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Más control e improductividad: el legado de la bota militar en empresas del Estado

 

Desde que Chávez asumió el poder, la FAN ha gozado de un papel protagónico en sectores como petrolero, alimentación y servicios públicos. Pero los magros resultados en Pdvsa, Corpoelec y Agropatria revelan el fracaso de su gestión

Con el triunfo de un teniente coronel en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, la presencia de militares fuera de los cuarteles apenas empezaba.

Desde que el fallecido presidente Hugo Chávez asumió el poder en febrero de 1999, la Fuerza Armada Nacional (FAN) ha gozado de un papel protagónico en la vida política y económica de Venezuela, principalmente en sectores de gran importancia como petrolero, alimentación y servicios públicos; una tendencia que se acentuó en 2013 con la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia.

De las 576 empresas contabilizadas como estatales, 76 tienen a un castrense como líder, de acuerdo con la más reciente investigación de la ONG Transparencia Venezuela, presentada a finales de 2018. De esas 576 compañías, al menos 441 fueron creadas o adquiridas por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones durante las gestiones de Chávez y de Maduro.

“Las empresas que los militares dirigen tienen una productividad muy baja, arrojan los peores desempeños históricos o están cerradas, quebradas. Ninguno de los sectores en los que están los militares funciona como debería funcionar en un país normal. El ministro de Energía y presidente de Corpoelec no nos garantiza la calidad que necesitamos y nos merecemos, así como tampoco le garantiza al parque industrial la energía que requiere para funcionar. Tenemos también una dramática situación en el sector de la alimentación”, expresó Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la ONG.

La abogada Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, afirmó que en 2017 hubo mayor presencia de militares en el gabinete ministerial: “controlaban” un 45%. “Esta presencia ha bajado notablemente a 25% porque en los ministerios ya no hay dinero”, dijo

Afirmó que el fracaso de las gestiones tanto productiva como empresarial por parte de la Fuerza Armada se evidencia en aquellas empresas donde ha habido grandes manejos de importación como en el sector eléctrico, que ahora está en crisis, y en el crecimiento de la llamada industria militar, con una veintena de empresas creadas cuya producción no satisface la demanda interna de la FAN. “Las empresas manejadas por militares no pueden exhibir públicamente una auditoría, logros ni una ejecución financiera sana”, dijo.

Entre las estatales lideradas por el cuerpo castrense resalta Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la principal empresa del país, generadora de más de 90% de las divisas que ingresan a la nación. Considerada por especialistas como “la caja chica del gobierno”, razón por la cual la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el 28 de enero sanciones a la petrolera por ser durante mucho tiempo “un vehículo para la corrupción”. El comunicado de la agencia estadounidense asegura que “se han diseñado diversos esquemas para malversar miles de millones de dólares de Pdvsa para el beneficio personal de los corruptos funcionarios y empresarios venezolanos”.

En noviembre de 2017, Nelson Martínez y Eulogio del Pino desocuparon los asientos como presidente de la petrolera y ministro de Petróleo, respectivamente, para que el mayor general Manuel Quevedo se ubicara en ambos puestos, entregándole el cargo de ministro de Vivienda y Hábitat al general de división Ildemaro Villarroel Arismendi. Así lo ordenó Maduro a fin de ir “a una reestructuración total” de Pdvsa. “Tendrás la tarea de aumentar la producción en 1 millón de barriles más”, le ordenó el gobernante al segundo militar encargado de la petrolera desde el general de brigada Guaicaipuro Lameda, nombrado presidente de Pdvsa por Chávez en octubre del año 2000.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo por Twitter: “Desde la FAN (Fuerza Armada Nacional) apoyamos al presidente Nicolás Maduro en la cruzada por la recuperación, producción, reestructuración, reorganización y lucha contra la corrupción de nuestra querida Pdvsa”.

Pero ni suplicándole al cielo por la recuperación productiva de la industria en una misa realizada en julio del año pasado, el funcionario logró frenar el desplome de la producción de crudo sino que por el contrario se agudizó. Según fuentes secundarias citadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el bombeo descendió de 1,621 millones de barriles diarios en diciembre de 2017 a 1,148 millones de barriles por día en diciembre de 2018. Y según datos de la firma Ecoanalítica, de enero a octubre del año pasado las exportaciones petroleras de Pdvsa a Estados Unidos fueron de 498,4 miles de barriles diarios, promedio, lo que representó una caída de 20% respecto al mismo período de 2017.

“En ninguna parte del mundo la producción de la empresa más importante de un país cae de la manera en la que Pdvsa está cayendo desde hace años, y no pasa nada, el gobierno no detiene el desplome. Sigue e insiste con las mismas políticas fracasadas”, afirmó de Freitas.

“La presencia de militares en las empresas propiedad del Estado no ha traído ninguna mejora, por el contrario, ha significado mayor opacidad, más ineficiencia, peores resultados y más control por parte de un cada vez más pequeño grupo”, dijo

Generales cerealeros

La directora de Transparencia Venezuela señaló que un sector de gran importancia que está prácticamente dominado por la Fuerza Armada es el de la alimentación.

