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Cispes: 100 días de la presidencia de Bukele en El Salvador

 

Perspectivas del movimiento social a los cien días de presidencia de Bukele en El Salvador. Líderes del movimiento social en El Salvador hablan de lo que esperan del presidente Nayib Bukele, de qué le piden y cómo piensan transitar entre lo que los separa.

Cispes: Comité en Solidaridad con el pueblo de El Salvador

Cuando NayibBukele tomó posesión como nuevo presidente de El Salvador el 1 de junio [de 2019] la ceremonia, por primera vez abierta al público, fue más simbólica que trascendente, como otros de los primeros pasos del nuevo gobierno. El acto, que se celebró al aire libre en el centro histórico de la ciudad de San Salvador a pocas calles de distancia del bullicio de los vendedores callejeros y del trasiego de los autobuses de la ciudad, encajaba perfectamente en los mensajes populistas de Bukele y se promocionó ampliamente como el primer atisbo de una “nueva era” de gobernanza en El Salvador: inclusiva, accesible y transparente.

Sin embargo, cuando se cumplen los primeros 100 días de la presidencia de Bukele y empieza a tomar forma la esencia de su gobierno, las organizaciones del movimiento popular salvadoreño advierten de que lejos de cualquier “nueva idea” (de donde toma el nombre el partido de Bukele, Nuevas Ideas) el bukelismo supone una vuelta al demasiado familiar programa neoliberal de reconsolidación de la riqueza y conformidad con el imperialismo, aunque con la nueva imagen de la retórica populista “postideológica” de nuestro tiempo.

El primer discurso público de Bukele tras las elecciones se pronunció en el ultraconservador U.S. Heritage Foundation, donde garantizó a la multitud de derecha que el pueblo salvadoreño “quiere lo mismo que el estadounidense”, esto es, “libre empresa y un gobierno limitado”. Tras este discurso vino una amplia invitación a inversores extranjeros a “venir al banquete” de oportunidades que se les ofrece en El Salvador. En su toma de posesión Bukele habló de El Salvador como un “niño enfermo” cuya cura exige una “medicina amarga”, “responsabilidad individual” y “sacrificio”. Este tipo de metáforas neoliberales inquietan al movimiento social ya que deducen de ellas una vuelta a las medidas de austeridad, al paternalismo y a la ideología de los anteriores gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) (1989-2009) que provocaron las crisis económicas y sociales que siguen manteniendo en la pobreza a gran parte de la población salvadoreña.

Los tres escasos meses en el poder han confirmado los temores del movimiento social. A las pocas semanas de asumir el poder el presidente Bukele emprendió una campaña generalizada de despidos que suprimió cientos de empleos en el sector público con el pretexto de “erradicar la corrupción”. Varias agencias gubernamentales han desaparecido completamente, incluidas aquellas que, irónicamente, eran responsables de la inclusión social, la participación ciudadana y la transparencia del gobierno, precisamente aquello que su nueva era del gobierno había prometido proporcionar. Sin embargo, más allá del perjuicio directo y material a los trabajadores y sindicatos del sector público, el movimiento social teme que estos recortes pongan las bases de un proyecto aún más radical de restructuración del Estado, un proyecto a favor del cual el Fondo Monetario Internacional y la Embajada de Estados Unidos llevan años presionando a través de mecanismos como la propuesta Ley de Sevicios Públicos.

Por lo que se refiere a la inmigración y la seguridad Bukele ha dejado claras sus concesiones a Estados Unidos. Cuando Oscar Alberto Martínez Ramírez y su hija de 23 meses perdieron la vida al cruzar el río Grande, en vez de denunciar las políticas migratorias estadounidenses que criminalizan a las personas refugiadas y las someten sistemáticamente a la violencia Bukele culpó a las personas salvadoreñas y consideró que las muertes eran “culpa nuestra”. Ampliando este sentimiento a la política, inició recientemente una nueva fase de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para patrullar en las fronteras de El Salvador y soltar en sus calles un importante aumento de fuerzas “antibandas”. Esta última medida ha provocado una fuerte protesta de dirigentes de derechos humanos, especialmente a la luz de la prohibición generalizada de participación militar en la seguridad interna consagrada en los Acuerdos de Paz de 1992. Sin embargo, es probable que el embajador estadounidese entrante Ron Johnson, proveniente directamente del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dé la bienvenida a este aumento de la presencia policial y militar. En pocas palabras, Bukele parece asumir totalmente la guerra del gobierno Trump contra la ciudadanía de América Central.

