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Del choque entre poderes hasta la posible confrontación armada: cronología de la crisis

 

La raíz del conflicto se puede ubicar en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional (AN), realizadas el seis de diciembre de 2015. Para entonces, diferentes analistas políticos preveían que se iniciaría un choque entre poderes

José Luis Carrillo/TalCual

En los actuales momentos, cuando las posibilidades de un escenario de confrontación armada en Venezuela se han incrementado y mientras EEUU asegura que la opción militar contra Venezuela “está sobre la mesa” y desde el chavismo se contesta que cinco millones de milicianos están dispuestos a combatir, se hace imperioso recordar el desarrollo de los hechos que partieron de una aguda polarización política al ambiente pre bélico que impregnan el país.

La raíz del conflicto se puede ubicar en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional (AN), realizadas el 6 de diciembre de 2015. Para entonces, diferentes analistas políticos preveían que se iniciaría un choque entre poderes, debido a que la mayoría de las encuestas vaticinaban que la oposición, que asistió a la justa comicial con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtendría una cómoda victoria, lo que le permitiría manejar el Poder Legislativo frente al Ejecutivo, detentado por Nicolás Maduro.

Lo que no vaticinaron los sondeos fue la magnitud del triunfo que alcanzaría la MUD en la contienda, donde lograron 109 escaños, que sumados a tres de la representación indígena que estaban de su lado acumuló 112, que fueron proclamados por el CNE y significaban la mayoría calificada del Parlamento, con lo cual podían designar integrantes del Poder Ciudanano (Fiscal, Defensor y Contralor General de la República), así como jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Aunque Nicolás Maduro reconoció de palabra la victoria de la oposición en la noche de aquel 6 de diciembre, en la práctica no fue así. El PSUV, partido que preside, introdujo una demanda contra las elecciones del estado Amazonas, alegando presunta compra de votos en la entidad por parte de funcionarios de la gobernación de la entidad, detentada entonces por sectores ligados a la MUD, y a raíz de ello, el TSJ ordenó la suspensión de los efectos de la proclamación de cuatro diputados electos en Amazonas, tres de ellos de la oposición, con lo que la bancada se redujo a 109 diputados y perdió así la mayoría calificada.

Ello, a pesar de que el artículo 200 de la Constitución establece que los parlamentarios gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde el momento de su proclamación.

Los exprés

El siguiente paso del chavismo ante la pérdida del poder político fue proceder a nombrar 13 magistrados del TSJ para suplir vacantes que se produjeron en esos días, entre ellas solicitudes adelantadas de varias jubilaciones por parte de algunos magistrados.

El 22 y 23 de diciembre de 2015, la AN saliente (había sido elegida en 2010), aún con mayoría del chavismo y a cinco días de que se instalara una nueva versión con abultada mayoría opositora, designó los nuevos magistrados, contraviniendo las disposiciones según las cuales, una vez presentada la lista de postulados, el comité respectivo cuenta con un lapso de 26 días para recibir impugnaciones, que pueden ser estudiadas hasta por 11 días. Los lapsos no se cumplieron pues los nombres se presentaron el 8 de diciembre.

Otra irregularidad del proceso fue que entre los nuevos magistrados figuraban  personas que eran fichas clave del PSUV, algo que contravenía la requerida neutralidad por parte de los mayores jueces del país, entre ellos Christian Zerpa, quien era entonces diputado del PSUV, es decir, que pudo votar por sí mismo, y Calixto Ortega, quien pertenecía al Parlamento Latinoamericano y venía de ser diputado del PSUV por varios períodos

Con este panorama, el 5 de enero de 2016 comenzó el nuevo período legislativo. La  AN incorporó a los tres diputados de Amazonas afines a la oposición alegando la inmunidad de los mismos. La respuesta fue que la Sala Constitucional del TSJ, solicitó su desincorporación, primer episodio del choque entre poderes, y la AN obedeció esperando una respuesta del máximo tribunal, como la sentencia definitiva sobre el caso y la posibilidad del llamado a nuevas elecciones en esa entidad.

Pero eso no se produjo y, mientras tanto, la Sala Constitucional del TSJ declaró la inconstitucionalidad de todas las leyes que iba aprobando el Parlamento, que eventualmente volvió a incorporar a los diputados de Amazonas, con lo que el TSJ la declaró en desacato.

Desde entonces, se radicalizó el enfrentamiento político mientras el gobierno cerró las puertas a cualquier posibilidad  de dirimir el conflicto por la vía electoral. En octubre de 2016 y a pesar de que la oposición logró las firmas requeridas (uno por ciento del padrón electoral) para promover  un referendo revocatorio del presidente de la República, tribunales regionales procedieron a prohibir el proceso de recolección de firmas para la convocatoria (20% del electorado)

El conflicto se agudizó cuando  Nicolás Maduro convocó la elección de una Asamblea Nacional Constituyente a pesar de que el artículo 347 de la Constitución establece que es el pueblo de Venezuela como depositario del poder constituyente originario, el que puede convocar una ANC y el artículo 348 le confiere al Ejecutivo, así como a la AN con mayoría calificada y a un porcentaje del electorado, solamente la iniciativa.

Para la elección de los integrantes de la ANC la MUD no participó,  luego de señalar que la convocatoria por parte del Ejecutivo era inconstitucional. Al estar dominada por el chavismo, la ANC procedió a cambiar al Fiscal General de la República, inhabilitar partidos de la oposición y adelantar elecciones con lo que el juego político venezolano definitivamente se trancó.

 

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