De hecho, desde la creación en septiembre de 2004 del Ministerio de la Alimentación solamente uno de ocho ministros no es militar: Erika Farías, alcalde del municipio Libertador de Caracas. Los demás, Rafael Oropeza, Félix Osorio, Carlos Osorio, Hebert García, Yván José Bello, Rodolfo Marco Torres y Luis Medina, sí calzaban botas militares.

De Freitas sostiene que desde un principio el Estado consideró estratégico la alimentación, pero desde una perspectiva de defensa de ese sector y en función “de la preservación del control social y político de los sectores que más requieren alimentos”. De acuerdo con la ONG, “una de las más dramáticas realidades se manifiesta en la trilogía que existe en la Gran Misión Abastecimiento Soberano”, pues un grupo de militares “se beneficia de administrar la importación, producción y distribución de alimentos”.

La presencia de los castrenses en la alimentación se acentuó desde la creación en julio de 2016 de la GMAS, presidida por Padrino López. Con el Comando para el Abastecimiento Soberano, creado en septiembre de ese mismo año, a la FAN se le concedió el dominio sobre la distribución de alimentos y otros productos. Un general o alto oficial fue designado al frente de cada uno de los 18 rubros, entre ellos azúcar y arroz, alimentos cuya producción acumula 12 años de caída sostenida, una de las causas principales de los altos índices de escasez y desabastecimiento en Venezuela. Según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, 41,66% de los 60 productos que contiene la canasta alimentaria familiar escasearon durante el mes de enero.

Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, ha denunciado que “la actitud monopólica del Estado” en la distribución de agroquímicos, semillas y fertilizantes ha atentado contra la producción, y quienes pagan las consecuencias son los 30 millones de habitantes que no consiguen los alimentos. El año pasado, el sector apenas cubrió 20% del consumo nacional de alimentos.

Agropatria –anteriormente Agroisleña hasta que fue expropiada, en octubre de 2010, por Chávez, y la principal distribuidora de agroinsumos– fue dirigida entre 2016 y 2018 por el vicealmirante José Gregorio Aguilera, quien también presidió Agrofanb. Productores denunciaban que el funcionario reforzaba la agropecuaria de la Fuerza Armada al privilegiar la entrega de insumos agrícolas a la empresa militar y limitando a agricultores privados.

En agosto del año pasado, el general Claudio Rivera Briceño fue nombrado presidente de Agropatria por el teniente coronel y ministro de la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, quien también fue Vicepresidente Sectorial de Economía, ministro de Turismo y ministro de Producción y Comercio.

Transparencia Venezuela sostiene “que las autoridades deben investigar la dimensión del control del gobierno y los militares sobre sectores claves como el de la alimentación, entre otras irregularidades, por la coacción y discriminación que ejercen los uniformados sobre los productores agropecuarios tradicionales a través de Agropatria y Agrofanb”.

Además, desde 2017 el gobierno de Maduro obliga a productores agropecuarios a venderle a precio regulado 30% de la cosecha de los cereales (maíz, arroz y sorgo) como una condición para distribuirles insumos.

Las iguanas de Motta

Transparencia Venezuela señala que en la gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha sido una constante la “práctica de designar a una misma persona como regulador y operador, que revela una preocupante falta de control y fiscalización”. Un ejemplo es, además de Quevedo, el actual ministro de Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, el mayor general Luis Motta Domínguez, en 2012 presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Los sabotajes, las iguanas, los ratones y los zamuros que el funcionario señala reiterativamente como culpables de las miles y miles de fallas eléctricas registradas en el país no eclipsan años de corrupción y de falta de mantenimiento y de inversión que condujeron al sistema eléctrico nacional a un nivel crítico de deterioro, que incluso ha cobrado vidas, según fuentes del sector eléctrico.

El sábado 12 de enero dos pacientes que estaban en emergencia en el Hospital Clínico Universitario murieron tras varias horas sin el servicio, denunciaron dirigentes sindicales. Trabajadores del centro de salud aseguraron que las plantas eléctricas llevan más de tres meses dañadas.

De acuerdo con el Comité de Afectados por Apagones, en 2018 se reportaron 46.566 fallas eléctricas, que son 28.345 más que en 2017, cuando contabilizaron, entre fallas totales, parciales, bajones y apagones, un total de 18.221.

“Que los militares asuman irresponsablemente cargos para los que no están preparados es en buena medida causa del nivel de crisis tan profundo que tenemos en el país. Venezuela cuenta con gente experta en todos los sectores pero que han sido despreciados porque tienen opiniones propias, porque son tan sólidos en sus conocimientos que pueden emitir opiniones distintas a las de un jefe”, expresó de Freitas.

Añadió que la crítica situación en la que se encuentran las empresas propiedad del Estado, como Pdvsa y Corpoelec, demanda que se designen a personas profesionales y preparadas en el área. A los mejores. “Si alguien está en una crisis porque tiene un problema de corazón gravísimo, no va a poner a una enfermera a que lo opere. No, busca a quien más sepa de cirugía del corazón. Pues nosotros tenemos el corazón destruido, necesitamos a los mejores médicos”.

 

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