Con todo, ninguno de estos hechos ha sorprendido a las organizaciones del movimiento social y popular en El Salvador que mucho antes de las elecciones advirtieron acerca de este lobo con piel de cordero. A los 100 días de que Bukele asumiera el cargo CISPES* recupera una conversación que mantuvimos con varios dirigentes del movimiento social en la víspera de la toma de posesión: Onidia Gómez de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Local (FUNDASPAD) habla de derechos humanos, corrupción e impunidad; la militante y profesora Sara García de la Agrupación ciudadana para la Despenalización del Aborto aborda los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos, y Bernardo Belloso, perteneciente a la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), se ocupa de la defensa del medioambiente.

Ofrecemos a continuación nuestra conversación (traducida del castellano al inglés y ligeramente editada) sobre lo que las personas dirigentes del movimiento popular en El Salvador esperan del nuevo presidente , de qué le piden y cómo piensan transitar entre lo que los separa.

CISPES: Onidia Gómezen su opinión, ¿cuáles son los principales retos para el movimiento social bajo el nuevo gobierno en lo que se refiere a la transparencia y la corrupción gubernamentales, y a cuestiones similares?

Onidia Gómez: Los últimos diez años de gobierno progresista bajo el FMLN nos dieron cambios importantes y significativos, no sólo en los indicadores sociales sino también en l o que se refiere específicamente a la transparencia y la corrupción. Antes de 2009 realmente no teníamos ninguna medida contra la corrupción. Hasta 2010 no vimos una ley que garantizaba el acceso a la información pública [Ley de transparencia y acceso a la información]. Antes de esta ley no teníamos ningún modo de saber cómo se distribuía el presupuesto nacional entre las diferentes agencias, salarios o proyectos gubernamentales o verdaderamente cómo operaba en general el gobierno central.

Con el nuevo Gobierno nos preocupan algunas cuestiones específicas referentes a la transparencia. Una es cómo ha utilizado Bukele las redes sociales para denunciar o promover a ciertos individuos, sin pruebas de ningún tipo. Si hay una acusación se debería hacer a través de la oficina del Fiscal General, no se debería juzgar a las personas en las redes sociales. Eso solo llevará al linchamiento de figuras públicas y eso no es verdaderamente transparencia en el sentido en el que debe llevarla a cabo un gobierno, sino que de hecho elude todos los mecanismos de la transparencia.

CISPES: ¿Puede hablarnos acerca de cómo ve la postura del nuevo presidente respecto a Estados Unidos?

OG: La verdad es que es una de las situaciones más preocupantes a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, después de las elecciones de febrero se invitó al embajador de Estados Unidos en El Salvador a participar en la transición de gobierno. Una cosa es que Estados Unidos acompañe en una transición o trabaje en ella, pero ser considerado parte del equipo de transición es otra cosa. Es algo que nunca habíamos visto. También es muy preocupante el papel que la Embajada de Estados Unidos ha desempeñado respecto a muchas cuestiones nacionales.

En primer lugar está la Ley de servicios públicos, que cuestiona el derecho del sector público a sindicarse a nivel gubernamental. La fuerza principal que está detrás de esta ley es la Embajada de los Estados Unidos. Es muy preocupante porque pone en peligro la capacidad de los sindicatos para luchar por la estabilidad laboral y la negociación colectiva, que son unas batallas ganadas con mucho esfuerzo y que esperamos no se deshagan. Una de las cosas de las que hemos oído hablar mucho a Estados Unidos es de la necesidad de “modernizarnos”. Para ello incluso se ha sugerido que volvamos a la jornada laboral de doce horas para aumentar la productividad.

