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CIDH: Profundización de la crisis en Venezuela ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho

 

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) ha publicado su informe anual 2018, en el cual se presentan los avances, retos y motivos de preocupación sobre los derechos humanos en la región.

noticierodigital

La CIDH decidió incorporar nuevamente a Venezuela al Capítulo IV por considerar que durante 2018 hubo violaciones graves de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos.

De acuerdo a la CIDH en Venezuela existe un quebrantamiento del principio de separación de poderes,
evidenciada en la falta de independencia judicial y las constantes intromisiones del Ejecutivo, del Tribunal
Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente sobre materia propias de la Asamblea Nacional, cuyo trabajo ha sido seriamente afectado. Asimismo, el Ejecutivo continua ejerciendo poderes extraordinarios bajo la emergencia económica con la prórroga del Estado de Excepción, que no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, tal cual exige la Constitución. Ello ocurre en un contexto estructural de represión y persecución a la disidencia, mediante la militarización de la seguridad pública, en el marco de una crisis económica y social que provoca un serio desabastecimiento y escasez de insumos básicos.

La CIDH recalca que en las elecciones presidenciales del mes de mayo, en las cuales se volvió a consagrar el Presidente Maduro, se verificaron serias injerencias de la Asamblea Nacional Constituyente sobre el Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad en la materia, que ocasionaron reales obstáculos para la participación efectiva de las fuerzas de la oposición, lo que se tradujo en un alto grado de abstención de las fuerzas políticas y que afectó el pluralismo necesario para considerar unas elecciones compatibles con una sociedad democrática.

La Comisión ha observado también que persiste el deterioro en relación a los derechos políticos y a la participación en la vida pública, en estrecha relación con la afectación a la libertad de expresión. Se continúan registrando muertes en contexto de protesta sociales; detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su disenso con el gobierno; represión y restricciones indebidas a la protesta; despidos y amenazas a empleados públicos como castigo por su disenso; campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas, opositores políticos, defensores y defensoras de derechos humanos y ciudadanos en general; el uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de opositores políticos y prensa crítica; así como la obstaculización al ejercicio del derecho de acceso a la información.

Continúa gravemente afectada la independencia de los tribunales por el hecho de que muchos ostentan el cargo en forma provisional, o han sido nombrados sin respetar los procedimientos previstos por las normas del Estado. Otra situación que es especialmente preocupante tiene que ver con el creciente procesamiento de civiles en la jurisdicción penal militar, mediante la utilización de figuras penales como “traición a la patria” y “rebelión”, en contexto de manifestaciones y actos disidentes.

Como consecuencia de la militarización de la seguridad ciudadana, se siguen registrando ejecuciones extrajudiciales, operativos de las fuerzas de seguridad caracterizadas por un uso excesivo de la fuerza, como así también allanamientos sin orden judicial y ataques contra viviendas particulares.

A su vez, la Comisión observa la persistencia de un agravamiento en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante, “DESC”). En efecto, la situación de desabastecimiento y escasez de alimentos, medicamentos, agua y energía ha generado una grave crisis, que ha propiciado los brotes de enfermedades y otras afectaciones a la salud. Frente a este escenario, la respuesta del Estado ha sido deficiente y, en situaciones, con una falta de acceso a la atención médica necesaria, lo cual ha afectado severamente a los niños y niñas, las personas enfermas, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas mayores, entre otros grupos. Ante esta grave situación, en el contexto político de cierre de canales de participación, se registró un incremento de las protestas públicas que fueron, a su vez, reprimidas por los agentes de seguridad a través del uso excesivo de la fuerza.

Por ello la CIDH destaca que como consecuencia de la crisis humanitaria que afecta al país, la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos, los altos índices de violencia e inseguridad, y la persecución en razón de la opinión política, se ha provocado un desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela. Para junio de 2018 se estimaba que 2.3 millones de personas venezolanas han salido de su país.

De esta manera, la CIDH observó que persisten en Venezuela situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de las personas venezolanas y que ha derivado en una grave crisis política, social, y económica; y concluye que la agudización de esta crítica situación ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho.

Para leer el informe completo, ingresa aquí

 

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