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Funcionarios de Guaidó evalúan nuevas acciones ante la Corte Penal Internacional

 

La fiscal Fatou Bensouda inició un examen preliminar en 2018, primer paso para llegar hasta un posible juicio, e incluyó dentro de su investigación los hechos ocurridos desde 2014

El procurador especial José Ignacio Hernández y el representante diplomático de Venezuela en Canadá, Orlando Viera-Blanco, evaluaron nuevas acciones a ejercer ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde se sigue un examen preliminar al gobernante Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Ambos funcionarios, designados por el mandatario encargado Juan Guaidó, se reunieron en la Escuela de Gobierno de John F. kennedy de la Universidad de Harvard, para valorar los alcances de la justicia universal, el trabajo ante la CPI, las medidas  sancionatorias del presidente Donald Trump en contra del régimen y el estatus de refugio para venezolanos, además de la ayuda humanitaria.

Desde 2018, la fiscalía de la Corte Penal aceptó las denuncias sobre violaciones de derechos humanos contra la población venezolana y que podría constituir crímenes de lesa humanidad, cometidos por Maduro y sus funcionarios.

La fiscal Fatou Bensouda inició un examen preliminar, primer paso para llegar hasta un posible juicio, e incluyó dentro de su investigación los hechos ocurridos desde 2014, cuando se suscitaron una serie de manifestaciones antigubernamentales que dejaron como saldo al menos una treintena de fallecidos y cientos de heridos por la acción de organismos de seguridad.

Además, seis países apoyaron ante la CPI que se investigue y enjuicie a Maduro por la comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana. Esta solicitud fue ratificada por Perú durante una conferencia de países que apoyan el retorno de la democracia al país en agosto de 2019.

 

 

Sobre la orden ejecutiva firmada por Donald Trup el 5 de agosto, y que impone nuevas sanciones al gobierno venezolano, el procurador especial comentó que no se tratan de un embargo “sino una prohibición de intercambio comercial y financiero contra el régimen de Maduro, que impide pueda disponer de los bienes de la nación, endeudar más a Venezuela y asegurar que no se ejecuten medidas de apropiación en suelo Americano de nuestros assets”.

Por su parte, el embajador Viera-Blanco dijo que estas sanciones son un “duro golpe” de Estados Unidos al régimen de Maduro. “Estamos en presencia de un régimen desahuciado que perdió todo margen de maniobra y que pronto terminará de derrumbarse. La certeza administrativa y jurídica con la que ha actuado Estados Unidos y la determinación de nuestro procurador general,  han blindado nuestros bienes en el exterior, enviando un mensaje demoledor. Quien siga haciendo negocios con Maduro quedará fuera del orden económico internacional”.

 

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