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En defensa de los DD.HH de los adultos mayores

 

Inpres Jubilados y Pensionados. ¡La edad es un valor y una oportunidad!

En defensa de los DD.HH de los adultos mayores

Nuestra FUNDACIÓN hace un llamado y exhorto a la Asamblea Nacional ¨AN¨ para que se discuta y apruebe “La Ley del Sistema de Seguridad Social de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores”. La cual introducimos el 29 de Febrero de 2016. Hay que legislar para defender “Los Derechos Humanos (DD.HH) de los Adultos Mayores”.

Solicitamos al Gobierno Nacional, Gobernaciones y Alcaldías que se Aprueben Leyes, Ordenanzas Y Protocolos De Atención Y Protección De Los Adultos Mayores, en sus jurisdicciones de gobierno Nacional, Estadal y Municipal.

Le pedimos a las personas Filántropos, Empresarios y Solidarias apoyarnos para poner a funcionar Geriátricos, Unidades Médicas Y Proveedurías Inpres para atender a los ADULTOS MAYORES y que reciban atención y cuidados humanizados con servicios de hospedaje, comida, servicios de salud, medicina, etc., que sean diarios y adecuados. Hay que detener el abandono, sufrimiento, necesidades y angustias de nuestros Adultos Mayores

Pronunciamiento

Ya el gobierno de la Ciudad de México, presentó un Protocolo de Atención para Adultos Mayores con el objetivo de garantizar su integridad y proteger sus derechos. Este es un ejemplo digno y valioso que hay que seguir en Venezuela.

Durante la conmemoración en México del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, el jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que para el desarrollo del programa coadyuvaran todas las instancias de la administración capitalina, las cuales velarán para que este sector de la población no sea vulnerado y maltratado.

Dijo que los ejes rectores serán la prevención, detección, atención y seguimiento, para evitar que las personas mayores a los 55 años de edad sean sometidas a violencia física, psicológica y hasta jurídica, situación que se da cuando son despojados de sus bienes por alguno de sus familiares cercanos.

Es un protocolo nada más para los adultos mayores, para las personas que pueden estar sometidas a diferentes formas de violencia o calamidades, si hay un adulto mayor que se queda en abandono, si hay un adulto mayor que está teniendo problemas jurídicos que no lo dejan dormir, que lo tienen preocupado, si hay un adulto mayor con una situación de salud, si hay un adulto mayor con cualquier asunto de prevención este es un protocolo para todo el gobierno, indicó el mandatario capitalino Mexicano.

Los servidores públicos que incumplan con lo establecido en el protocolo podrían hacerse acreedores a sanciones administrativas, establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública de México.

Durante el evento también se entregaron siete mil 660 tarjetas de pensión alimentaria para adultos mayores con la cual mensualmente tienen derecho, por ley, a recibir el dinero para adquirir la Canasta Alimentaria.

Además, esta tarjeta que, durante sus inicios sólo hacia entrega de dinero, ahora ha sumado otros apoyos para sus beneficiarios. Entre ellas funciones de cine gratis, descuentos con cadenas de restaurantes, incorporación inmediata al programa El Médico en tu Casa y la entrega de una placa de Alerta Social para en caso de extravío el adulto mayor pueda ser auxiliado por las autoridades.

El mandatario capitalino también informó de la próxima apertura de la primera clínica para personas con Alzheimer, la cual estará ubicada al Sur de la capital y que también funcionará como casa de reposo en donde las personas con este padecimiento serán atendidas por personal capacitado.

El primer Centro de Atención de Alzheimer que lo vamos a unir a esta tarea de “Fuerza Mayor”; “Fuerza Mayor” con un espacio que ya lo vimos, ya sabemos, van a ver qué lugar ¿eh?, es un lugar de primer nivel, no es cualquier lugar, un lugar digno, perfectamente digno para ustedes en Tlalpan, ahí lo van a tener, ahí va a estar este centro en Tlalpan.  Centro de atención día y noche, cuidado día y noche, pero este debe ser el primero de muchos otros. Con los jefes delegacionales y representantes de las Fundaciones y Organizaciones de Jubilados y Pensionados participando en la dirección, Gerencia, Administración y Operación de los servicios y soluciones para los Adultos Mayores.

Persona Adulta Mayor:

Situación Actual en Venezuela.

