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¿Qué tan poderoso es el bufete español que contrató el régimen de Maduro?

 

El despacho español Lupicinio International Law está especializado en asesoramiento legal “en asuntos de alta complejidad y especial dificultad”. Su nuevo cliente es el régimen de Nicolás Maduro, que quiere blindar las cuentas ante sanciones y embargos. El bufete afirma que un “despacho profesional” puede “hacer su trabajo de forma independiente”, sin ideologías. También asesora a empresas españolas en Cuba.

María Rodríguez (ALN)

Lupicinio International Law Firm es un despacho español con más de 35 años de experiencia en litigios, transacciones y soluciones jurídicas en el ámbito internacional. Tiene presencia en todos los continentes ya sea con alianzas estratégicas u oficinas propias. El bufete está especializado en asesoramiento legal “en asuntos de alta complejidad y especial dificultad”, tal como destacan en la página web. Es por eso que su último encargo parece venirle al pelo.

Según el diario Expansión, el régimen de Nicolás Maduro contrató a este bufete español para que le asesore ante sanciones y embargos por el cambio político que se fragua en Venezuela. El diario destaca que el bufete asesora al régimen de Maduro en un área en la que está especializado, como es la de embargos y sanciones de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas(ONU). El contrato concluye el 31 de diciembre, fecha en la que se analizará si se renueva la alianza o no.

De esta contratación se desprende que la investigación de los capitales del régimen de Maduro es una apuesta en serio del embajador de Juan Guaidó en EspañaAntonio Ecarri. Y Maduro reacciona contratando un despacho para que blinde las cuentas.

Un bufete multidisciplinario que también asesora a empresas españolas en Cuba. Por eso cuando el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó este país caribeño en noviembre, José María Viñals, director de operaciones internacionales del despacho, celebró la noticia. En declaraciones al diario ALnavío dijo que este viaje suponía “un gesto de diplomacia económica muy importante en un país donde la economía es planificada y socialista y donde todo tiene un lenguaje y un trasfondo de carácter político”.

Entonces, ¿cómo afronta esta contratación el despacho? Fuentes del bufete dijeron a Expansión que un “despacho profesional” puede “hacer su trabajo de forma independiente” y a la vez “defender los intereses del Gobierno venezolano”. En este sentido, insistieron: “Como bufete no nos metemos, somos técnicos”.

Lupicinio International Law Firm ha asesorado hasta este momento a empresas y personas físicas afectados por sanciones y embargos relativos a Irán, Cuba, Ucrania y Rusia

Lupicinio International Law Firm ha asesorado hasta este momento a empresas y personas físicas afectados por sanciones y embargos relativos a Irán, Cuba, Ucrania y Rusia. En el caso de gobiernos, asesoraron al de Zimbabue y al de Corea del Norte. Desde Pionyang querían saber cómo funcionaban las sanciones de la UE, qué legitimidad tenían y si eran ajustadas al Derecho europeo, y qué recursos cabía emprender, explicaron fuentes del despacho a Expansión.

Estas mismas fuentes también dijeron a dicho periódico que se enorgullecen de la práctica de la firma en el tema de sanciones. Además, el despacho ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE los únicos procedimientos en castellano hasta la fecha. Y ha asesorado, por ejemplo, a un banco ruso sancionado por la UE ante el Tribunal de Justicia europeo.

Respecto a América Latina, en la web del despacho destacan que han asesorado en numerosas transacciones y conflictos comerciales y financieros. Y que han trabajado “con éxito” en empresas u operaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.

Desde Lupicinio International Law destacaron a Expansión que han desarrollado un nicho en el que se mezclan el Derecho Internacional Público, el europeo, el Tribunal de Justicia de la UE, etc. “Un área de negocio pionera, una práctica reconocida desde el punto de vista técnico”, concluyeron. Lo que no está claro es si al régimen de Maduro le servirá esta experiencia para ganar las batallas judiciales que le esperan.

 

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