Otra cuestión en la que vemos una fuerte influencia de Estados Unidos es el llamamiento a votar de una u otra manera, por ejemplo con la Ley de Reconciliación Nacional [Nota del editor: Después de la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que derogaba la Ley de amnistía, la Asamblea Legislativa dominada por la derecha debatió una ley que la sustituyera, tal como estipuló el Tribunal]. Estados Unidos ha estado muy “activo”, por así decirlo, en esta cuestión, ha adoptado una postura muy firme fuerte sobre ella y sobre cómo debería operar la justicia en El Salvador. No creemos que este sea el papel que debe desempeñar una embajada. Es a los y las salvadoreñas a quienes corresponde llegar a acuerdos respecto a esta cuestiones.

Si en algún momento Estados Unidos estuviera interesado en contribuir verdaderamente a esta cuestión de la reconciliación nacional, podría extraditar a Elliot Abrams, que estuvo involucrado en la matanza de El Mozote. Podría reconocer el papel que Estados Unidos desempeñó en la guerra de El Salvador y el papel que desempeñó en la financiación y adiestramiento de un ejército brutal que asesinó a tantas personas pertenecientes a nuestro pueblo. Eso está en el origen de la reconciliación que necesita nuestro país. Pero quizá no le interese contribuir de este modo a la reconciliación.

El papel de la Embajada también es preocupante en lo que respecta a la transparencia, ya que el nuevo gobierno no dice hasta qué punto pretende permitir que el gobierno de Estados Unidos participe en nuestros propios asuntos. Bukele ya ha hecho varias declaraciones a favor de los compromisos internacionales y sabemos que parte de la estrategia geopolítica de la presidencia de Trump ha buscado el apoyo del presidente entrante. De modo que es preocupante. Este tipo de decisiones no se deben tomar a puerta cerrada, sino que se deben presentar a nuestro pueblo.

CISPES: Sara García¿en qué situación está El Salvador en su lucha por los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos?

Sara García: En El Salvador la prohibición de abortar es absoluta, no hay excepciones. El contexto de la actual situación en El Salvador es de una profunda violencia estructural y social contra las mujeres. Varias estadísticas elocuentes lo confirman: en 2018 hubo 353 femicidios en El Salvador y hasta la fecha en 2019 ha habido 131 femicidios. Hay más de 19.120 embarazos de niñas y adolescentes [al año]. La principal causa de muerte materna entre las adolescentes de El Salvador es el suicidio. Todo esto forma parte de la realidad salvadoreña concreta y las cifras claman la injusticia a la que nos enfrentamos. En este entorno es en el que tiene lugar nuestra lucha para descriminalizar y despenalizar el aborto.

CISPES: ¿Qué piensan respecto al futuro bajo el nuevo gobierno?

SG: Bukele ha dicho que apoya descriminalizar el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro. Sin embargo, “la vida y la salud de la madre” implica un contexto mucho más amplio de lo que muchas personas entienden. Si se está a favor de salvar la vida y la salud de la madre, hay que recordar que a menudo estamos hablando de violencia hacia niñas pequeñas y de la violación de estas, lo que claramente amenaza tanto sus vidas como su salud.

También hay otros aspectos de las vidas de las mujeres que justifican el derecho al aborto: son las “cuatro causas” [por las que defendemos que se permita el aborto: cuando esté en peligro la salud de la mujer, en los casos de violación, cuando el feto sea inviable y en niñas menores de edad, especialmente cuando el embarazo es consecuencia de una violación]. Así que la lucha y el problema van más allá de las creencias personales de los candidatos.

El anterior Ministerio de Sanidad adoptó una posición muy clara y firme sobre la cuestión del aborto de modo que lo mínimo que el nuevo gobierno debería hacer es adoptar y fomentar esa misma posición firme. Lucharemos para que no se retroceda en lo que hemos avanzado. Y lucharemos en solidaridad con el movimiento feminista en toda América Latina y el Caribe porque nuestras luchas están relacionadas, es una lucha regional.

Creemos además que es importante no sólo que el presidente asuma las propuestas del movimiento social, sino también que entable un diálogo con nuestro movimiento, porque sin diálogo no habrá democracia. Exigimos libertad de expresión, específicamente en este contexto.