El creciente envejecimiento demográfico y el abandono por la gigantesca emigración de jóvenes y adultos menores de 55 años, hoy tenemos a los hospitales públicos y del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales “IVSS” sin médicos, técnicos de salud y personal, y a la gente se le dice que no hay insumos médicos “tampoco” y que no se le puede atender.  Esto es un caos desastroso e inhumano que trae como consecuencia que no se den las oportunidades para acceder a la salud gratuita a los jubilados, pensionados y adultos mayores y ya no tienen protección por HCM y en consecuencia no pueden ir a una CLINICA (Que cobra en Dolares) y muchos mueren en la trágica espera y deambulando de hospital en hospital.   Las personas adultas mayores están entre las más pobres en todas las sociedades y en Venezuela más, su hoy subsisten es un mal vivir, cargado de sufrimientos, angustias y malos tratos, con lo cual se le violan los DD.HH. Este sector se ve a sí mismo excluido socialmente y aislado de los procesos de toma de decisión administrativos, económicos y políticos. Esto afecta no sólo a sus ingresos, bienestar y su riqueza, sino que también contribuye a la pobreza de sus casas, a su mala salud y a su inseguridad personal. Las personas adultas mayores en todo el mundo no son pasivas y continúan contribuyendo a sus familias y comunidades, pero su productividad es pasada por alto. El trabajo con el que contribuyen es severamente subvaluado, aun por ellas mismas. Esta etapa de la vida constituye un periodo semejante al de otros, como puede ser la niñez o la adolescencia. Posee ciertas limitaciones para el ser humano, que con el paso del tiempo, se van agudizando, especialmente los últimos años de la vida, pero tiene, por otra parte, potenciales únicos y distintivos: serenidad de juicio, experiencia, conocimientos, madurez vital, perspectiva de la historia personal y social, que pueden compensar, si se utilizan adecuadamente, las limitaciones de esta etapa de la vida”. Hay que unirse “toda Venezuela” para trabajar por el Bien Común del Adulto Mayor y reclamarle a los Gobernantes que cumplan con soluciones para el adulto Mayor, Jubilados y Pensionados.

Soluciones:

a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados, involucrados o sentenciados.

b. A recibir el apoyo de las instituciones nacionales, estatales, municipales, comunidades, iniciativas gremiales, colegios profesionales, filantrópicos, etc., en el ejercicio y respeto de sus derechos y en emprendimientos e iniciativas para una mejor calidad de vida.

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita (Designar abogados para defensores del Adulto Mayor en cada parroquia) en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. Los Registros, Notarias y Despachos Gubernamentales no deben cobrar por los servicios a los Adultos Mayores.

En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia. Cualquier comprobación de despojo de bienes y perjuicios causados a Adultos Mayores debe ser castigada y las sanciones no prescriben.

Permitir (obligar) que el transporte público, cines y espectáculos no cobre tarifas a los adultos mayores.

De acuerdo con las medidas de protección, se les debe de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, a través de figuras como: 1. Asistencia social; 2. Atención de salud; 3. Integración social; 4. Atención integral; 5. y Calidad en el servicio. 6. Cualquier individuo debe tener garantizado su DDHH y al acceso efectivo a la justicia, pero los instrumentos y las formas se deben potencializar cuando se trata de adultos mayores. 7. Cualquier vecino o ciudadano debe denunciar a las autoridades y organizaciones de adultos mayores a los familiares o personas que dan malos tratos y abusan de un adulto mayor.

Lo anterior es acorde con la protección de las personas adultas mayores que se hace en el ámbito internacional de Derechos Humanos (DD.HH), donde se estima a la persona adulta mayor como parte de un grupo vulnerable, que merece especial protección de los órganos de los Estados, por encontrarse en una situación de debilidad respecto al resto de la población. Así, la Organización de los Estados Americanos (OEA), creó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado Protocolo de San Salvador, en donde en su artículo 17 establece:

“Protección de los Ancianos: Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:

  1. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas.
  2. Ejecutar programas laborales y sociales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos.
  3. Estimular y apoyar la formación y constitución de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.

Importante:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió los principios de cuidados y dignidad a favor de las personas de edad, aprobados en 1991, que lo conducente son:

Cuidados.
Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, seguridad, protección y cuidado.

Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.

Dignidad.

Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica.

Lo anterior, es acorde a lo dispuesto en el artículo 25º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos tenemos el derecho a una buena vida. Madres y niños, gente mayor, personas desempleadas o con limitaciones físicas, todos tienen el derecho de recibir cuidados.

En ese orden de ideas, el sólo hecho de que el juez, autoridad u organización de adultos mayores advierta que una de las partes es una persona adulta mayor, es suficiente para que en automático operen diversos instrumentos y actos procesales para que realmente se les posibilite acceder de forma efectiva al sistema de justicia. En efecto, del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Así, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono.

Situación Jurídica.

