todo el propio Presidente del cuerpo colegiado Juan Guaidó, quien no ha cesado de provocar con insultos y descalificaciones a los diputados del sector oficial. ¿Qué busca Guaidó con esta actitud? ¿Qué intenciones tienen quienes actúan impulsando el fracaso de la normalización del funcionamiento de la AN? Claramente, este sector político continúa amarrado a una salida violenta de la crisis actual, la cual son incapaces de gestar internamente por lo que recurren al Departamento de Estado y al gobierno colombiano y de otros países de la región, en demanda de ayuda. No les importa cuánta sangre corra por nuestras calles, cuanta destrucción se produzca, ni el estado de minusvalía en que quedaría Venezuela por décadas o incluso de manera permanente.

Hasta ahora, la fracción del PSUV se ve que ha recibido instrucciones de ser muy paciente y tolerante con este tipo de agresiones, las cuales, si quisieran, podrían yugular en forma muy rápida y contundente, con el uso de la fuerza pública o con las acciones de sus grupos violentos irregulares. De la misma forma como han enfrentado las protestas sociales y políticas de calle, las de los maestros, los trabajadores de la salud, los estudiantes, los obreros de Guayana, los profesores universitarios, los vecinos. Pero no lo han hecho, lo que significa que están interesados en buscarle una salida pacífica e institucional a los enfrentamientos actuales. El gobierno, o por lo menos su liderazgo más esclarecido, sabe que sería demasiado costoso para todos persistir en una línea represiva que sólo alargará la agonía y la hará muchísimo más dolorosa.

Pero estas consideraciones parecen no convencer a quienes desde hace 20 años vienen trabajando para erradicar de Venezuela a quienes no piensen ni actúen como ellos, sin importarles que sus aberraciones han servido para atornillar al socialismo del siglo XXI por más de dos décadas. No persuaden a quienes quieren una Venezuela “limpia” de actitudes y pensamientos distintos a los suyos, deseos similares de quienes dicen son sus enemigos a muerte. Se parecen tanto los extremistas de ambos bandos, que a los efectos de la república, la paz y la democracia son igualmente dañinos. Coronarían su actitud intransigente negándose en la AN a designar el nuevo Consejo Nacional electoral (CNE), el cual sería imprescindible en la ruta de la reinstitucionalización definitiva del país, pues sería el árbitro imparcial, justo y transparente para la elección de todos los poderes constitucionales.

Buscarían que se tuviera que recurrir a la designación del Poder Electoral en el Tribunal Supremo de Justicia, mecanismo señalado por la Constitución ante la omisión legislativa en que incurriría la AN, al no cumplir con su obligación constitucional de designar al CNE. Esta salida, aunque dentro de la Constitución, sería menos aceptada internacionalmente dado el control del gobierno sobre el Poder Judicial. Quienes en la AN se nieguen a la designación de un CNE acordado de consenso por la mayoría calificada de ese organismo, integrado de forma plural para actuar en forma equitativa, justa y transparente, le estarían negando a la nación venezolana la posibilidad real de salir de la crisis política actual de manera pacífica, constitucional, soberana y democrática.

Ante un hecho perverso de esta magnitud, el pueblo debería salir y votar masivamente, para no dejar lugar a dudas de su real voluntad.

 

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