CISPES: Bernardo Belloso, ¿cuáles son algunas de las preocupaciones referentes al medioambiente y los recursos naturales en El Salvador?

Bernardo Belloso: Cuando el año pasado ARENA obtuvo el mayor bloque de escaños en la Asamblea Legislativa inmediatamente quiso reformar el Artículo 105 de la Constitución, que estipula el límite de la cantidad de tierra que puede poseer una persona en El Salvador. Quiere poner la tierra a disposición tanto de las corporaciones transnacionales como de las grandes empresas de El Salvador. Esta es una preocupación fundamental. Igualmente, los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa quieren derogar la prohibición de 2017 de la minería metálica. Es una amenaza muy real porque la derecha tiene una [amplia] mayoría de escaños. Parte de nuestra lucha actual consiste en vincular a la Constitución la prohibición de la minería para impedir que se derogue.

El otro gran problema contra el que luchamos es contra la privatización de los recursos de agua, una lucha que emprendimos ya en 2006, 2007 debido a las políticas del presidente Tony Saca [ARENA]. Ahora que los partidos de derecha tienen una mayoría aún más amplia en la legislatura han vuelto a empezar a tratar de privatizar el agua en El Salvador. Los movimientos sociales siguen defendiendo la Ley general del agua que garantiza el derecho al agua.

Uno de los grandes retos que tenemos ante nosotros referentes al nuevo gobierno es si va a apoyar estos objetivos medioambientales y cómo lo hará. Por el momento las posturas de Bukele tienden a favorecer los intereses económicos por encima de los intereses populares.

CISPES: ¿Cómo ve la relación entre el gobierno Trump y el de Bukele en las cuestiones medioambientales?

BB: La relación entre el gobierno estadounidense y el gobierno entrante de El Salvador se está profundizando y esto afectará a las vidas de nuestra población. La influencia geopolítica que Estados Unidos busca mantener en El Salvador para fortalecer el poder económico y militar en toda América Latina viola nuestr a soberanía y el derecho constitucional a gobernarnos a nosotros mismos. Es indudable que una mayor implicación de Estados Unidos tendrá consecuencias, especialmente entre las clases sociales y económicas más vulnerables de El Salvador. Vemos el impacto de Estados Unidos en otras zonas de América Latina, por ejemplo en Venezuela, donde se cuestiona el derecho del pueblo a elegir sus propios dirigentes y a decidir su propio futuro. Interpretamos esto como la intención por parte de Estados Unidos de construir un nuevo eje de poder en América Latina que sirva a los intereses políticos y a las políticas neoliberales de Estados Unidos. Mientras tanto, hay poblaciones en América Central, particularmente personas indígenas, a las que se está masacrando y les están quitando sus recursos naturales, y Bukele no ha dicho nada al respecto.

El nuevo gobierno mantiene una alianza con el gobierno de Estados Unidos y con industrias privadas multinacionales y transnacionales. Lo que esperamos es que aumente la criminalización, como vemos [en otras partes de América Central] donde gobiernos represivos están criminalizando a comunidades enteras para beneficiar a la industria privada. También está la amenaza de que la ley antiterrorista, que creó ARENA y sigue en vigor, se utilice para aplastar cualquier acción que podamos emprender como movimiento. Es preocupante.

Esto significa que la gente en este país tiene que seguir resistiendo. Es importante seguir luchando por lo que ya se ha ganado y reconocer que hemos logrado nuestras victorias en las calles, nadie nos las ha dado. Así que si vemos que hay una mala gobernanza vamos tener que movilizarnos. Veremos si Bukele trabaja para la mayoría de las personas salvadoreñas, si responde a las necesidades de la mayoría o de la minoría.

El Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES, Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador euna organización de solidaridad perteneciente al movimiento social que desde 1980 apoya la lucha del pueblo salvadoreño por la justicia social y económica.

Fuente: https://nacla.org/news/2019/09/06/100-days-nayib-bukele-el-salvador-social-movement

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

 

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