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TSJ del régimen declara “estado de excepción y emergencia económica” en todo el país por tiempo indefinido

 

Según la sentencia N° 0128, emitida por el magistrado Juan José Mendoza Jover, este decreto cumple con lo requerido por la norma nacional para su aprobación.

Del mismo modo, el TSJ informó que con este decreto se atiende de “prioritaria” los aspectos de seguridad económica en el país.

Por otro lado, la decisión de la Sala Constitucional contempla declarar “nulo, inexistente e ineficaz cualquier acto mediante el cual la Asamblea Nacional (AN) pretenda desaprobar el referido decreto”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del Decreto N° 3.844 de fecha 10 de mayo de 2019, dictado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,y publicado en la Gaceta Oficial N° 6.456 Extraordinario, mediante el cual se decretó el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la República.
Indica la sentencia N° 0128, cuya ponencia correspondió al presidente de dicha Sala, magistrado Juan José Mendoza Jover, que el Decreto sometido a control de constitucionalidad cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tratados internacionales sobre derechos humanos válidamente suscritos y ratificados por la República y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Observó la Sala que el Decreto N° 3.844 mediante el cual se establece el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica del país, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado.
En la misma decisión la Sala Constitucional declaró nulo, inexistente e ineficaz cualquier acto mediante el cual la Asamblea Nacional en desacato pretenda desaprobar el referido decreto objeto de control de la constitucionalidad, y reiteró que las sentencias dictadas por dicha instancia tienen carácter vinculante y efectos para todas las personas.

 

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