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TSJ ordenó enjuiciar al diputado Rafael Guzmán por sucesos del 30 de abril

 

Desde principios del mes de mayo, el régimen de Maduro ha perseguido a los diputados de la Asamblea Nacional, engrosando así la lista de parlamentarios a los cuales se les allanó la inmunidad

TalCual

El Tribunal Supremo de Justicia aprobó un nuevo enjuiciamiento a un diputado opositor por los sucesos del 30 de abril, en el marco de la llamada “Operación Libertad”.

A través de un comunicado, publicado un día después de que se realizara una plenaria extraordinaria, se ordenó el enjuiciamiento del parlamentario Rafael Guzmán (Primero Justicia – Miranda), quien integra la Comisión permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional.

Al diputado Guzmán se le imputan por los presuntos delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada”.

Estos cargos también fueron imputados a otros 14 diputados a mediados de mayo, a quienes el Ministerio Público ha señalado de estar involucrados en los sucesos del 30 de abril, cuando un grupo de militares apoyado por el presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó, desconoció al régimen de Nicolás Maduro.

El primer señalado por estos hechos fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y presentado ante tribunales sin tener derecho a elegir sus defensores.

De este grupo, solo el diputado Zambrano (Acción Democrática – Lara) está detenido y presuntamente en una prisión militar en Fuerte Tiuna, el principal regimiento militar del país. Cuatro parlamentarios se encuentran en sedes diplomáticas de otros países, tres están exiliados, tres formalmente se declararon en resguardo y el resto siguen asistiendo a sus funciones como diputados bajo perfil.

En la sentencia, a cargo de la magistrada Francia Coello, se repite el mismo esquema que en el resto de los casos, pues se alega que al ser “delitos comunes” no corresponde el antejuicio de mérito, previsto en la Constitución para los ciudadanos que posean altos cargos.

Además, se decidió enviar el expediente a la impuesta asamblea constituyente con el objetivo de que “allane” la inmunidad parlamentaria del diputado, en un procedimiento que contraviene las leyes venezolanas según el artículo 200 de la Constitución.

En ese artículo se señala de manera taxativa que solo la Asamblea Nacional puede allanar la inmunidad parlamentaria de uno de sus miembros, previa solicitud del TSJ.

En días pasados, el presidente de la impuesta ANC, Diosdado Cabello, señaló en su programa televisivo que el ente judicial “le informó” que existía una nueva lista con “nuevos nombres de parlamentarios” para ser allanados.

 

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