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Aurelio F. Concheso: Legislación laboral en la transición

 

El colapso económico ocasionado por pésimas políticas económicas y sociales ha hecho añicos el tejido de legislación laboral y de seguridad social que, con sus aciertos y errores, se fue desarrollando durante el siglo XX. La culminación de esos esfuerzos, las reformas laborales y de seguridad social de 1997/98, fueron modificados sustancialmente al inicio de la era chavista. Pero, inclusive, las modificaciones que durante esos años se hicieron, ya, para efectos prácticos, no existen. Todas ya han sido devoradas por el huracán hiperinflacionario y el desprecio de los gobernantes por el Imperio de la Ley.

La legislación laboral aprobada por el propio chavismo en la Ley Orgánica del Trabajo de 2012, haciendo caso omiso a las prácticas legislativas, se ha vuelto letra muerta en la mayor parte de sus disposiciones, especialmente en lo referente a trabajadores del propio Estado. Ellos han sido despedidos sin contemplaciones y por consideraciones meramente políticas. Inclusive, sus escalas salariales y los derechos adquiridos que esas implican han sido totalmente irrespetadas.

Por otra parte, conceptos como prestaciones sociales, que se supone serían un vehículo de ahorro a mediano plazo, así como otras remuneraciones diferidas propias de economías con precios estables, pierden todo su sentido, cuando las tasas de ahorro son 18% anual y la inflación mensual excede el 100%. Como colofón, los tribunales laborales que habían de ser los árbitros en la aplicación de la Ley, han sido desplazados en esta competencia por inspectorías de trabajo politizadas, cuyo norte es siempre darle la razón al empleador público y nunca al privado.

Para que los empleos de calidad reaparezcan durante una etapa transicional, se va a requerir de una legislación laboral transitoria con “normas de ocaso”, es decir, con vencimiento a plazo fijo de sus disposiciones en un plazo de 24 a 36 meses, cuando habrá de ser remplazada por una nueva legislación laboral moderna que sea cónsona con las realidades de la nueva economía, y la legislación de países vecinos con los cuales competimos.

Esta nueva Ley del Trabajo tiene, necesariamente, que ser consensuada a través de amplias consultas a las organizaciones empresariales, profesionales y de los propios trabajadores, con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo-OIT, tal y como sucedió en 1936 con la primera Ley de esta naturaleza.

Mientras tanto, la Ley laboral de transición, entre otras cosas, debe permitir maximizar el porcentaje del ingreso que vaya al bolsillo del trabajador en tiempo presente, dejando las reservas a largo plazo como las prestaciones, y otros beneficios no salariales para ser incorporados a la nueva ley, en el momento cuando la inflación haya sido dominada y sea de un digito.

Se ha demostrado hasta la saciedad que en tiempos de inflaciones virulentas, los ingresos diferidos pierden su valor antes que el trabajador vea un centavo de ellos. El instrumento transicional también debe permitir el máximo de relaciones laborales flexibles, acordadas de manera mutua por empleadores y trabajadores bien de manera individual o por contratos colectivos en cada empresa.

Entre estas se encuentran: el empleo temporal; las jornadas parciales inferiores a 40 horas semanales; los contratos en monedas distintas al bolívar; el empleo a distancia; la flexibilidad de horarios; y lo que se conoce como “paquetes anuales”, que incluyan en una sola cifra global todos los benéficos para ejecutivos y técnicos especializados. Una gran flexibilidad es importante en esa etapa para facilitar la transición de empleados públicos súper numerarios al sector privado.

Finalmente, la fijación de un salario mínimo adecuado será una de las tareas más importantes. Ese salario está hoy en menos de $ 6,00 mensuales, cantidad que no llega ni al 10% del nivel mínimo de ingreso para pobreza crítica que contemplan las normas internacionales.

Se presume que la política monetaria de la transición será una que corte la hiperinflación de raíz. En ese entorno, si el salario mínimo se ubica muy por encima del equilibrio inicial, provocará desempleo, y si se ubica muy por debajo, creará una gran inestabilidad social. Su determinación, en consecuencia, será el primer gran ejercicio de concertación social que deberá emprender el Gobierno de Transición.

 

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