La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un ser humano “individuo” es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados por “una Ley, Código, Protocolo, Ordenanza, etc.”. En ese sentido, las personas adultas mayores son por una parte titulares de derechos y obligaciones, pero también entran al ámbito de protección de los DH, derivado a su grado de vulnerabilidad por su posible posición de desventaja en el ejercicio de sus derechos y libertades. Por ello, son consideradas como parte de un grupo de vulnerabilidad, pero también son sujetos titulares de derechos y obligaciones que les den protección y apoyo.

Acceso a la Justicia.

Al ser titulares de derechos y obligaciones, se pueden ver inmersas en un conflicto de naturaleza civil o mercantil, derivado a las relaciones jurídicas que realizan. Por eso, si este grupo de personas no solucionaron el problema a través de un método alterno, debe ser el Estado quien lo haga, por medio del poder judicial, ya sea local o federal, autoridades que deben velar para que la persona adulta mayor esté en aptitud de hacer valer sus derechos tanto sustantivos como procesales. Ante ello, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén el DD.HH que tiene toda persona a la tutela judicial efectiva, que comprende entre diversos aspectos, el acceso efectivo a la justicia, consistente en el derecho de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión que permita alcanzar la protección judicial “en especial para adultos mayores” sobre una determinada actuación.

Cualquier individuo “en especial los adultos mayores” debe tener garantizado su DH al acceso efectivo a la justicia, pero los instrumentos y las formas de acceso se deben potencializar cuando se trata de adultos mayores, por el propio estado de vulnerabilidad reconocido en la ley y en los protocolos antes analizados. Resulta oportuno que en cada área en donde se pueda dar el contacto con ellos, se lleven protocolos de actuación para dar hegemonía a su desenvolvimiento. En consecuencia, si en un procedimiento o proceso judicial se advierte o se sospecha que una de las partes sea una persona mayor, entonces el juez debe actuar con una postura diligente y pro-derechos, para reforzar las garantías y las formas procesales con la intención de darle plena cabida en el ejercicio de sus derechos dentro del juicio. 

En el presente Pronunciamiento se pretende proponer un Protocolo de actuación Social, Judicial y Gubernamental que de protección y apoyo a las   personas adultas mayores, bajo los siguientes lineamientos:

Basta un indicio para estimar la presencia de una persona adulta mayor, salvo prueba en contrario. En ese sentido, siempre se deben aplicar medidas de protección, sólo que, según el grado de vulnerabilidad, será la potencia, mínima o máxima, de los medios de protección que se apliquen en el procedimiento, buscando un equilibrio entre ambas partes.

Para el caso de existir duda sobre el grado de vulnerabilidad, la autoridad puede válidamente:

*Desde el inicio del procedimiento, ordenar una entrevista por el Juez o por conducto del Secretario Actuario, con la persona adulta mayor para indiciariamente observar el estado físico y emocional del adulto mayor.

*Si la entrevista arroja dudas, girar oficios al Organismo Público y Autoridad que le corresponda lo Social, Civil y Jurídica y al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que, de acuerdo a sus  facultades, procedan a realizar un estudio y análisis de la situación que se encuentra la persona adulta mayor.

Intentar que el Litigio sea debidamente planteado:

*Si la demanda o la contestación son deficientes, entonces el juez podrá prevenir:

-Al actor para que subsane las deficiencias observadas, con el apercibimiento de desechar la demanda para el caso de no ser subsanadas.

-Al demandado, de tener por contestada la demanda en los términos en que se encuentra el escrito deficiente, bajo su propio perjuicio.

Pero en ambos casos, se le concederá la posibilidad de que el término para el desahogo de la prevención inicie a partir de que fuese asistido por la Defensoría de Oficio, local o federal. Lo anterior, independientemente de que se encuentre asistido o no de abogado particular al elaborar su demanda o contestación, ya que el abogado ya demostró su falta de cuidado y pericia al elaborar una demanda deficiente y posiblemente se deba a la falta de recursos del adulto mayor. En esas condiciones, para el caso de que la persona adulta mayor requiera apoyo para subsanar las deficiencias de sus escritos donde se fija el Litigio, se girará oficio a la Defensoría de Oficio para que proceda a la asistencia legal, ello siempre y cuando lo acepte el adulto mayor, ya que en caso de manifestar su oposición de asistencia del Estado, entonces el plazo de prevención iniciará en los términos que marque la ley.

Sin que sea dable de oficio, el intentar de subsanar las deficiencias que se observen de los escritos de demanda o contestación, según sea el actor o el demandado la persona adulta mayor, no es posible suplir la deficiencia de la queja o defensa, y si ese es el sentido en tratándose de juicio de amparo, se estima que cobraría mayor aplicación en juicios tradicionales u orales. La tesis en cita es de rubro: “Acceso a la justicia de las personas vulnerables”. Interpretación de las reglas básicas en la materia, adoptadas en la declaración de Brasilia, en la xiv cumbre judicial iberoamericana de marzo de 2008, en relación con el beneficio de la suplencia de la queja deficiente, tratándose de adultos mayores.

