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Aurelio F. Concheso: Sin tarifas no puede haber servicios públicos

 

El país luce atrapado por sus demonios políticos en una confrontación mutua entre desacato e ilegitimidad que tan solo tangencialmente, o como nota al pie toca el fondo de la catástrofe económica en que se encuentra sumido. Cuando lo económico se menciona, ya al final de una larga lista de agenda, es de una manera superficial y sesgada que poca esperanza da que quienes controlan los resortes del poder vayan actuar para resolver los problemas. Ejemplo de eso es lo que sucede con las tarifas de los servicios públicos.

A estas alturas la mayoría de la población entiende que la formación de precios de los productos y servicios que consume requiere tomar en cuenta el costo de reposición de los mismos. De no ser así, quien los ofrece inevitablemente se va descapitalizando hasta llegar al punto en que desaparece como actividad económica. Pero cuando de servicios públicos se trata, pareciera que esa lógica no aplica.

Nuestro sistema eléctrico ha llegado a niveles de colapso impensable hace pocos años. Todos se quejan, y con razón, y los diagnósticos del motivo van desde el saqueo de los bolichicos de Derwick y funcionarios públicos del ramo, pasando por la fuga de talentos hasta la impericia en el manejo o, de oír al Gobierno, a iguanas y rayos electromagnéticos.

Sin embargo, muy pocos de los que tercian en el debate mencionan el meollo del asunto: que el kilovatio hora se cobra, si es que se cobra, a la ridícula cifra de $0,0000001 cuando su costo de reposición está por los  $ 0,10 el kilovatio-hora (kWh). Algo similar sucede con el agua potable, el gas doméstico directo, los servicios de telecomunicaciones, y la joya de la corona en ese festín de despilfarro, el precio de la gasolina.

Así como el kWh tiene su valor de costo de reposición, la gasolina también lo tiene y está por el orden de $0,50 por litro, mientras su actual precio es el “deme lo que pueda” del dispensador de la misma. ¿Es que alguien en su sano juicio piensa que a ese precio se va a mantener abierta por mucho tiempo una refinería encargada de producir el preciado líquido? La respuesta es obvia y tal vez por eso es que la actividad ha bajado a cero en las reñirías de El Palito y Puerto La Cruz, yendo por el mismo camino la de Paraguaná, en su momento la segunda más grande del mundo.

La reacción inmediata es decir que subir las tarifas mientras estos servicios estén en manos de un Estado depredador y con opacidad total en sus cuentas es un atentado más a los ciudadanos, y tienen razón. Cualquier intento por racionalizar los pliegos tarifarios tiene que necesariamente venir acompañado por una des estatización de la operación de esos servicios, que permita que operadores independientes, dispuestos a invertir en la recuperación del servicio sean quienes los operen y ofrezcan, entre otras cosas, certeza de pago a sus proveedores, y salarios dignos y competitivos regionalmente a sus trabajadores. Estos mismos proveedores necesitan la re apertura del acceso a mercados financieros para canalizar tanto sus inversiones como las líneas de crédito comercial de sus proveedores y subcontratistas.

Ante la acomodaticia crítica de que sincerar tarifas es un golpe insostenible a los más necesitados, existen múltiples fórmulas de subsidios directos que por una etapa de transición los proteja. Por el contrario, lo que hoy existe es un subsidio cruzado doblemente perverso contra ellos: porque favorece a los que más consumen, y porque se está pagando con la hiperinflación de dinero sin respaldo.

Sin tarifas no hay servicios, y sin servicios no hay economía, por lo que relegar este tema al último lugar de la lisita es una forma segura de ir a hacia una paralización del país, la cual se va haciendo cada día más evidente con el indetenible colapso eléctrico, que ya ha hecho presencia en la capital.

 

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