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Manuel Isidro Molina: El suicidio de Alan García en Perú

 

El suicidio del ex presidente peruano Alan García es el más duro aldabonazo a la conciencia de los pueblos de América Latina y el Caribe, en los últimos tiempos.

Toca a nuestras puertas un pregón que demasiados han preferido no ver ni oír, acallar, tratar de hacer como si no hubiese ocurrido ese dramático acto de un líder socialdemócrata de reconocida oratoria y capacidad intelectual: se lo comió la corrupción, le pudrió los tobillos y el alma, como a tantos políticos gobernantes en ALC, sin que ese fenómeno -el de la corrupción- sea algo nuevo ni novedoso.

América Latina y el Caribe esta llena de sátrapas históricamente, militares y civiles ladronazos y abusadores del poder, en diverso grado y de todos los colores y tendencias.

Pero tampoco es un despeñadero exclusivo de “los políticos”, como pretenden hacer ver algunos cínicos y cómplices, especialmente en contra de dirigentes corrompidos, codiciosos y hedonistas que han terminado traicionando a sus pueblos, de tendencias de izquierda y socialdemócratas, a quienes encasquetan el remoquete de “populistas”.

Hasta el rancio genocida chileno Augusto Pinochet terminó con varios millones de dólares en cuenta secreta de la banca estadounidense, pero como fue un sátrapa sanguinario al servicio de la CIA y el gobierno de EEUU junto con la rancia oligarquía del país austral, no sólo no se le señala de ladrón, torturador y asesino, como en realidad lo fue -y muy sanguinario, el muy psicópata- sino que se le presenta como padre benigno de un supuesto “milagro económico”, de los más concentradores de riqueza y generadores de exclusión social.

Pero mientras se carga contra “los políticos corruptos”, se oculta a los empresarios privados ladrones, estafadores y saqueadores de sus respectivos países, con miles de millones de dólares y euros en EEUU, la Unión Europea, los paraísos fiscales y países-charcas como Panamá, Costa Rica y República Dominicana, adonde han ido a parar gigantescas fortunas robadas a nuestros países o simplemente exportados, descapitalizando gravemente nuestras economías. Esto ha sido una constante, en democracia, en dictadura, con gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, progresistas o “populistas”, categoría de moda en los centros de pensamiento y poder neoliberal y pro-imperialista, para descalificar genéricamente a cualquier gobernante o tendencia política defensora de los derechos sociales.

El caso Odebrech es emblemático: empresarios brasileños ultra ricos lanzaron sus redes podridas a cuantos gobernantes y políticos fueron encontrando en su camino. Perú no fue la excepción, ni Colombia, menos Venezuela donde Luisa Ortega Díaz y Tarek William Saab -respectivamente ex fiscal general y fiscal general en ejercicio- no se han atrevido a mover una hoja para investigar a los dos principales candidatos presidenciales de 2012, Hugo Chávez Frías, fallecido, y Henrique Capriles, líder de Primero Justicia, junto a los principales miembros de sus comandos de campaña, quienes recibieron sendas dádivas millonarias de la contratista de grandes obras públicas: silencio total y cómplice.

Los empresarios corruptos, codiciosos y hedonistas han sido grandes aprovechadores, saqueadores y ladrones exportadores de capitales, no investigados en el exterior. Gigantescas fortunas latinoamericanas y caribeñas han sido saqueadas y exportadas, pero tienen los riñones de acusar a sus socios delincuentes “los políticos” corruptos. Y no es que pretenda yo exculpar a los gobernantes y políticos ladrones, sino que el cuento está insuficiente y mal echado.

En Venezuela, el expolio cometido por la dupla empresarios-políticos ha sido sostenido, casi permanente, intensificado desde 1974 hasta el presente, cuando se salió de madre llegando a niveles asquerosos, desbordado como cloaca reventada. Militares y civiles, con sus respectivos testaferros, se lanzaron a una orgía de estafas a la nación en los niveles nacional, regional y municipal, con idénticas prácticas delictivas por parte de las diversas tendencias ideológicas y políticas, desde los más “populistas” hasta los más neoliberales y chavistas. Y digan que no:

Me refiero a militares, burócratas, políticos y empresarios delincuentes que se dedicaron a saquear a la nación y a traicionar al pueblo venezolano, hoy empobrecido y asfixiado por la irracional confrontación politiquera de dos bandos, en los que se mezclan propietarios de empresas y medios de comunicación, traficantes de influencias y otros testaferros de mafiosos de la corrupción, fenómeno en el que el caso Odebrech es apenas uno más de esta saga Chávez-Maduro: ocurrió un expolio fantasmagórico del cual los peores atracos a la nación fueron cometidos en la era Chávez, sin que esa afirmación, para nada, implique una exoneración de la continuidad del desastre moral y administrativo en la era Maduro.

La muerte de Alan García es un reflejo de esa mezcla podrida de cuentadantes públicos (civiles y militares) con empresarios, pervertidos por la codicia, el hedonismo y la corrupción, que tanto daño le han hecho a nuestros países con la complacencia y la complicidad de los gobiernos de los países receptores de lo saqueado y todo el tinglado mafioso para la legitimación de capitales en EEUU y Europa, como en otros países y regiones donde los ladrones civiles, militares y empresariales viven a sus anchas.

 

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