* Si la persona adulta mayor es la demandada y no se localiza por el Secretario Actuario al momento del emplazamiento, girar oficio a la Oficina del Registro Civil para que informe si hay o no un acta de defunción registrada a nombre del demandado; ello no porque exista una presunción en el sentido de estimar que la persona adulta mayor necesariamente hubiese fallecido, sino por el hecho de la tendencia tachable de demandar a los ya fallecidos, como medio de adquirir bienes sin defensa alguna.

* Dar mayor celeridad y agilidad en la realización de las diligencias que se ordenen en los procesos:

1-Se deben analizar las disposiciones legales, tanto locales como internacionales, para proporcionar el mayor beneficio que pudiera corresponder al adulto mayor. Tal y como lo indica el siguiente criterio: “Adulto mayor. Al resolverse sobre la revocación de la donación que realizó, debe considerarse su derecho a una vida con calidad y atender al mayor beneficio en su favor”.

2-Con independencia de las reglas de la carga de la prueba, de mayores elementos para clarificar el derecho cuyo reconocimiento pretenda la persona adulta mayor, cuando los que aporte resulten insuficientes, con el objeto de proteger de manera reforzada sus derechos. El juez deberá allegarse de mayores elementos para clarificar el derecho cuyo reconocimiento pretenda la persona adulta mayor, cuando los que aporte resulten insuficientes, con el objeto de proteger de manera reforzada sus derechos.

3-En caso de dictarse sentencia condenatoria, velar para que su ejecución sea lo menos dañina en la salud y derechos de la persona. Ejemplo: si se ordena el lanzamiento a una persona adulta mayor, previo a su ejecución, se recomienda girar oficio y a la Secretaría de gobierno de la Ciudad del Litigio, para que de acuerdo con sus facultades provean a la persona una posibilidad de vivienda de carácter social o incluso un asilo de personas adultas mayores, protegiendo con ello el derecho económico social y cultural, consistente en una vivienda digna.

En esas condiciones, dada la trascendencia de la interacción de las personas dentro de los procedimientos judiciales, es importante que los tribunales de cada Estado, consideren a las personas que formen parte de un grupo vulnerable, creando políticas y protocolos de actuación para su debido desenvolvimiento.

La Integración social del Adulto Mayor. Es el resultado de las acciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública nacional, estatal y municipal, las familias y la sociedad organizada, orientadas a modificar y superar las condiciones que impidan a las personas adultas mayores su desarrollo integral.

Atención integral. Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales de las personas adultas mayores. Para facilitarles una vejez plena y sana se considerarán sus hábitos, capacidades funcionales, usos y costumbres y preferencias.

Calidad del servicio. Conjunto de características que confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales y potenciales.

Seguir las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos. OEA. “protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Protocolo de San Salvador”. San Salvador, 1988. Artículo 17.

Organización de las Naciones Unidas. ONU. “Carta de Principios de las personas Mayores”. Resolución 2/6/91 de la Asamblea General de 1991.

Tesis cuyo rubro es: “Adultos mayores. Al constituir un grupo vulnerable merecen una especial protección por parte de los órganos del estado”.

Toda persona Adulta Mayor tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Tesis cuyo rubro es: “Violencia familiar. En este delito, los adultos mayores, en atención a su edad, son sujetos en condiciones de vulnerabilidad y quien atente contra un Adulto Mayor debe ser castigado”.

Se deben realizar programas de prevención y protección para las personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas;

Denunciar ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación, y en general cualquier acto que perjudique a las personas adultas mayores.

“Derecho Fundamental a una Vivienda Digna y Decorosa.

Por la Junta Directiva Nacional INPRES JUBILADOS Y PENSIONADOS.

Presidente: Juan de Dios Rivas Velásquez                            

Vicepresidente: Pedro Árcala Avilés

Vicepresidente: Juan Francisco Hurtado Ramos

Director General Administración:  Henry Pacheco Fuentes

Director de Servicios Médicos: Rafael Espinosa Ron

Director de Comercialización y Afiliación: Rubén Abreu

Directos de Sistematización: Gabriel Harrington

Director de Arquitectura e Ingeniería: Edgar Lamela Del Nogal (+)

Director de Medios y RRPP: Hipólito Hurtado Balan

Director de Desarrollo: Gamal Sol Gil                        

inpresjubiladosypensionados@gmail.com

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