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César Malavé: Ultraje sin precedentes

 

La autonomía, administrativa y docente,  universitaria venezolana nació con el civilismo político y la democracia en 1945, con la Revolución de octubre. Este anhelo de las casas de estudios superiores del país se concretó cuando el presidente Rómulo Betancourt colocó el ejecútese, en 1946, al estatuto Orgánico de Universidades. La vieja universidad del país entra al siglo XX rompiendo las cadenas que limitaban su desarrollo. Desaparece la interferencia político-partidista gubernamental en nuestras máximas casas de estudios, característica de la Venezuela de la noche aterradora de Gómez  y sus gamonales. El desarrollo sin barreras se abre a la Alma Máter venezolana.  El pluralismo y el pensamiento ecléctico tienen pleno apogeo en su seno. Independientemente de las cosmovisiones del profesorado o de los estudiantes el gobierno estaba en la obligación de cumplir con el mandato constitucional del respeto a su autodeterminación. El acatamiento a la norma legal es la impronta que caracteriza  a nuestras universidades hasta 1948, cuando el paréntesis de oscuridad de la dictadura (Delgado Chalbaud-  Súarez Flanerich- Pérez Jiménez)   cercenó la autonomía y cerró la mayoría de ellas, pero no llegó a meterse con los sueldos y salarios de su personal. Sabía el gobierno de facto, por lo menos, del respeto al derecho al salario de los trabajadores, aunque muchas de ellas fueron cerradas.

Terminada la época del autoritarismo en 1958 y rescatada la democracia, la universidad venezolana recobra su autonomía y sus derechos constitucionales a plenitud, al ser sancionada la Ley de Universidades que reconoce la autonomía universitaria plena (art. 9) y la inviolabilidad de sus recintos por ningún organismo de seguridad del estado.  Debemos reconocer que en el periodo de absoluta democracia, 1958 – 1999, se cometieron algunos errores que produjo serios episodios en el seno de nuestras universidades,  pero jamás se cercenó el derecho al trabajo y mucho menos el cobro pertinentes de sueldos y salarios. A pesar de que muchos complotados contra la democracia, fundamentalmente en los años 1960- 63, ejercían acciones violentas y armadas desde los grupos subversivos “anidados” en las universidades, no se les suprimió el derecho al cobro de sus honorarios profesionales.

Precisamente,  muchos de esos que se desgarraron las vestiduras defendiendo esta autonomía, ayer,  y que actuaban alevosamente contra los gobiernos democráticos con capuchas o no,  hoy son parte de una élite bárbara, de un gobierno usurpador,  que imprime por primera vez en la historia a la educación superior  venezolana  su peor ultraje. Los fascistas que despluman nuestra soberanía solicitan una certificación de recursos donde los rectores deben ratificar la totalidad del monto correspondiente a la nómina, al tiempo que se comprometen reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Esta aberración se traduce en un vulgar chantaje, porque ahora nadie puede tener una posición política diferente a la de la satrapía.

Un ultraje sin precedentes viven nuestros escolásticos superiores, juntos al personal administrativo y obrero. Una derecho rutinario que debe cumplirse con puntualidad, requerida por la norma constitucional,  para que las instituciones puedan mantenerse en el cumplimento de sus actividades, ha sido convertido en una coerción propia de los totalitarismos. Maduro, y su acólito ladino, le aplica a nuestras universidades una cartilla de presiones ilegítimas, de arbitrariedades dignas del cuadro de honor de las canalladas universales. Se devela así la desesperación de la usurpación frente a su rechazo. Definitivamente estamos frente al prólogo de la lucha de la barbarie contra la civilización y la justicia.

@cesarmalave53

 

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