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Luis Fuenmayor Toro: La política represiva del régimen de Maduro

 

El gobierno, o por lo menos quienes lo conducen en sus más altos niveles, debe estar convencido que lo actuado, en el campo de la represión ciudadana y política hasta ahora, desde hace más de seis años, ha sido totalmente acertado y que por este desempeño ha podido mantenerse en el poder a pesar de la enorme crisis existente. Ésta debe ser la concepción mayoritaria de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino López, Cilia Flores y Delcy Rodríguez, pues de lo contrario no se podría explicar la insistencia en mantener las mismas acciones y discursos, sostenidos en esta área durante todo este período.

La represión, la arbitrariedad y la indolencia han sido asumidas como las respuestas fundamentales para el control, tanto de la protesta reivindicativa, popular, ciudadana y espontánea, como de la protesta organizada políticamente. La Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han sido instrumentos claves en la represión habida, caracterizada por el despliegue de acciones violentas graves, totalmente deshumanizadas y sin ninguna justificación, con disparos a quemarropa de perdigones, de bombas lacrimógenas y de armas de fuego prohibidas por la Constitución y las leyes desde hace décadas.

Hemos sido testigos del uso de vehículos automotores para atropellar manifestantes, del ensañamiento con que se agrede a los ciudadanos, a quienes los efectivos policiales y militares golpean con instrumentos contundentes y patadas en forma inclemente, a pesar de estar indefensos y ya totalmente sometidos. Son públicas y notorias las irrupciones de grupos para policiales de delincuentes, llamados eufemísticamente colectivos, que se comportan incluso de peor manera, sembrando el terror en la población y manteniéndola permanentemente amenazada hasta en sus hogares en los sectores populares y de capas medias.

La acción represiva directa se complementa perversamente con las acciones delictivas de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que penetran por las noches las barriadas populares, en gran número de efectivos armados hasta los dientes y encapuchados, para allanar hogares en forma ilegal, robar todo el dinero, prendas, enseres domésticos y ropas, que encuentren a su paso y secuestrar, maltratar y ejecutar extrajudicialmente a jóvenes varones, muchas veces adolescentes, enfrente de sus familiares cercanos, presentando luego falsamente los hechos como la ocurrencia de enfrentamientos armados con delincuentes.

A lo anterior se añaden las acciones represivas violentas de la llamada policía científica (CICPC) y de los cuerpos policiales y militares encargados de la represión política (SEBIN y DIGESIM), cuyas acciones indican un grado siniestro de autonomía, que les lleva a delinquir con total y absoluta impunidad. A realizar allanamientos a diestra y siniestra, a secuestrar a familiares de políticos o de simples ciudadanos buscados, para presionarlos a que se presenten en las sedes policiales; a torturar hasta matar y a desatender órdenes judiciales de liberación de reclusos o de su inmediata presentación en tribunales.

Y sólo hemos detallado la acción represiva de carácter policial directa, que es sólo el inicio de un viacrucis policial-judicial siniestro, en el cual se viola el debido proceso establecido en la Constitución y las leyes, para mantener al detenido en estado de indefensión, alejado de sus familiares, sin abogado, confinado en sitios de reclusión dantescos, sin iluminación ni los servicios sanitarios básicos, sometido a malos tratos, abusos de carácter sexual e incluso a torturas. Se constituye entonces una realidad retorcida de violación de Derechos Humanos, que no podía conducir sino al informe verídico presentado por la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet.

Ante dicho informe, realizado por una persona que fue muy objetiva y centrada en las investigación realizadas; que se entrevistó con los más altos funcionarios del gobierno, para escuchar sus versiones de los hechos, y que también lo hizo con la parte más beligerante y extremista de la oposición, pero que sobre todo se reunió con las víctimas y familiares de las violaciones habidas de los DDHH. No se entiende qué podía esperar el Ejecutivo Nacional del contenido de este informe; sus reclamos, protestas y lloriqueos contra el informe de Bachelet lucen absurdos y novelescos a la luz de lo que ocurre, lo cual no puede ser del desconocimiento de ninguno de ellos.

Sin embargo, y demostrando la ausencia de propósito de enmienda, la respuesta, en vez de ser de agradecimiento por haberles hecho evidente una realidad “desconocida”, fue de desprestigiar a la Alta Comisionada y, en forma inaudita, actuar contrariamente a lo que todos hubieran esperado de un gobierno inteligente. Como la recomendación fue eliminar al FAES, Maduro les hace un reconocimiento como si se tratara de los salvadores de la Patria. Y no contento, permite que las atrocidades sigan y así amenazan al ing. Winston Cabas, profesional muy competente con años denunciando el desastre del sistema eléctrico nacional, y apresan a su hijo con propósitos aviesos.

 

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