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ONU pide garantizar un juicio justo al fundador de WikiLeaks

 

Assange estaba refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica desde junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sigue de cerca la situación del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, detenido el jueves 11 en Londres, y espera que todas las partes garanticen su derecho a un juicio justo, destacó la portavoz de ese organismo, Ravina Shamdasani.

“Esperamos que las autoridades implicadas se aseguren de que el caso de Assange es tratado con el proceso debido y de acuerdo a su derecho a un juicio justo, también a la hora de cualquier extradición”, señaló la portavoz en una rueda de prensa.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se ha pronunciado hasta ahora sobre la detención de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, aunque sí lo han hecho varios relatores de Naciones Unidas.

El encargado de la defensa del derecho a la privacidad, Joe Cannataci, señaló el jueves que su detención por parte de las autoridades británicas no cambia sus planes de intentar reunirse con él para analizar una posible vulneración de sus libertades.

Por su parte, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, aseguró también el jueves que la decisión de Ecuador de facilitar el arresto de Assange ponía al fundador de WikiLeaks en riesgo de sufrir serias violaciones de los derechos humanos.

Assange estaba refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica desde junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales.

En 2010, WikiLeaks divulgó más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán, cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak y 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de EEUU.

El gobierno de Estados Unidos lo acusó de “conspiración para infiltrase” en sistemas del Gobierno con el objetivo de acceder a información clasificada, un cargo por el que podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.

 

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