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Torino: Guaidó puede pactar con acreedores protección de Citgo

 

Si el pago de $71,5 millones correspondiente a los intereses del bono Pdvsa 2020, que tiene como colateral la mitad de Citgo Petroleum, creó ruido entre la oposición con cierto nivel de cohesión, el desembolso de $913 millones en octubre, por vencimiento de parte del capital, conllevará mayores problemas si el statu quo actual persiste, advierte la firma.

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Para Torino Economics, el próximo pago del bono Pdvsa 2020 luce inviable. No obstante, el gobierno de Juan Guaidó todavía tiene opciones para mantener el control del conjunto refinador y salva la empresa del embargo.

Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma, indica que es posible suscribir un pacto con los acreedores en el que se acuerde no embargar ningún activo de la República mientras se resuelve la crisis política. “Como en toda negociación, se deben combinar inteligentemente las posturas firmes con los incentivos positivos”, sostuvo.

En su informe semanal, la firma sostiene que algunos de los argumentos que se oponen al pago del bono Pdvsa 2020 son “claramente engañosos”, como el planteamiento de complicidad, que promueve la idea de que los legisladores o personeros del gobierno de Nicolás Maduro se benefician personalmente del cumplimiento del pago.

“Casi la totalidad del bono está en manos de inversionistas institucionales de Estados Unidos y Europa. 1.521 millones de dólares (90,3%) de las posiciones se reportan en cuentas de dinero real y listadas en Bloomberg, mientras que 130 millones de dólares (7,7%) está en manos de fondos de cobertura – que no están obligados a revelar públicamente sus posiciones –, lo que deja solo $33 millones, o 2,0% del total, para las posiciones locales”, detalla el reporte.

Pero otros argumentos no son tan fáciles de descartar. “El gobierno interino claramente no tiene la capacidad de satisfacer a todos los acreedores que pudieran reclamar su pago a través de Citgo”, señala la firma mencionando a Crystallex y ConocoPhillips debido a las demandas que han emprendido ante tribunales internacionales por impago.

“Sin embargo, aún si el gobierno interno tuviera la capacidad de pagar todos estos reclamos (para lo cual necesitaría $5,8 millardos para el pago de amortizaciones y $216 millones para el pago de intereses), probablemente esto conllevaría a que otros acreedores vayan tras estos activos”.

Es decir, si persiste el escenario actual, a la administración de Guaidó en algún momento se le acabará el dinero para pagarle a los acreedores y, dado el actual clima político, “quizás se le termine primero la voluntad de hacerlo”, advierte Torino.

Pero si la situación mejora (se logra un cambio de gobierno o se obtiene una orden ejecutiva de protección de activos por parte del gobierno de Estados Unidos) cancelar la obligación le otorga opciones al equipo de Guaidó.

Si la oposición no ha podido producir un cambio de gobierno en seis meses, entonces el argumento de opcionalidad en favor del pago se desvanecerá, al tiempo que el costo de cancelar será mucho más alto”, observa Torino Economics. “Por lo tanto, no esperamos que el gobierno de Guaidó honre el pago de octubre si para entonces permanece fuera del gobierno”.

Pero no todo está perdido. Para Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma, urge el desarrollo de una nueva estrategia que permita mantener la propiedad de Citgo y que no dependa ni del apoyo de Estados Unidos, a través de una orden de protección de activos, ni de la caída rápida del gobierno de Nicolás Maduro.

“En primer lugar, el gobierno interino debe elevar la solicitud de una orden de protección de activos directamente a la Organización de Naciones Unidas en vez de solo ante el gobierno estadounidense”.

Considera que una solicitud de este tipo no solo conseguiría el aval de los cuerpos técnicos de la organización, que suelen inclinarse favorablemente hacia los países deudores, sino además el apoyo de China y Rusia, los cuales, a pesar de no reconocer a Guaidó, tienen intereses económicos para los cuales resulta conveniente que Citgo permanezca en manos venezolanas.

El respaldo que pudiese dar el Consejo de Seguridad de la ONU a una medida como esta podría influir en la decisión de Estados Unidos de emitir una orden de protección, tal como ocurrió con Irak en 2003.

“Al mismo tiempo, el gobierno interino debe tomar una posición más proactiva para negociar con los acreedores desde una postura de defensa de los intereses venezolanos”, añadió.

Recordó que la administración de Guaidó está facultada con el reconocimiento que le otorga Estados Unidos para representar a la nación en cortes estadounidenses. “Eso quiere decir que tiene la autoridad y la capacidad para renegociar los términos de la deuda, creando así compromisos legalmente vinculantes para cualquier gobierno futuro”, explica.

 

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